Guatemala apuesta por la renovación de la Policía para combatir la violencia

Las estadísticas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDD) colocan a Guatemala, con una tasa de 39 homicidios por cada 100.000 habitantes, como el tercer país más violento del mundo, por detrás de Honduras, con 92, y El Salvador, con 69, naciones que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica. El Estado guatemalteco tiene que hacer frente a ese reto inmenso con una Policía que nunca ha merecido el lugar que le corresponde, con medios muy limitados y sueldos bajos. Para revertir esta situación el Gobierno ha encargado a la exministra de Gobernación Adela Camacho de Torrebiarte la reforma de la institución. Y ante la discusión de si hay que reformar una institución incapaz y corrompida o directamente refundar el cuerpo con una nueva mística partiendo de cero, la comisionada señala una tercera vía: “Necesitamos la institucionalización del cuerpo, que responda a los retos de la realidad por la que atraviesa el país: una policía profesional, moderna y ágil”.

La violencia en la zona no se explica por una sola causa. Con una renta per cápita de 2.700 dólares estadounidenses, la región está considerada entre las más pobres del planeta. Cuando a esto se suma la proximidad geográfica con el mercado más grande del mundo para los estupefacientes, Estados Unidos, la corrupción generalizada y el elevado número de armas en poder de particulares, el caldo de cultivo está servido. Además, las mafias del narcotráfico, desplazadas a esta región tras la guerra declarada a los cárteles de la droga por el expresidente de México, Felipe Calderón (2006-2012), encontraron en Guatemala un paraíso de impunidad. Las luchas por disputas de territorio elevaron considerablemente la inestabilidad.

Un estudio de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes, independiente), añade circunstancias agravantes como el debilitamiento de las instituciones públicas y la infiltración de la delincuencia organizada “en la economía, la sociedad y el sistema político”, lo que se traduce en un agotamiento progresivo del Estado que genera la desconfianza ciudadana. A esto se suma la incapacidad estatal para mantener el monopolio legítimo de la fuerza, lo que ha permitido la proliferación de empresas privadas de seguridad, hasta ahora sin ningún control, y el auge de grupos armados paralelos, auténticos ejércitos particulares.

Las condiciones para los agentes son deplorables: en más de la mitad de las 725 comisarías del país no hay camas suficientes para los hombres en servicio y muchas de ellas no tienen colchones. Servicios como el agua y la luz son cortados con frecuencia, por falta de pago. Muchos de los coches oficiales están fuera de servicio y no hay presupuesto para repararlos. En algunos lugares, la corrupción de los mandos medios hace que los agentes tengan que comprar las municiones para sus armas de reglamento (cuando las tienen). A esto se suma que, también por falta de presupuesto, previo a su graduación, los policías solo disparan una vez en los polígonos de la Academia.

El salario —unos 500 dólares estadounidenses— es insuficiente ante el alza continua del costo de la vida. Todo lo anterior hace que muchos sean presa fácil de sobornos, extremo que también forma parte de la cultura del cuerpo. Según cifras proporcionadas por la oficina de prensa del Ministerio de Gobernación, hasta finales de septiembre 149 policías habían sido separados del cuerpo y enfrentan procesos legales por actos de corrupción.

Las sedes policíacas reflejan también el abandono que sufre la institución. Cualquier persona que ingrese a ellas puede comprobar que carecen hasta del mobiliario indispensable, lo que hace que mucha documentación se encuentre apilada en el piso, con el riesgo de estropearse por las goteras en la época lluviosa.

Torrebiarte subraya que, como primer paso, se trabaja en la profesionalización de los agentes, para quienes se exige ahora un perfil mayor: de campesinos rústicos reclutados en la más absoluta marginalidad, ahora los cadetes deben, como requisito para ingresar a la academia, presentar un certificado de enseñanza media, como bachiller o título equivalente.

“Otro tema de fondo que hemos trabajado es la inspectoría, que permitirá, a través de rígidos controles internos, combatir la corrupción”. Añade que los nuevos inspectores han superado todas las pruebas de confiabilidad que el cargo requiere.

Torrebiarte pone el dedo en la llaga al mencionar que el futuro de la seguridad ciudadana en Guatemala pasa por enmarcar a la institución policíaca dentro de una política de Estado, “que impida hacer tabla rasa de todo lo actuado cada cuatro años, con la renovación de las autoridades”.