República Centroafricana se sumerge en el caos y la violencia religiosa

Violaciones, decapitaciones, torturas, destrucción total. Son algunos de las atrocidades que detallan observadores y testigos de primera línea en República Centroafricana (RCA), sumida en la violencia y una batalla religiosa a causa del hundimiento del Gobierno. Francia y Naciones Unidas han anunciado ya una intervención inmediata para evitar la proliferación de extremistas como en el Sahel y retorne la autoridad. “Un país en el corazón de África está cayendo a un completo caos ante nuestros ojos”, ha advertido el vicepresidente de la ONU, Jan Eliasson.

Unos 470.000 civiles, el 10% de una población de 4,6 millones, se han visto obligados a huir de sus casas en el último año, dejando atrás aldeas enteras vacías, como denuncia la Agencia para los refugiados de la ONU. La situación es extremadamente dramática en la capital, Bangui, donde se calcula que un millón de personas necesitan ayuda para alimentarse y cubrir sus necesidades básicas.

Ante esta situación, el Comité Internacional de la Cruz Roja alerta de que “decenas de miles” de civiles buscan refugio en las misiones católicas o escondrijo en las selvas del norte del país. Allí están sin agua potable ni acceso a comida ni a las medidas de higiene necesarias para evitar enfermedades, como la malaria.

La anarquía no ha hecho más que agravar las carencias estructurales de la población, que sufre de una alta mortalidad infantil y una esperanza de vida inferior a los 50 años. RCA es uno de los 10 países más pobres del mundo, a pesar de sus ricas reservas de uranio, diamantes y madera que hacen de él un auténtico caramelo para los señores de la guerra.

Desde que se independizó de Francia en agosto de 1960, el país suma cinco golpes de estado. El último fue hace escasamente ocho meses, en marzo, agravando así el sufrimiento de la población, víctima del pillaje y violaciones constantes de los derechos humanos.

El entonces presidente François Bozizé, un dictador que derrocó a otro, Ange-Félix Patassé, en 2003, huyó casi con lo puesto cuando una alianza de rebeldes musulmanes llamada Séléke entró en la sede gubernamental y encumbró a su líder, Michel Djotodia como el primer presidente musulmán del país, a pesar de que solo el 15% de la población profesa el islam.

La coalición se deshizo en septiembre cuando Djotodia ordenó a sus hombres integrarse en el Ejército. Sin embargo, la mayoría hicieron caso omiso. Según Amnistía Internacional hay más de 20.000 milicianos con fácil acceso a las armas, a los que hay que sumar los mismos militares y los pequeños grupos de autodefensa conocidos como “anti balaka” que han improvisado los civiles cristianos.

El Gobierno francés alerta de que los ataques de los milicianos musulmanes a los cristianos dejan al país “al borde del genocidio”. La embajadora estadounidense en Naciones Unidas, Samantha Power, no duda en calificar los crímenes como “la peor crisis que se ha oído jamás”. Los testigos explican cómo ese descontrol se traduce en torturas, agresiones sexuales a niñas y mujeres, degollamientos, ejecuciones públicas extrajudiciales, pueblos enteros arrasados, infraestructuras destruidas. Y miedo, mucho miedo de la población civil.

Lewis Mudge, investigador de Human Rights Watch, explica en un informe cómo pudo oler el hedor de los cadáveres antes de llegar a una aldea totalmente arrasada por los ex Séléke.

Allí, los vecinos le contaron historias dramáticas, como la de los padres que a punta de pistola fueron obligados a ver cómo violaban a su hija o un hombre que observó la muerte a tiros de su mujer e hijos. “Es el derrumbamiento de un Estado”, ha resumido la situación el ministro francés de Defensa, Jean Yves Le Drian.

En diciembre, Francia empezará el despliegue de “un millar de soldados” más que se sumarán a los 410 ya sobre el terreno, ha avanzado Le Drian. El objetivo es asegurar el suministro de combustible y alimentos con un corredor humanitario entre Camerún y Bangui.

Francia ha presentado un borrador de resolución al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para fortalecer la misión de paz que desde hace meses llevan a cabo 2.600 efectivos bajo los auspicios de la Unión Africana.

En la ONU han tomado nota de las peticiones que asociaciones de derechos humanos le han reclamado y pretende dar una respuesta “rápida y decisiva” que evite RCA se convierta en un “vivero de grupos extremistas” y se agudice aún más el conflicto “religioso y étnico”.