“Me organizo por mi cuenta, mi problema son los saqueadores”

La vida en Tacloban es desde hace siete días una lucha constante. Ahora es la lucha por conseguir agua potable, por lograr un hueco en un avión militar para huir a Manila (o que al menos escapen los niños) o por encontrar un poco de gasolina para el coche y seguir buscando lo imprescindible ante las necesidades más básicas. Lo que hasta el paso del supertifón Haiyan fue una ciudad costera de 220.000 habitantes que vivía de la pesca, de arrozales ahora inundados y cocoteros ahora aplanados contra el suelo ha desaparecido. Aunque la caída del sol tras las palmeras podría anticipar un atardecer idílico, basta bajar la vista para toparse con una ciudad fantasma con edificios arrugados como si fueran de papel y montones hasta de dos metros de altura que flanquean las calles céntricas, ya despejadas.

Buena parte de los que caminan o se mueven en bici o moto llevan mascarillas. Solo los faros de los pocos coches mitigan la oscuridad. Hace calor, por encima de los 25º. Apesta. Apesta tanto que un bombero vomita violentamente junto a la carretera. La forense de la policía Kristine Redoña, de la unidad de procesamiento de escenas de crímenes, acaba de llegar desde la capital en un vuelo del Ejército con varios colegas para ayudar en la identificación de cadáveres. Por fin han llegado también las bolsas para guardar los cuerpos. “Pero esto no es solo trabajo, es también un asunto familiar”, confiesa de repente. No ha conseguido hablar con sus padres desde antes de la tormenta que ha causado el mayor desastre natural de la historia de Filipinas, uno de los países que más a menudo los sufre. Lino y César, tampoco. Acaban de llegar desde Estados Unidos –uno de Hawai y el otro de Pensilvania—para localizarlos en la ciudad en la que ambos nacieron y que la familia dejó para emigrar. Sus padres regresaron a su tierra natal al jubilarse.

El aeropuerto de Tacloban va recuperando el pulso en condiciones extremadamente precarias. Cientos de personas hacen cola con la esperanza de que los evacúen. Brian Zupko, canadiense, confia en que el coronel estadounidense cumpla la promesa que le hizo esta mañana y encuentre un hueco para él, su esposa filipina y los bebés de ambos en el avión militar C-130. “No tengo dinero. Los cajeros no funcionan”, explica sentado sobre una maleta Zupko, que convirtió Tacloban en su hogar en los últimos inviernos. Es solo uno de los cientos de desamparados que esperan en lo que fue la terminal y que es un amasijo de hierros repleto de charcos. El abogado Lauro Noel, de 61 años, ha venido a despedir a sus hijas y nietos. Vuelan a la capital. Él y su hijo de quedan a proteger el hogar. “La actitud de los filipinos es proteger a las mujeres. Esto nos lo dejaron ustedes”, añade en referencia a los españoles.

Junto a Zupko o la familia de la señora Avendaño, cajas por aquí y por allá de ayuda humanitaria donada por organizaciones filipinas que nadie vigila, nadie toca y nadie reparte. Sobre la pista, aviones y militares estadounidenses además de filipinos. Es de suponer que su llegada acelerará y mejorará la distribución de ayuda para las víctimas. Los supervivientes de la ciudad que Haiyan ha borrado del mapa se muestran llamativamente comprensivos con la actuación de sus autoridades. “Creo que lo intentan (ayudar de manera eficaz), pero ellos también resultaron afectados, las autoridades locales, la policía, mire aquello era su cuartel, los de la compañía eléctrica…”, explica Lauro Noel, abogado de 61 años. Sin embargo, el editorial del diario Philippine Daily Inquirer del jueves era contundente ante lo que denomina “la ineficacia burocrática” que ha seguido a la tragedia. Conmina al Gobierno a poner inmediatamente a alguien al frente, alguien que asuma tome las decisiones necesarias, “y, si la persona idónea para coordinar las operaciones de rescate y ayuda es un funcionario de la ONU o un general de EEUU, que así sea”. El Gobierno central, encabezado por Benigno Aquino, parece absolutamente desbordado, desconcertado y empeñado en echar balones a las autoridades locales. El presidente y el alcalde de Tacloban pertenecen a partidos rivales.

Si existe un plan de emergencia nacional coordinado por el Gobierno para ayudar a las víctimas y desplazados a través de las instituciones, no está funcionando. “Da la impresión de que el Gobierno está absolutamente perdido, es terriblemente ineficaz o desorganizado hasta el delito” (criminaly disorganized, en el original)”, declaró el parlamentario Carlos Isagani al Inquirer. El propio ministro de Defensa, Volatire Gazmin, ha admitido que desconoce dónde está el cuello de botella de la distribución y que “algo no funciona en el sistema” de reparto porque Manila, asegura, envía ayuda.

El drama es que al final de la línea hay miles de personas que lo han perdido todo. Totalmente traumatizadas, con hambre y sin agua limpia. A ellos se suman 600.000 desplazados y once millones de afectados. La ayuda filipina es más bien la suma de miles de iniciativas personales o de empresas. La prensa local está repleta de noticias como el barco de mil toneladas que un socio ha prestado a la Asociación Médica Filipina y que atracará con cien doctores, sicólogos y demás personal sanitario en dos puertos de Samar, una isla cercana a Tacloban que no han recibido atención internacional o la nieta de la señora Adormeo, que rompió su hucha para ayudar a las víctimas. Las ONG humanitarias y los equipos enviados por Gobiernos e instituciones de todo el mundo tienen representantes en Tacloban intentando superar el desafío logístico para paliar las necesidades más urgentes de los afectados.

Los más adinerados, como el abogado Noel, se organizan por su cuenta. La casa familiar de la costa está en ruinas, pero la suya, tierra adentro, está solo dañada. “Me organizo por mi cuenta. He comprado agua y he compartido comida con los amigos. Toda esa gente que vivía en chozas en la costa está mucho peor que yo. Mi problema es la seguridad, los saqueadores”. Cuenta que la noche anterior oyó tiros. “No sé si eran saqueadores o algún vecino para asustar a los ladrones”. Los que han logrado salvar alguna posesión se quedan en la ciudad para protegerla. Pero viven con el miedo de que alguien menos afortunado vaya a arrebatárselo por la fuerza. Los saqueos de gentes desesperadas han afectado incluso a algún envío de ayuda humanitaria. La declaración de calamidad nacional supuso el desembarco de fuerzas de seguridad, que han instalado puestos de control con agentes armados en varias avenidas.

Al caer la noche en Tacloban, los escasos afortunados tienen techo y comida pero no luz; los menos afortunados, unas sillas de plástico junto a una hoguera bajo las ruinas de un edificio y algo para matar el hambre; los desamparados se irán a dormir hambrientos y rezando para que no llueva.