Las protestas salariales de policías se extienden a varias provincias de Argentina

Argentina vivió en la madrugada del viernes al sábado momentos de tensión en cinco de sus 23 provincias. La huelga policial de brazos cruzados -encerrados en sus cuarteles y sin prestar servicios mínimos- que orquestaron unos 2.000 agentes del municipio de Córdoba entre el martes y el miércoles contagió a otras zonas del país. En Córdoba se produjeron cientos de saqueos en pequeños comercios y grandes superficies, murió una persona, más de 100 resultaron heridas y más de 50 fueron detenidas.

El gobernador peronista, aunque opositor al Gobierno de Cristina Fernández, José Manuel de la Sota, denunció que la Casa Rosada no envió refuerzos policiales. Ante la coyuntura de una ciudad sin ley, el miércoles por la mañana el gobernador cedió al chantaje y subió los salarios de la policía sin penalizar a ningún agente por dejación de funciones. Dos días después de las protestas, la Casa Rosada envió a 2.000 gendarmes nacionales a Córdoba para implantar el orden. Pero el problema no estaba ya en Córdoba sino en otras cinco provincias del país donde otros policías reclamaban también aumentos en sus salarios.

En la provincia de San Juan, la huelga de policías provocó saqueos y la suspensión del transporte público al caer la tarde del viernes. El Gobierno provincial pidió a la Casa Rosada la intervención de los Gendarmes. Y a diferencia de lo que había sucedido en la madrugada del miércoles en Córdoba, esta vez el Gobierno nacional no dudó en enviar refuerzos. En Córdoba, sin embargo, el Gobierno de Cristina Fernández escatimó la ayuda a la provincia de Córdoba bajo el pretexto de que el Gobernador De la Sota no la había reclamado por el conducto oficial correspondiente.

El viernes, los agentes de las provincias de Catamarca, San Juan, Neuquén y Río Negro comenzaron a exigir también incrementos en sus salarios bases. A medida que avanzaba la madrugada, algunos Gobiernos regionales consiguieron aplacar el conflicto cediendo ante los reclamos, pero en otros puntos continuaban las tensiones.

El viernes por la tarde en Catamarca los agentes llegaron a tomar el vestíbulo de la Casa del Gobierno y después se concentraron frente a la sede gubernamental. La Gobernadora pidió a la Casa Rosada refuerzos de gendarmes para disolver a la policía. Los gendarmes intentaron desalojarlos con gases lacrimógenos pero varios agentes respondieron con sus armas reglamentarias y hubo cuatro heridos. Más tarde, durante la madrugada, el Gobierno provincial y los agentes alcanzaron un acuerdo. Pero las protestas policiales continuaban en las provincias de Neuquén, San Juan, Santa Fe y Río Negro.

En la provincia de Santa Fe, gobernada por el opositor socialista Antonio Bonfatti, unos 300 policías se manifestaron el viernes en demanda de subidas de sueldo. A las once de la mañana se comenzó a especular en las redes sobre un posible acuartelamiento de los policías, es decir, otra huelga de brazos caídos. Ante esa posibilidad, decenas de comerciantes cerraron sus locales el sábado. El gobernador Bonfatti solicitó a la Casa Rosada el envío de gendarmes y el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, accedió al envío de 1.500 efectivos.

En la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país y donde se encuentran los mayores asentamientos de infraviviendas, el Gobernador oficialista Daniel Scioli optó por adelantar la paga extra navideña a los 550.000 empleados públicos para evitar desbordes sociales. El responsable de Seguridad de la provincia, Alejandro Granados, indicó el viernes que “hay grupos en las redes convocando a saqueos de fin de año”.

Argentina ya vivió una época terrible de saqueos en la crisis de 2001, cuando la clase política alcanzó su peor cota de desprestigio social. Esa convulsión social había desaparecido hasta que en diciembre del año pasado, en pleno furor consumista navideño, se produjeron saqueos en la ciudad de Bariloche y se propagaron por varios puntos del país. En aquella ocasión murieron dos personas.

El problema de fondo de las protestas policiales es la subida de los precios. La inflación real en Argentina ronda el 25%. La oficial se queda en el 10%, pero nadie cree en la oficial, ni siquiera el Gobierno. Los convenios salariales suelen firmarse en el primer semestre y los sindicatos acostumbran a obtener aumentos de sueldos por encima del 20%. Pero conforme llega diciembre, con los habituales gastos de las fiestas y vacaciones navideñas, los salarios se van quedando muy rezagados respecto a la inflación. Eso explica una parte de los desórdenes sociales. Pero solo una parte.

El director del diario cordobés La Voz del Interior, Carlos Jornet, señala que además de la inflación, el país está viviendo una “degradación moral”. “Hay gente que llega a duras penas a fin de mes, que no cree en los partidos políticos, que considera que no se reparten de forma equitativa los subsidios. Y por eso saquean sin conciencia de culpa y a cara descubierta”, indica Jornet.