Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

La capital del principal Estado petrolero de Sudán del Sur cae en manos rebeldes

Malakal, capital del Alto Nilo, cayó anoche en medio de intensos combates

La producción nacional de crudo ha bajado desde 250.000 a 200.000 barriles diarios

Un soldado sursudanés en Bor, al norte de Juba. Ampliar foto
Un soldado sursudanés en Bor, al norte de Juba. REUTERS

Malakal, capital de la principal región petrolera de Sudán del Sur, el Alto Nilo, ha caído en manos de los rebeldes, según han anunciado los insurgentes. La localidad fue tomada anoche en medio de intensos combates de los que la población civil trata de escapar, de acuerdo con un responsable militar rebelde, que ha asegurado que sus fuerzas pronto dominarán los yacimientos de crudo.

La agencia independiente de Sudán del Sur, SSNA, ha confirmado la información y ha señalado  que el gobernador de Alto Nilo, Simon Kun Puoch, huyó después de haberse refugiado en instalaciones de la ONU. El ministro sursudanés del Petróleo, Stephen Dau, aseguró este miércoles que la producción nacional de crudo ha bajado desde 250.000 a 200.000 barriles diarios, procedentes en su totalidad de la región de Alto Nilo.

El país africano sufre desde el pasado 15 de diciembre los combates entre el Ejército y una facción de militares sublevados, leales al exvicepresidente Riak Mashar, acusado de un fallido golpe de Estado aquel día. Los combates persisten en el estado oriental de Jonglei, limítrofe con Kenia, donde el martes las tropas gubernamentales retomaron el control de la capital estatal, Bor.

Los combates se han cobrado ya las vidas de miles de personas y más de 80.000 se han visto obligadas a abandonar sus hogares huyendo de los enfrentamientos, según Naciones Unidas.

Más de la mitad de los desplazados han buscado refugio en las instalaciones de la misión de la ONU en Sudán del Sur, UNMISS, y solo en la capital, Juba, hay más de 20.000 refugiados en esas bases. El organismo internacional reveló ayer la existencia en Bentiu de una fosa común, que podría contener hasta 75 cadáveres, y de otras dos en la capital.

Este miércoles, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad el envío de 5.500 cascos azules a UNMISS, aumentando sus efectivos hasta los 12.500 efectivos. Mientras tanto, los acontecimientos en Sudán del Sur, que logró la independencia de Sudán en julio de 2011, son motivo de preocupación en su vecino del norte.

El presidente sursudanés, Salva Kir, declaró que el Ejército continuará sus operaciones para expulsar a los insurgentes de las zonas que controlan. También se comprometió a proteger a los ciudadanos del país y se mostró "profundamente preocupado" por el curso de los acontecimientos, al tiempo que pidió a las fuerzas del orden que se abstengan de cometer abusos contra la población. "Personas inocentes han sido asesinadas en una lucha de poder político que ha sido utilizada por algunos en aras de sus propias ambiciones tribales", destacó Kir.

El mandatario se pronunció así después de que la representante de la ONU en Sudán del Sur, Hilde Johnson, rechazase recientemente calificar lo ocurrido como un conflicto étnico e insistiese en la existencia de una lucha por el poder. Kir —que pertenece a la tribu Dinka— volvió a ofrecer negociar "sin condiciones" a Mashar, su principal rival político, que fue apartado del poder en julio de este año y es miembro del clan Lou Nuer.

El exvicepresidente, no obstante, ha condicionado el diálogo a la liberación de 11 políticos y militares detenidos y su traslado a Adis Abeba (Etiopía), donde podrían llevarse a cabo las negociaciones.

Además de intereses comunes en el sector petrolero, existe un número creciente de sursudaneses que se dirigen a Sudán para buscar refugio. El gobernador del estado de Nilo Blanco (fronterizo con Sudán del Sur), Yusef al Shanbali, ha prometido acoger a estos desplazados.

Varios grupos de Derechos Humanos han reclamado el fin de los combates y el inicio del diálogo entre ambas partes, para lo que han solicitado al mandatario sursudanés que libere a todas las personas detenidas por expresar opiniones políticas contrarias al Gobierno y que comience un proceso de reconciliación nacional con los rebeldes.