Las autodefensas afirman que “no buscarán conflictos con el Ejército”

Las autodefensas mexicanas que operan en por lo menos una quinta parte del Estado de Michoacán tomaron este viernes la localidad de La Huerta, en el municipio de Apatzingán, considerado bastión de los Caballeros Templarios y núcleo económico de la región de Tierra Caliente. A última hora del día, uno de los líderes de las guardias comunitarias, Hipólito Mora, fue trasladado a la capital del país debido a problemas cardíacos, informaron las autodefensas en redes sociales. 

Horas antes, los civiles habían anunciado que no buscarán conflictos con el Ejército y que no se pronunciarán en contra de las Fuerzas Armadas después del incidente ocurrido en Antúnez, una pequeña población de la zona de Tierra Caliente, al suroeste de México. La noche del lunes, los militares intentaron desarmar a las guardias comunitarias. En los enfrentamientos murieron al menos dos personas.

Uno de los portavoces de las milicias, Estanislao Beltrán, reconoció en una entrevista concedida a La Jornada Michoacán, que lo ocurrido en Antúnez "fue un error". Las autodefensas mantienen un diálogo constante en estos días con representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Beltrán afirmó también que las autodefensas permanecen en los 20 municipios del Estado bajo su control. Esto a pesar de que el Gobierno federal anunció este jueves que había asumido la seguridad en la región.

En Nueva Italia, zona de paso obligada a la ciudad de Apatzingán, bastión del cártel de los Caballeros Templarios, los ciudadanos todavía no se han retirado. “Tampoco de Parácuaro”, explica Arturo Barragán, miembro de las guardias comunitarias, vía telefónica. “Nos mantenemos en las zonas más peligrosas”. El lunes pasado, en un giro a su estrategia, el Gobierno de la República procedió a desarmar a los vecinos. El operativo provocó varios tiroteos y al menos dos civiles resultaron muertos.

Por su parte, el gobernador del Estado, Fausto Vallejo, anunció también este viernes cambios en su gabinete de seguridad con el objetivo de "fortalecer la coordinación entre autoridades estatales y la Federación" de cara a la pacificación de la zona. En concreto, designóo a José Martín Godoy como nuevo procurador (fiscal) estatal y a Carlos Hugo Castellanos como responsable de la Secretaría de Seguridad Pública.

En un comunicado emitido en la noche del jueves, la Secretaría de Gobernación informaba de que las tareas de vigilancia por parte de las fuerzas federales en los municipios del sur del Estado se realizaban de manera ininterrumpida y sin incidentes. Además, Gobernación informó de que el Ejército mexicano ha concluido las tareas de revisión del armamento en los municipios de Taretan, Coalcomán, Churumuco, Turicato, Tumbiscatío, Arteaga, Aguililla, Tepalcatepec y Huetamo. “Estas revisiones se dieron sin ninguna confrontación con las corporaciones municipales”, asegura el comunicado.

La deriva de los acontecimientos en Michoacán estas últimas semanas ha llevado a una fuerte intervención del Ejecutivo de Peña Nieto. Además del despliegue militar y policial sobre el terreno, el pasado miércoles Gobernación nombró a Alfredo Castillo comisionado especial para la seguridad en Michoacán. Castillo ha asumido el cargo esta tarde en Morelia. Un hombre cercano al presidente y que hasta la fecha dirigía la Procuraduría del Consumidor, tendrá como misión contribuir a la pacificación en el Estado, importante centro de producción de droga y uno de los más peligrosos del país —990 homicidios en 2013— debido a la presencia del crimen organizado. Su labor, entre otras, será la de interlocutor entre autodefensas, autoridades locales y federales.

Desde el pasado 24 de febrero los ciudadanos de varios municipios del Estado decidieron levantarse en armas contra la extorsión y los abusos del cártel de los Caballeros Templarios. Las Policías comunitarias han denunciado reiteradamente que el Gobierno de Michoacán y las autoridades locales está coludidas con el crimen organizado, por lo que durante meses han ido avanzando en el control de las poblaciones con el objetivo de expulsar al narcotráfico de los pueblos de la región. Hasta la fecha, el Gobierno federal había expresado su rechazo a la actuación de las autodefensas, pidiéndoles que entregaran las armas, pero no habían ido más allá.

La toma de Parácuaro, el 4 de enero, supuso un punto de inflexión. Es mismo día, el portavoz del movimiento de guardias comunitarias, José Manuel Mireles, sufrió un accidente de avión que casi le cuesta la vida. El Gobierno Federal lo llevó a la Ciudad de México, donde recibió tratamiento en una clínica privada y bajo un amplio dispositivo de seguridad. Diez días después reaparecía en el noticiario de máxima audiencia para aceptar el abandono de la lucha armada. El mensaje, “manipulado”, según las autodefensas, fue desmentido por el propio Mireles en un video difundido en YouTube horas más tarde y donde condicionaba el desarme a la caída de los principales líderes de los Templarios. Con la llegada del Comisionado especial y la presencia de las autoridades federales en Michoacán, las negociaciones continúan. Según las guardias comunitarias, son varios miembros del Consejo General de Autodefensas los que hacen de interlocutores con las autoridades.