La violencia empaña el logro de Peña Nieto de reducir los homicidios

El miércoles por la noche Enrique Peña Nieto emitió su mensaje de año nuevo. En cadena nacional, durante dos minutos y medio, el gobernante felicitó a los mexicanos y planteó los retos para 2014. En ninguna de las 349 palabras utilizadas por el mandatario aparecieron los términos violencia, criminales o paz. A pesar del grave deterioro de la insurrección en Michoacán —que ya es calificada como una guerra local entre narcotraficantes y autodefensas—, la crisis por el aumento de los secuestros y la extorsión, y las dudas sobre la estrategia anticrimen del Gobierno, el presidente Peña Nieto confirma en los hechos su intención de no permitir que el tema de la inseguridad marque su mandato, ni siquiera en el discurso.

Cumplidos 13 meses de mandato, en el horizonte mexicano de la inseguridad ha habido una leve mejoría pero siguen las incertidumbres y el dolor de las víctimas. El presidente destacó el 20 de diciembre durante la 35º reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, integrado por su gabinete, los 32 gobernadores y otros actores sociales, que ha habido avances. Subrayó que los homicidios intencionados anuales, índice que luego de triplicarse entre 2007 y 2011 se convirtió en el referente de la violencia, se redujeron un 15% entre diciembre de 2012, fecha de su llegada al poder, y noviembre de 2013. Agregó que los robos, en todas sus modalidades, han bajado en un 5%. Sin embargo, en esa misma fecha el mandatario se vio obligado a reconocer que México padece el aumento de los secuestros. “Aún hay temas sensibles que no podemos soslayar y menos atender de manera inmediata y con eficacia, me refiero al secuestro, que ha tenido, lamentablemente, una tendencia contraria”, dijo al instruir al secretario de Gobernación (ministro de Interior) para que en breve presente una estrategia nacional antisecuestro.

Peña Nieto ha insistido en que el tema de la violencia es un asunto de regiones más que un asunto nacional. El viernes, en la reunión anual de los embajadores y cónsules de México en el mundo dijo que “el Gobierno está redoblando esfuerzos en aquellas regiones donde aún existen condiciones de inseguridad”. Las cifras oficiales registran en efecto una sensible disminución de los homicidios en Nuevo León, Chihuahua, y la zona de la Laguna (que incluye la ciudad de Torreón). Pero eso ha traído aparejada una escalada en la extorsión y los secuestros, que afectan más a una decena de Estados, destacando entre ellos Morelos, Guerrero, Tabasco, Michoacán, Tamaulipas y el propio Estado de México.

Para analistas y expertos, sin embargo, las cifras no son ni definitivas y, menos aún hay garantía de que la bajada de la violencia continúe de manera irreversible. El 3 de enero, Eduardo Guerrero, director de la consultora Lantia, publicó en el diario Reforma su prospectiva para 2014, en la que destacó que según sus cifras “el primer año de gobierno se logró una discreta reducción de 12% en el número de ejecuciones. Sin embargo, esta disminución desaparece al descontar Ciudad Juárez y la zona metropolitana de Monterrey (en donde ya se observaba desde 2012 una tendencia estable a la baja); en el conjunto del resto del país, la violencia del crimen organizado se mantuvo en los mismos niveles”. Por su parte, el director de políticas de seguridad del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), Alejandro Hope, pidió esperar a que en julio se publiquen cifras oficiales para conocer la dimensión real de la bajada en las muertes violentas, que según su cálculo sería aún menor, de alrededor de 10%, para situarse en unas 24.000, menos que los 26.000 de 2012 pero muy arriba de los 8.867 registrados en 2007, cuando el anterior presidente comenzó la lucha antinarco.

A lo largo de su primer año, el Gobierno ha presumido de que su estrategia se compone de una coordinación entre el Ejecutivo y los gobernadores, a quienes dividieron en cinco grupos correspondientes a igual número de regiones y con quienes se reúnen los secretarios (ministros) de Defensa, Marina, Gobernación, el Procurador General de la República (fiscal) y el comisionado de seguridad nacional. En esas reuniones se comparte información y se toman decisiones operativas. Pero en paralelo a ese esfuerzo, otras promesas de campaña de Peña Nieto han quedado incumplidas. Ofreció la creación de una gendarmería nacional que se ha atascado en la indefinición. Sin embargo, lo más grave es la descomposición de Michoacán, donde a pesar de varias intervenciones del Gobierno, hoy hay una guerra abierta en la region de la Tierra Caliente entre grupos de autodefensa surgidos en febrero y el Cartel de Los Templarios. En esta misma semana, las autodefensas han seguido su avance hacia Apatzingán, ciudad clave de esa zona y del trasiego de droga, incursión que es resistida por violentas manifestaciones.

En su primer tramo, Peña Nieto ha perdido el apoyo del escritor y activista Javier Sicilia —cuyo hijo fue asesinado—, que pasó de reconocerle el hecho de publicar una ley para la atención a las víctimas que alegando vicios jurídicos Felipe Calderón había congelado, a recriminar al presidente priísta por no haber “hecho nada en la práctica”. Tampoco hay noticias del avance del Gobierno en la localización de 26.000 desaparecidos en el sexenio anterior.

Peña Nieto ha presumido de que hay menos denuncias de violaciones de derechos humanos y que de los 122 objetivos relevantes de la delincuencia organizada, identificados al inicio del mandato, se ha logrado que 71 ya no sean una amenaza. Entre ellos destaca Miguel Ángel Treviño, conocido con el Z40, principal líder del cartel de Los Zetas, quien fue detenido en julio, lo que supuso un duro golpe a ese grupo delictivo.