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ANÁLISIS

La política de la crispación toma la calle

La actual crisis social era, así las cosas, tan previsible como inevitable

Desde la gran crisis de 2001, Argentina vive las vísperas de fin de año en un clima de preguerra. Son habituales los saqueos a los grandes o pequeños centros comerciales. Este año se le sumó, como una peligrosa vanguardia, la sublevación de gran parte de las policías territoriales. El caso más dramático fue el de la ciudad de Córdoba, a 700 kilómetros de la Capital Federal, convertida hace una semana en un pueblo devastado por el delito. El método fue pionero en el país. Policías acuartelados por reclamos salariales provocaron una marea inmediata e imparable de robos a comercios y casas particulares, destrucción, heridos y un muerto. El ejemplo se extendió en el acto y ahora sucede lo mismo en casi todo el territorio nacional. Los muertos suman diez en apenas siete días y las pérdidas materiales son millonarias.

El único lugar que permanece en tensa calma es el más amenazador de todos: el cordón que rodea la capital del país, llamado el conurbano bonaerense, donde viven (o malviven) más de diez millones de personas. El gobernador de Buenos Aires, el peronista Daniel Scioli, anunció importantes aumentos salariales a la policía provincial y adelantó el pago del aguinaldo a los empleados de la administración pública. La policía pide más, pero por ahora no se declaró en huelga. Ningún gobierno saldría indemne de una eventual sublevación social en el caótico conurbano, donde se mezclan el mayor conglomerado de habitantes del país, el nivel más alto de delito, la tasa más significativa de pobres y el trasiego más importante de tráfico y consumo de drogas.

La inseguridad de los ciudadanos es el reclamo más fuerte de los argentinos a su Gobierno. El satelital aumento de robos y crímenes convive con denuncias cada vez más fuertes sobre complicidades policiales con el delito, incluido el narcotráfico. Hace poco, el gobernador de Santa Fe, una de las cuatro provincias argentinas más grandes, el socialista Antonio Bonfatti, aseguró públicamente que esa complicidad entre uniformados y traficantes de drogas existe y que está fuera de cualquier duda. El retraso salarial de las distintas policías y los lazos de sectores de las fuerzas de seguridad con el delito son problemas largamente ignorados por la Administración de Cristina Kirchner.

El ingrediente que falta, pero que existe, es el de vastos sectores sociales condenados a la pobreza eterna. Prestigiosos analistas privados estiman que la pobreza estructural supera el 30% de la población argentina. Muchos argentinos, demasiados, viven sólo de la asistencia del Estado, que es poca y que se diluye con una inflación que este año podría llegar al 27%, según mediciones de economistas privados. Hay una convergencia tácita entre los policías honestos y los argentinos pobres: ambos están asediados por la imparable inflación. La actual crisis social era, así las cosas, tan previsible como inevitable.

El Gobierno de los Kirchner construyó una cultura política del enfrentamiento perpetuo. La lógica binaria que separó a amigos de enemigos fue la única política constante del kirchnerismo. Esos ejemplos impregnaron la sociedad. Es lo que se vio en estos días. Vecinos que robaban a vecinos. Destrucción sin límites ni medidas para hurtar un televisor. Delito, oportunismo, resentimiento y necesidad se juntaron para convertir estas vísperas navideñas en las peores desde 2001. El Gobierno de Cristina Fernández está, como siempre, buscando una conspiración ajena para explicar sus propios errores.

Joaquín Morales Solá es analista político y editorialista del diario argentino La Nación.

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