Peña Nieto, entre las reformas y las inercias de México

La agitación de las horas previas a cumplirse el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto no podría ser más representativa de lo que han sido los primeros 12 meses de su presidencia. México llegará al primero de diciembre con un inédito puñado de reformas legislativas de gran calado, pero también con el lastre de una población acosada por criminales y una economía en estado vegetativo. El presidente que prometió mover a México ha logrado, en efecto, reformar importantes leyes. Lo que falta sin embargo no es menor: hacer que las nuevas reglas transformen las inercias en un país donde no importa quién gobierne o qué se reforme, siempre ganan los mismos.

Enrique Peña Nieto regresó a la presidencia de la República Mexicana al Partido Revolucionario Institucional (PRI, que gobernó México de 1929 a 2000). Con ese retorno, quedaron en el pasado las formas estériles e incluso locuaces de la primera administración panista (Vicente Fox, 2000-2006), así como seis años de un gobierno (Felipe Calderón, 2006-2012) que se atascó entre una desordenada guerra al crimen organizado y un clima de encono político que estancó al país.

Porque el día dos de su mandato, Peña Nieto sorprendió a un país donde la palabra negociar está mal vista, término casi siempre emparentado aquí con traición. Ese día firmó con los principales partidos de la oposición el Pacto por México, una ambiciosa agenda de 95 reformas que tenían plazos específicos. A lo largo de los meses se supo que el acuerdo había sido una idea de la dirigencia actual del partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda), acogida con gusto por el gobierno y a la que se sumó sin reservas Acción Nacional (PAN, derecha). Los priístas, que durante doce años boicotearon en el Congreso a los gobiernos panistas, aprovecharon una renovada vocación negociadora de la oposición. El gobierno de Peña Nieto hizo suyo de tal forma el acuerdo que en distintos momentos consintieron desplantes y nuevas demandas de PAN y PRD para procesar dentro del Pacto por México toda crisis surgida en otros ámbitos, como el electoral.

El presidente priísta puede presumir que se ha convertido en el dinamo de un vértigo reformado

Fue lo más cercano a tener un gobierno de coalición en donde lo que ocurriese de día, al calor de pugnas políticas, era dejado de lado en las noches, cuando los partidos y el gobierno retomaban arduas negociaciones que dieron como fruto nuevas e importantes leyes en temas clave como la educación y las telecomunicaciones. Nunca se discutió tanto en privado, nunca se avanzó tan rápido en el congreso, marginado de muchas negociaciones. Aunque algunas de esas leyes han sido cuestionadas como insuficientes o imperfectas, se renovaron y reforzaron los órganos reguladores de la competencia y de las telecomunicaciones. Se aprobaron nuevas reglas para el fisco y la banca. Y se negoció hasta el último detalle una nueva iniciativa de reforma político-electoral. PAN y PRD exigieron que ésta fuera aprobada como condición a la más compleja de todas las reformas, la que eventualmente derribará el discurso nacionalista cincelado diariamente durante los últimos 75 años: que en el petróleo los inversionistas privados no tienen cabida, menos aún si son extranjeros.

El atorón de último minuto de la reforma política, surgido el jueves de esta semana por el abandono del PRD de la negociación con el argumento de que apenas aprueben esa ley el gobierno y el PAN aprobarán abrir a PEMEX a los inversionistas extranjeros, podría romper la marcha perfecta que en el papel llevaba el Pacto por México, al que de cualquier manera ya pocos le veían futuro: las dirigencias de los partidos de oposición se renovarán el primer trimestre de 2014, y los actuales liderazgos han resentido el desgaste de presiones de sus compañeros, que han reclamado que Peña Nieto es el único que podrá capitalizar políticamente las reformas estructurales. El ambiente se caldeó, y todo mundo se pregunta este fin de semana si el pacto está muerto o solo en medio de una crisis más.

Pero el relumbrón del Pacto por México no ha paliado las deficiencias mostradas por el gobierno de Peña Nieto en dos temas claves para la población. La crisis de inseguridad que el presidente heredó está prácticamente en los mismos términos que hace un año. El número de homicidios es menor (el gobierno ha presumido que el decremento es de 20%, aun si eso fuera cierto, la tendencia a la baja inició desde los últimos meses de Calderón), mas no ocurre lo mismo con otros delitos. 2013 ya es el año con más la cifra alta de secuestros denunciados, casi 1.500, y diversos especialistas han alertado que la extorsión es un cáncer sin freno en muchas regiones del país.

