La carta de Zapatero

Por fin se hizo la luz y pudimos conocer la carta que el Presidente del Banco Central Europeo dirigió al Presidente Zapatero el 5 de agosto de 2011. Su publicación deja tras de sí numerosas enseñanzas sobre las debilidades de la democracia, en casa y en la Unión Europea.

Por el lado de los contenidos, el BCE desborda su mandato y, con el fin de "devolver la credibilidad de España ante los mercados de capitales", insta al Gobierno a rebajar los salarios, facilitar el despido, debilitar a los sindicatos, limitar por ley el gasto público o, incluso, aprovechando la coyuntura, liberalizar el mercado de alquileres. Enseñado el palo, vino la zanahoria: a partir del 8 de agosto, el BCE compraba hasta 36.000 millones de deuda de España e Italia en los mercados secundarios, unas compras que, para ser justos, muchos consideran que también desbordaban el mandato del BCE.

Por el lado de los procedimientos, las cosas tampoco pintan bien. En la sesión del Congreso del 23 de agosto de 2011 en la que se pidió a los representantes de la ciudadanía que convalidaran el Decreto-Ley del 19 de agosto donde se adoptaban gran parte de las medidas exigidas por el BCE y se anunciaba una inminente modificación de la Constitución española para introducir en ella la regla del techo de gasto, Zapatero se felicitó de que las recientes compras de deuda por parte del BCE hubieran aliviado la presión sobre la prima de riesgo, pero se negó a responder a dos preguntas directas del entonces líder de la oposición, Mariano Rajoy, sobre la existencia de la carta y, en consecuencia, a aceptar que hubiera cualquier tipo de condicionalidad entre unas medidas y otras. Si supimos entonces que existía tal vinculación entre reformas y compra de deuda fue debido a que en Italia alguien tuvo la decencia de filtrar al Corriere della Sera una carta prácticamente idéntica del BCE al gobierno italiano fechada el mismo 5 de agosto.

Pero hete aquí que un abogado español, de nombre Isaac Ibáñez, tuvo la feliz idea de valerse del Defensor del Pueblo Europeo para exigir al BCE la publicación de la carta. El BCE reconoció la existencia de la carta pero se negó a publicarla argumentando que divulgarla "podría afectar a la eficacia de los mensajes que el BCE pudiera dirigir a los Estados miembros". Finalmente, dos inspectores del Ombudsman Europeo se personaron en la sede del BCE en Fráncfort, obtuvieron acceso a la carta y se dirigieron al señor Ibáñez explicándole que la susodicha carta, aunque sí "invitaba" al Gobierno a "mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo" y "garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas", no pedía expresamente al Gobierno español modificar la Constitución. El BCE explicó que solo pretendía "proteger la integridad y eficacia de su política monetaria en beneficio de los ciudadanos de la zona del euro" y argumentó que su difusión "perjudicaría a la protección del interés público en lo relativo a la política monetaria de la Unión". El reclamante, insatisfecho, insistió, en vano, en que "en un sistema basado en la legitimidad democrática, tanto las autoridades públicas de la UE como las nacionales deben ser responsables de sus actos ante el público".

Nuestro conciudadano Ibáñez, pese a tener razón, perdió la batalla, y con él la perdieron también los ciudadanos españoles. Así pues, aunque nos alegramos de conocer, por fin, la carta, lamentamos no hacerlo por tener derecho legítimo a ello sino por la pretendida magnanimidad de un expresidente que en el poder ocultó su existencia al Parlamento y a la ciudadanía pero al abandonarlo para sentarse en el Consejo de Estado se la llevó a casa con el fin de utilizarla en su beneficio cuando mejor le conviniera políticamente. Señor Zapatero: si es tan amable, mándele el original al señor Ibáñez, se lo ha ganado.

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