El avance social en Brasil no reduce la criminalidad

Año tras año, como ocurre siempre que cualquier Estado brasileño se enfrenta a una crisis de seguridad, las autoridades acostumbran a repetir el mantra de que la reducción de la violencia no depende solo de la policía y de sus decisiones políticas, sino también de indicadores socioeconómicos. En los últimos cinco años, sin embargo, los especialistas han empezado a rebatir esas justificaciones y a decir que ya no tienen sentido.

De 2007 hasta ahora, los principales indicadores que miden las desigualdades sociales y el crecimiento económico han mejorado, pero eso no ha implicado una reducción en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, que hoy es del 24,3. Solo a efectos de comparación, en México la tasa es de 23,7, en Venezuela del 45,1, y en Honduras, que registra la mayor del mundo, del 91,6. En Estados Unidos, la proporción es de 5 por cada 100 mil personas, mientras que en la mayoría de los países europeos no llega al 3. Cuatro de los cinco Estados más violentos en Brasil están situados en el Nordeste, una de las regiones más turísticas del país. Alagoas con 64,47 asesinatos por 100 mil habitantes, y Ceará, con 40,6 están en el tope de ese ránking. En la secuencia, aparecen Pará (37,9), en el Norte del país, y los Estados del Nordeste, Paraíba (43,1) y Bahia (38,5). Río de Janeiro es el decimoquinto más violento y São Paulo ocupa el puesto 25 de los 27 Estados brasileños.

Mientras, en el plano económico, el PIB per cápita brasileño saltó de 14.183 reales en 2007 a 22.402 (9.589 dólares) el año pasado. En ese período, el desempleo cayó del 9,3% al 5,5%, cerca del pleno empleo. Los índices de homicidios y de violaciones, por su parte, no descendieron. Al contrario, en los últimos dos años, el país registró alzas continuadas en esos indicadores.

Con 47.136 asesinatos registrados en 2012, en Brasil se cometen cinco homicidios a la hora. Los       casos de violaciones llegaron a 50.617, una proporción de 26 por cada 100 mil habitantes. Ese índice era de 22,1 hace dos años. “Hube una serie de mejoras sociales, pero la seguridad continúa sin avances. Lo que los gobiernos hacen es administrar penicilina a un enfermo que está sufriendo con una superbacteria”, afirma el sociólogo Renato Sergio de Lima, de la ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública.

Para otros dos estudiosos del asunto, esa superbacteria citada por Lima es la suma del tráfico de drogas y la falta de control del sistema carcelario.“El tráfico se consolidó y hay una nueva dinámica de las muertes. Hay más armas de fuego en circulación y más conflictos entre traficantes y de estos con los usuarios. Todo eso influye en la dinámica de los crímenes”, dice Luis Flávio Sapori, coordinador del Centro de Investigaciones en Seguridad Pública de la Universidad Católica Pontifícia (PUC) de Minas Gerais.

El profesor Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo, investigador del Instituto de Estudios Comparados en Administración Institucional de Conflictos, sostiene que el sistema carcelario en Brasil estimula el crimen. “Las prisiones se constituyen en lugares de reunión de grupos criminales que planean acciones de dentro de ellas y se preparan para practicar nuevos crímenes cuando salgan. Mientras eso, la policía hace un trabajo inútil, intentando prender a los pequeños traficantes en las calles”, afirma Azevedo.

Una investigación del Ministerio Público de São Paulo descubrió en los últimos meses que 175 criminales actuaban de manera orquestada, en contacto con presos, para llevar a cabo delitos como tráfico de armas y drogas, robos y homicidios. Aun así, el crimen organizado no es el único responsable del aumento de los crímenes.

Un factor que influiría en la reducción, dicen los especialistas, sería el aumento de la inversión en seguridad. El año pasado, seis de las 27 unidades de la Federación gastaron menos en seguridad pública que el año anterior. Los datos constan en una investigación del Foro divulgada este mes. “En el área de seguridad pública, se gasta poco. La policía investiga de cualquier manera y las políticas correctas no tienen continuidad”, dijó Azevedo.

Según Sapori, eso ocurrió en los dos Estados más populosos del país, São Paulo y Minas Gerais, ambos en el Sudeste. En el inicio de la década pasada, ambos consiguieron reducir sensiblemente sus tasas de asesinatos. En los últimos dos años, sin embargo, aumentaron. Coincidencia o no, ambos habían reducido sus gastos en el sector.

“Proyectos que estaban dando resultados correctos acaban sin contenido muchas veces por falta de profesionalidad. Eso sucedió, por ejemplo, con el departamento minero de la policía que investiga homicidios, que perdió a profesionales y parte de su estructura”, dijo Sapori.

Esa práctica tiene unos efectos directos en los índices de resolución de los crímenes. Los gobiernos estatales, principales responsables de la seguridad pública, no divulgan cuántos crímenes fueron resueltos por sus cuerpos policíales. Sin embargo, una investigación reciente hecha en São Paulo, el Estado más rico del país, constató que el principal departamento que investiga los asesinatos, el DHPP, solucionó menos del 30% del total de los crímenes registrados.

Con la desestructuración de la policía, cae también la credibilidad de las instituciones. En la misma investigacion que constató el aumento de la violencia, el Foro hizo una encuesta de opinión sobre la confianza en las instituciones. Los datos muestran que el 70,1% de la población no cree en la policía.

Para cambiar ese cuadro, los especialistas sugieren al menos dos cambios: revisión de las leyes penales y mayor integración entre la policías civil y militar .