¿Qué puede hacer Obama sin el Congreso?

Durante un encuentro con donantes en San Francisco en noviembre del año pasado, el presidente Barack Obama respondió a un espontáneo que había interrumpido su discurso pidiéndole que empleara su poder ejecutivo para avanzar en su agenda frente a los obstáculos del Capitolio, asegurándole que eso significaría anular el poder del Congreso. Dos meses más tarde, sin embargo, durante su discurso sobre el estado de la Unión, Obama fue muy claro al asegurar que no dudaría en apelar a las órdenes ejecutivas para romper con la inercia obstruccionista de las Cámaras.

Desde George Washington, todos los presidentes de EE UU han hecho uso de la facultad que les brinda la Constitución para poder establecer medidas y legislación sin necesidad de la autorización del Congreso. La Proclamación de Emancipación de Abraham Lincoln, el fin de la segregación en el Ejército de Harry Truman, la discriminación positiva o los Cuerpos de Paz de John F. Kennedy, se adoptaron a través de órdenes ejecutivas. Obama es el mandatario que en menos ocasiones ha recurrido a esta herramienta legislativa en comparación son sus más inmediatos predecesores -168 veces, frente a las 291 de George W. Bush las 364 de Bill Clinton-, pero, en su último mandato, parece dispuesto a emplear ese poder para impulsar una agenda política y social que no desea que se estanque por polarización en el Congreso.

Muchos analistas coinciden en que en esta segunda legislatura el Obama realista ha reemplazado al Obama idealista para poder manejar el inmovilismo que parece haberse asentado en el Capitolio. El Partido Republicano no ha recibido bien la amenaza del presidente de gobernar de manera unilateral en todo aquello que pueda. “Vamos a permanecer atentos, porque tenemos una Constitución que todos hemos jurado, incluido el presidente, y esa Constitución es la base de nuestro sistema y no podemos ponerlo en peligro”, advirtió el líder de los conservadores, John Boehner. El veterano senador, John McCain, también aseguró, tras el discurso, que su formación no dudaría en acudir a los tribunales si creen que con sus órdenes ejecutivas, Obama ha excedido los límites constitucionales.

El empleo del las órdenes ejecutivas por parte del presidente está limitado. La Constitución únicamente le autoriza a emplearlas para coordinar la actividad de su Gabinete, establecer comités e imponer determinadas políticas en el seno de las agencias federales. El Congreso puede dejarlas sin efecto aprobando leyes que las deroguen -si bien, la Casa Blanca tiene la facultad de vetar esas normas- y el Tribunal Supremo puede declararlas inconstitucionales -varias de las decisiones más importantes en materia de conflictos entre el poder ejecutivo y el legislativo del alto tribunal estadounidense están relacionadas con este tipo de órdenes-. Su recorrido tampoco es tan amplio ya que los presidentes que le suceden tienen también la potestad de abolirlas, como el propio Obama hizo con algunas de las que firmó George W. Bush al poco de tomar posesión de su cargo.

En la primera reunión de su Gabinete de este año, el presidente tendió su mano para colaborar con el Congreso pero no dudó en advertir que él disponía de “un bolígrafo y un teléfono” y que no dudaría en servirse de ellos para actuar al margen del Capitolio. Con todo, de las medidas anunciadas en su discurso sobre el estado de la Unión, Obama únicamente podrá servirse de su boli y su teléfono para sacar adelante un número relativamente reducido. En concreto, el programa de pensiones para trabajadores con bajos ingresos; el incremento del salario mínimo para los trabajadores que sean contratados por empresas que trabajen para el Gobierno federal; la protección medioambiental de territorio federal para impedir su explotación energética y la promoción de acuerdos con los gigantes tecnológicos para dotar de banda ancha a 15.000 centros de bachillerato.

La ampliación del crédito sobre el impuesto sobre la renta para los trabajadores sin hijos; la subida del salario mínimo hasta los 10,10 dólares la hora para todos los trabajadores; la extensión del subsidio por desempleo a los parados de larga duración; la imposición de un nuevo impuesto para financiar la producción de vehículos limpios, la renovación de la tasa para producir combustibles avanzados a partir de material vegetal o el lanzamiento de nuevos incentivos para que los camiones empleen carburantes alternativos, necesitarán, de manera insoslayable, la aprobación del Congreso.

En el pasado, el presidente ya ha echado mano de su poder unilateral. En el verano de 2012, aseguró la suspensión de las deportaciones por dos años de los dreamers [jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron de niños a EE UU]. El año pasado, tras ver frustrada su iniciativa de incrementar el control sobre las armas en el Senado, Obama aprobó varias órdenes ejecutivas para reforzar el sistema de control de antecedentes del Gobierno y promover investigaciones sobre la violencia armadas, además de imponer otros requerimientos éticos a los contratistas federales. El mandatario también aprobó a través de esta herramienta normas medioambientales para preparar a las ciudades ante el cambio climático.

Las órdenes ejecutivas no suelen marcar el legado de los presidentes, en ocasiones porque muchas de ellas ni siquiera llegan a ejecutarse durante su propio mandato. El propio Clinton reconoció que una de las cosas que más le había frustrado de su paso por la Casa Blanca fue “no poder estar seguro al 100%” de que todas las que él firmó “se llevaron a la práctica”.