La detención de un barco panameño deteriora la relación con Ecuador

Las relaciones diplomáticas entre Panamá y Ecuador, que sufrieron un deterioro en octubre pasado por la decisión panameña de otorgar asilo político al exdiputado opositor ecuatoriano Galo Tito Lara Yépez, acusado de un triple homicidio en su país, registraron un nuevo retroceso este lunes. Panamá llamó a consultas a su embajador en Quito, José Noriel Acosta, para “expresar su malestar por la reiterada negativa” ecuatoriana de devolver el barco panameño Doria, retenido en aguas internacionales por la Marina de Guerra de Ecuador en octubre anterior con un cargamento de 799 kilogramos de cocaína en su interior.

“El gobierno de Ecuador ha pretendido vincular el caso de la embarcación Doria con sus pedidos de extradición” de Lara, afirmó la cancillería panameña en una declaración, al acusar al gobierno ecuatoriano de dilatar la entrega del buque y de sus cinco tripulantes y de estar “contraviniendo los convenios internacionales suscritos por ambos países”.

“Ecuador no ha presentado un asidero jurídico para sustentar tal extradición y Panamá ha reiterado su tradicional política de asilo para ciudadanos que no cuentan con el pleno derecho ante la ley en sus países de origen”, recalcó.

El canciller de Panamá, Fernando Núñez, expresó la queja panameña por la demora de la devolución del buque por parte de Ecuador y explicó que aunque el ministro ecuatoriano del Interior, José Serrano, se comprometió a la inmediata liberación de la nave, su carga y sus tripulantes, “esa acción no se ha concretado”. El retraso es una “demostración por parte del gobierno de Ecuador de su clara intención de dilatar el proceso”, subrayó.

La nave Doria fue detenida el 13 de octubre pasado a 126 millas náuticas de las costas de Ecuador, “en aguas internacionales fuera de su jurisdicción, en abierta violación de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que regula este tipo de procedimientos y de la cual ambos países son signatarios”, insistió Panamá.

Por las regulaciones internacionales, Panamá “tiene, en forma exclusiva, la jurisdicción” sobre la embarcación, así como sobre el capitán, oficiales y tripulación, recordó. De acuerdo con la Convención, añadió, “las autoridades ecuatorianas debieron notificar al Gobierno de Panamá antes de ejecutar la operación (de captura) y, una vez realizada, entregar la embarcación a jurisdicción panameña para deslindar las responsabilidades que establece la ley”.

“La jueza ecuatoriana Gina Zambrano, de la Unidad Judicial de lo Penal que lleva el caso, reconoció la jurisdicción de Panamá sobre la embarcación, conforme a la documentación aportada por las autoridades panameñas, y manifestó su intención de que el proceso se acortara lo máximo posible”, adujo.

El llamado a consultas del embajador ha coincidido con el distanciamiento diplomático registrado entre ambas naciones por el caso del exdiputado Lara, opositor al presidente de Ecuador, Rafael Correa. Lara, condenado el dos septiembre anterior a 10 años de prisión como presunto cómplice de un triple asesinato ocurrido en agosto de 2011, pidió asilo político en Panamá el 16 de ese mes, al día siguiente de ingresar a suelo panameño, vía aérea y procedente de Colombia, y horas antes de que Quito anunciara que iniciaría los trámites de extradición.

El gobierno panameño aprobó el 22 de octubre la solicitud de Lara, de 45 años, integrante del opositor Partido Sociedad Patriótica y legislador de noviembre de 2007 a mayo de 2013, y recordó que el excongresista expuso “preocupación por su integridad personal y el peligro que correría su vida de retornar a su país de origen”,

El exlegislador ha dicho que es víctima de persecución política en Ecuador, porque fue el asambleísta opositor que más denuncias presentó contra el gobierno de Correa. Lara quedó detenido 24 horas al entrar a Panamá, pero se le liberó porque no había ninguna orden de captura ni de extradición en su contra.