El Gobierno de Egipto restringe el derecho de manifestación

A pesar de que las autoridades en Egipto aseguran que llegaron al poder a través de una “revolución popular” y no de un golpe de Estado, el pasado domingo aprobaron una ley que introduce severas limitaciones al derecho a manifestarse. Tanto las organizaciones de derechos humanos como los movimientos revolucionarios han tachado la ley de represiva, pues otorga al Ministerio del Interior la potestad de prohibir cualquier concentración en espacios públicos de más de 10 personas.

“El borrador de la ley criminaliza todas las formas de reunión pacífica, incluyendo manifestaciones y concentraciones públicas, y le otorga al Estado vía libre para dispersarlas por la fuerza”, reza un comunicado elaborado por 19 organizaciones de derechos humanos del país, que denuncian el riesgo de que Egipto vuelva a convertirse en un Estado policial como durante la era Mubarak, el dictador destronado en febrero del 2011.

“Hemos condenado la ley de forma inequívoca. Es muy restrictiva con las libertades, y supone un retroceso respecto a los derechos por los que luchamos durante la revolución”, declaró a EL PAÍS Ahmed Maher, cofundador del movimiento revolucionario 6 de Abril. Si bien los medios de comunicación han justificado la legislación en la necesidad de confrontar las manifestaciones periódicas de los Hermanos Musulmanes, los activistas advierten de que se aplicará contra cualquier voz disidente. “Ellos no quieren permitir la expresión de voces críticas, de cualquier tipo de protesta”, añadió el célebre activista.

La ley también ha suscitado críticas de partidos políticos y colegios profesionales, como el de abogados. “Ya le hemos dicho al presidente que esta ley no se debería aprobar sin un diálogo social... No es razonable protestar cuando [el expresidente Morsi] trató de aprobar una ley parecida, y no hacerlo ahora”, dijo en una rueda de prensa Assad Heikal, un portavoz del colegio de abogados, que llamó a celebrar “protestas masivas” si la ley no es derogada durante los próximos días.

La norma prohíbe el uso de máscaras en las protestas y su celebración en los lugares de culto e incluye elevadas multas e incluso penas de prisión para los que violen la ley

El primer ministro, Hazem Beblawi, ha salido en defensa de la norma, asegurando que su intención es “proteger los derechos de los manifestantes”, y que los organizadores de manifestaciones deben solo “notificar a las autoridades”, y no pedirles permiso. Sin embargo, sus explicaciones no han convencido a la Administración de Obama, que ha expresado su preocupación y ha instado al Gobierno egipcio a “respetar los derechos individuales”.

La versión final firmada por el presidente Adly Mansur suaviza algunas de las provisiones del borrador aprobado a mediados de octubre por el Gabinete. Por ejemplo, no prohíbe todas las sentadas, y reduce de una semana a tres días el plazo mínimo para informar al Ministerio del Interior de cualquier acto público. En caso de ser prohibido por considerarlo una amenaza al “orden público”, los convocantes podrán recurrir a los tribunales. No obstante, la ley no obliga a la justicia a pronunciarse antes de la celebración del acto.

La nueva legislación prohíbe el uso de máscaras en las concentraciones de protesta, su celebración en los lugares de culto —un recurso habitual de los partidos islamistas—, e incluye elevadas multas e incluso penas de prisión para aquellos que violen la ley. Además, establece los mecanismos de dispersión de las concentraciones a los que podrá recurrir la policía, entre ellos los cañones de agua, los gases lacrimógenos, e incluso los disparos con pelotas de goma y balines de acero. La policía hizo uso precisamente de cañones de agua a presión para dispersar este martes una protesta no autorizada en El Cairo; los manifestantes reclamaban que sean juzgados los responsables de la muerte de manifestantes durante los enfrentamientos entre fuerzas del orden y opositores al gobierno militar entonces en plaza, a finales de 2011.

Las fuerzas de seguridad ya aplicaron la norma este lunes para dispersar las protestas organizadas por grupos estudiantiles afines a los Hermanos Musulmanes en las universidades de Assiut y Al Azhar. Y el martes hicieron lo propio con una manifestación contra los juicios militares a civiles realizada frente al parlamento, en claro desafío de la ley. La policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua, y arrestó a unas 50 personas, entre ellas Mona Seif, una conocida activista

Algunos expertos han advertido de la imposibilidad de aplicar la ley, habida cuenta de la elevada efervescencia política y social que vive el país. Durante los últimos meses, se han registrado cientos de protestas mensuales. Por ejemplo, el pasado mes de marzo se realizaron una media de 44 protestas a la semana. Aproximadamente la mitad de ellas estuvieron relacionadas con reivindicaciones de derechos laborales.

Desde el pasado 3 de julio, cuando el Ejército derrocó al antiguo rais islamista Mohamed Morsi, su movimiento político, los Hermanos Musulmanes, y sus aliados han organizado manifestaciones de forma periódica. Su represión por parte de las fuerzas de seguridad ha provocado más de 800 muertos y el arresto de al menos 2.000 personas.