Michoacán, el lugar donde en 2006 Calderón inició su guerra contra las bandas del narcotráfico, es hoy escenario de combates entre ciudadanos armados -que se llaman a sí mismos autodefensas- y los integrantes del cartel de los Templarios. El gobierno estatal es irrelevante y la Federación, en el mejor de los casos, un testigo de los enfrentamientos. Tamaulipas, al norte del país, sigue siendo, como desde 2005, el escenario de escaramuzas criminales de los cárteles y teatro de la indefensión de la ciudadanía. Mientras que estados como Tabasco, Morelos, Guerrero, Coahuila e incluso Nuevo León han visto crecer el número de secuestros y asaltos. El Distrito Federal, antes considerado un caso atípico en un país anegado de violencia, vio convertirse al 2013 en el lugar de secuestros masivos, aumento de homicidios y corrupción y abusos policíacos.

El actual gobierno ha prometido que la coordinación entre las fuerzas armadas, la policía y los Estados traerá la paz perdida en el sexenio anterior, pero la organización Human Rights Watch ha enviado esta semana una carta a Peña Nieto en la que concluye que dada la falta de resultados es imposible distinguir entre su estrategia anticrimen y la de su predecesor. El desencanto es mayor si se toma en cuenta que el PRI se aprovechó electoralmente de la creencia popular de que ellos sí sabían como regresar al redil a los delincuentes.

La inseguridad está casi en los mismos términos que hace un año

En contraste, el PAN entregó una economía de crecimiento moderado –mediocre, dicen otros–, mientras que en el primer año de Peña Nieto el PIB crecerá alrededor de 1,3%, es decir la tercera parte de lo que creció en el último año de Calderón en la presidencia. Los analistas han acusado que el gobierno restringió indebidamente el gasto público y que aparte provocó una crisis en el sector de la construcción, lo que aunado a que los empresarios detuvieron inversiones a la espera de las nuevas leyes, puso en la lona a las finanzas nacionales.

El presidente priísta puede presumir que se ha convertido en el dinamo de un vértigo reformador, pero su habilidad política para administrar el cambio y su vocación democrática todavía están en entredicho. Ha impulsado una nueva ley de transparencia, pero más allá de que en varios momentos parecía que esa reforma sería derrotada en el Congreso, la declaración patrimonial de Peña Nieto es causa de mofa en diversos medios: en una ceremonia formal realizada en enero, dijo cuántas propiedades tenía pero no dio detalles sobre cómo fue posible que varias de ellas sean producto de “donaciones” de personas cuya identidad se desconoce. Y tampoco es público el monto al que asciende su patrimonio, fruto de alguien que sólo se ha dedicado a la política. Y dos prometidas leyes, anticorrupción y para regular el gasto gubernamental en medios, usado para castigar y premiar, están congeladas.

El estilo de Peña Nieto incluye el haber decidido en febrero meter a la cárcel a la líder del magisterio Elba Esther Gordillo, un espectacular golpe al tablero cuyo precedente se remonta a 1989, cuando Carlos Salinas ordenó la detención del poderoso jefe del sindicato de los trabajadores petroleros Joaquín Hernández Galicia, mejor conocido como La Quina. Pero igualmente, se le reclama al mandatario que más allá de Gordillo y del exgobernador de Tabasco Andrés Granier, otros políticos famosos por su derroche y enriquecimiento, como el sucesor de La Quina, el senador priista Carlos Romero Deschamps, gozan de la amistad del presidente.

De igual forma, el mandatario tolera en su equipo a personas que han protagonizado escándalos mediáticos. Como cuando en medio del desastre provocado en septiembre por las lluvias de las tormentas Manuel e Ingrid, se descubrió que el director del Fondo de Desastres Naturales, que con antelación debe participar en la preparación de una contingencia como la que azotó a Acapulco, estaba de paseo en Las Vegas. O el de Andrés Roemer, nombrado cónsul en San Francisco, California, sin méritos ni experiencia diplomática, y al tiempo que se dedica a organizar foros y promover sus actividades en México.

Diciembre será el mes en que Peña Nieto libre la más importante de sus batallas de este año. Enfrentará a la izquierda en su intento de reformar la Constitución para abrir a Pemex a la inversión privada. La calle, el espacio favorito de su adversario Andrés Manuel López Obrador, volverá a movilizarse este domingo contra la reforma energética. La capacidad de Peña Nieto para aprobar reformas está demostrada. Que estas se conviertan en el factor de cambio para México, no. Romper las inercias es algo más complicado. La falta de resultados de este gobierno en la economía, la inseguridad y el combate a la corrupción, restará fuerzas al presidente. Demostradas sus capacidades de negociación, faltan por probarse sus habilidades para la ejecución. En un solo año, el Congreso ya le dio mucho más de lo que ningún otro predecesor suyo pudo soñar, pero entre la crisis de inseguridad y el pasmo económico, los mexicanos no han notado nada de eso en doce meses. Ese es el momento que vive México, entre las promesas de las reformas y la fuerza de las inercias.