El petróleo calienta el conflicto entre Nicaragua y Costa Rica

A menos de 100 días de acabar la presidencia de Laura Chinchilla en Costa Rica, su Gobierno está decidido a dejar planteados todos sus reclamos al vecino Daniel Ortega ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya. Las autoridades en San José anunciaron que enviarán a este tribunal internacional en semanas próximas una nueva demanda contra Nicaragua por ofrecer a empresas petroleras internacionales explorar yacimientos submarinos en áreas que, según las instituciones costarricenses, son parte de su jurisdicción.

Con unas fronteras marítimas que imposibilitan saber dónde realmente acaba y dónde empieza el mar nicaragüense y el costarricense, ambos países centroamericanos tienen una razón más para el desencuentro, adicional al juicio internacional por una supuesta invasión nicaragüense en una isla tica (2010), territorio que Managua señala como propio. Este caso se fundió con una demanda que también presentó Nicaragua por supuestos daños ambientales provocados por sus vecinos del sur al construir un polémico camino paralelo a la frontera, con supuestos fines defensivos en caso de un eventual ofensiva del “enemigo”, como llamó Chinchilla en el 2011 al gobierno de Ortega.

La disputa ha sido constante durante los últimos tres años, abundantes en reivindicaciones soberanistas en ambas capitales, pero de fondo estaba ya el control sobre aguas que esconden decenas de bloques petroleros en el Caribe y en aguas del océano Pacífico. Lo denunció en una nota de protesta la Cancillería costarricense en julio del 2013 al criticar el documento llamado “Petroleum Promotional Folder of Nicaragua”, producido por el Ministerio de Energía y Minas de Nicaragua. “Es claramente visible que una importante cantidad de esos bloques o áreas ofertadas por Nicaragua se encuentran en espacios marítimos de la República de Costa Rica”, decía la nota diplomática en referencia a 18 puntos en el Pacífico y 55 en el Caribe.

La acusación fue rechazada por Nicaragua. Tampoco lograron ponerse de acuerdo para volver a negociar los límites marítimos y Costa Rica vio necesario concretar la demanda internacional, con el alegato de que solo el derecho internacional tiene como recurso para frenar “las ansias expansionistas” de Managua, con el apoyo de Rusia, como ha dicho el canciller tico, Enrique Castillo.

Managua ha rechazado tales acusaciones y, tras el anuncio costarricense de una nueva demanda ante la Corte en Holanda, culpó al gobierno de Chinchilla que querer obstruir cualquier posibilidad de diálogo bilateral con el futuro gobierno en San José, cuyo gobernante deberá salir electo de una segunda ronda electoral el 6 de abril. Las opciones son el oficialista Johnny Araya y el opositor Luis Guillermo Solís (Partido Acción Ciudadana), un experto en relaciones internacionales que promete priorizar una relación cordial con su vecino del norte, uno de los factores que agrietan el diálogo político en el istmo centroamericano.

Costa Rica insiste en que la defensa del territorio marino donde estarían los bloques petroleros obedece a defensa de la soberanía, pues no está en sus planes promover la exploración petrolera, por considerar que contradice la imagen ambientalista tradicional de este país centroamericano, a pesar de intentos de aliados costarricenses por buscar aquí el “oro negro”, como lo planteó China en el 2007.

Con unos 300.000 nicaragüenses viviendo en Costa Rica para enviar remesas a su país y un intenso comercio bilateral que evitado la ruptura total de la relación diplomática, los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua han aprovechado también su conflicto para intentar mejorar los respectivos índices de popularidad con sus poblaciones, en las qua calan fácil los mensajes contra el vecino.

El Gobierno de Chinchilla, más afín a su vecino del sur, Panamá, ha evitado expresar apoyo alguno al plan de Nicaragua de construir un canal interoceánico en alianza con el empresario chino Wang Jing. En principio se opuso porque la ruta preliminar provocaba afectaciones ambientales en la frontera costarricense, pero después se modificaron los mapas y San José optó por el “respeto a la soberanía de Nicaragua”, aunque en fuera de los micrófonos, el escepticismo abunda.