Deudas impagables y falta de empleo esperan a los guatemaltecos deportados

Débora Junech es una mujer de la etnia kakchiquel que regresó a Guatemala después de que su marido fuera deportado por las autoridades migratorias de Estados Unidos. Lo expulsaron tras una redada llevada a cabo el 12 de mayo de 2008 en una planta empacadora de carne en Postville (Iowa). Su viaje de vuelta implicó atravesar caminando el desierto de Baja California, de casi 100.000 kilómetros cuadrados. Todo ello cuando solo tenía 16 años.

Era solo el comienzo de un drama que se ha hecho casi inmanejable, dada la voracidad de las mafias de coyotes (traficantes de personas) y agiotistas que los hicieron víctimas de sus engaños. Eran presas fáciles. En Guatemala, sus ingresos mensuales – trabajando de sol a sol - eran inferiores a lo que ganaban en el norte en una semana.

Cuenta Débora que, tras la deportación, su esposo intentó marchar de nuevo. “Sacamos un préstamo para costear el viaje. Lamentablemente, lo volvieron a agarrar. Dos veces más hizo el intento, sin éxito”. En medio de la angustia acumulada, una banda de traficantes llegó hasta su aldea - San Andrés Itzapa (Chimaltenango) - para ofrecerles la tramitación de una visa de trabajo, esta vez en Canadá. “Solo nos robaron el dinero y se esfumaron”, narra con la voz entrecortada.

Hoy en día, el matrimonio lucha por obtener los ingresos para el sustento familiar y para pagar los intereses del préstamo. La deuda alcanza los 4.400 dólares y, lejos de disminuir, va en aumento dados los intereses leoninos.

La tragedia, por la que atraviesa este matrimonio es la de miles de guatemaltecos: entre 1,8 y 2,0 millones, según estima el ministro de Economía, Sergio de la Torre. Su origen está en la angustia de los jóvenes, que ven cómo la falta de empleo lastra su futuro. Hasta el 30 de noviembre, 46.198 guatemaltecos fueron deportados por vía aérea, una cifra que supera en un 23% a todo el año anterior.

Las deportaciones son también un golpe a la economía del país. Según las cifras del Banco de Guatemala, las remesas familiares alcanzan los 5.000 millones de dólares anuales, una cifra equivalente a la mitad de los ingresos que dejan las exportaciones y al 10% del PIB de Guatemala.

Ante este panorama, los jóvenes se agarran a un clavo ardiendo en busca de un futuro mejor. Empieza entonces el proceso de reunir el dinero para el coyote, que les ofrece llevarlos hasta Estados Unidos, donde “con toda seguridad”, encontrarán el trabajo soñado “nada más llegar”, según les prometen. Para alcanzar la suma de entre 5.000 y 8.000 dólares, la mayoría recurren a préstamos con intereses exorbitantes o a empeñar el patrimonio familiar, con el riesgo de terminar por perderlo todo y cargar con deudas impagables.

Un retorno amargo

Las organizaciones como el Consejo Nacional de Atención al Migrante (Conamigua) estiman que la actual la ley migratoria podría llevar la expulsión de más del 50% de los guatemaltecos que trabajan en Estados Unidos de manera irregular.

Los deportados se encuentran, al llegar a Guatemala, con un problema mayúsculo. La oferta de empleos es casi inexistente. Ante ello, la Conamigua, en coordinación con la Cámara de Comercio y otros potenciales empleadores, organizan talleres para capacitar a los retornados. Para las mujeres, ponen énfasis en cursillos de cocina, costura o manualidades. Los hombres reciben formación de electricidad, mecánica o albañilería.

Sin embargo, Clara de Reyes, delegada de la Región V de Conamigua (provincias de Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla), dice que muchos de estos esfuerzos se pierden ante la desmoralización de los deportados, acostumbrados a percibir salarios muy por encima de la oferta local. “Se sienten explotados y abandonan el trabajo. Muchas veces, su única salida son microempresas domésticas con las que intentan sobrevivir”.