Costa Rica libera presos para afrontar la saturación carcelaria

William Salazar estaba en su casa este sábado cuando lo llamaron de urgencia porque cuatro hombres con armas de fuego estaban asaltando su negocio de venta de pollos rostizados en una comunidad populosa en Puntarenas, en la costa pacífica de Costa Rica. A la hora de la cena, el comerciante corrió a defender lo suyo pero acabó muerto en el piso de su negocio por un disparo en el pecho, abatido por uno de esos cuatro delincuentes cuyos cuerpos quedaron grabados por una cámara de seguridad.

Uno de esos cuatro, al menos uno, no debía estar siquiera circulando por la calle principal de El Roble. Él debía estar en la cárcel de San Sebastián, cumpliendo una condena por robo agravado. Tampoco es un prófugo. Darío N. salió de la prisión tres días antes por una orden judicial que manda a reducir la sobrepoblación en la cárcel de San Sebastián, en San José, donde por cada diez camas hay ocho reos durmiendo en el suelo y sabiendo que cada día entran un promedio de 17 más “al bote”, como se dice en el argot popular.

Darío N., de 23 años, fue detenido este lunes en Puntarenas y minutos después se supo que él es parte de los casi 400 internos incluidos en un programa para descongestionar San Sebastián y entrar a otras cárceles (también sobrepobladas) o incluso salir a la calle. Él cumpliría la condena en noviembre del 2014, pero un perfil técnico lo consideró apto para circular en las calles en un régimen especial. Así dejó su espacio libre en San Sebastián, un centro que refleja la situación crítica de las cárceles de este país, sin llegar a los extremos de otras naciones de Centroamérica.

El espacio que dejó Darío podría usarlo él mismo, pues el Juzgado Penal de Puntarenas dictó este martes seis meses de prisión preventiva para Darío, ahora como implicado en un homicidio, sin que haya acabado de cumplir su condena previa por el asalto a un autobús, en compañía de un hermano. Quizá no tenga ya cama sino un espacio en el suelo, como muchos de los 1.250 internos de la prisión de San Sebastián. Este centro es utilizado sobre todo para mantener a indiciados que esperan un juicio en un sistema judicial desbordado por el crecimiento de la inseguridad en la última década y por los esfuerzos policiales contra la delincuencia. Desde 2005 la población encarcelada ha crecido un 80%, según datos oficiales de la Dirección de Adaptación Social.

Esta es la paradoja que resume el dilema de las cárceles en Costa Rica. Los 14 centros tienen capacidad para 9.800 presos, pero alberga a 14.000 (3 por cada 1.000 habitantes). Las alarmas saltaron desde comienzos de este siglo, pero la falta de recursos y los conflictos contractuales han impedido construir más celdas y ahora las medidas apuntan a reducir a la fuerza la población en las cárceles. Así fue como Darío salió libre y pudo llegar a la venta de pollos rostizados de William.

Así fue también como en la noche de este jueves un joven de apellido Calderón pudo estar en el parque central de San José y aplicar un “candado chino” a un extranjero para robarle la billetera y el teléfono móvil. Una semana antes, Calderón, abandonó la cárcel de La Reforma (el principal complejo penitenciario del país, en la provincia de Alajuela), como parte del programa de apertura de espacios carcelarios. Ahí cumplía condena por robo agravado, pero salió con el compromiso de dormir una vez por semana en un centro semipenitenciario y el resto de los días, buscarse la vida como pueda. Él es asaltante, como el 73% de los reos elegidos para dejar las cárceles, según un recuento del diario La Nación.

“Yo he cumplido con respetar la dignidad humana (…); el sistema penitenciario no respeta ese valor”, argumentó el juez Roy Murillo, autor de la resolución que ordenó sacar reos de San Sebastián rumbo a otras prisiones o, en ciertos casos, otorgarles regímenes especiales que les permiten una libertad condicionada. “Hay densidad, problemas de atención en servicios médicos y técnicos, porque no alcanzan los profesionales; hay limitaciones de espacio en un porcentaje que las normas internacionales definen como degradantes e inhumanas”, argumentó en una entrevista en el diario La Nación el juez cuya resolución no ha sido rebatida por los magistrados dela Corte Plena.

La ministra de Justicia, Ana Isabel Garita, máxima autoridad del sistema penitenciario, llegó también a pedir a los magistrados evitar las penas de prisión cuando sean menores a tres años. Organizaciones abogan por respetar los derechos humanos de los presos en estos “depósitos de personas”, como lo ha calificado la defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum. Del otro lado, la opinión pública presiona para mantener dentro a cualquier delincuente aún cuando no haya una sentencia en firme. “Es indignante. No es posible que en este país no haya seguridad porque no hay recursos para tener a los presos donde deben estar”, declaró Gerardo Vargas, amigo del asesinado William Salazar y candidato a diputado por el opositor Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en las elecciones de febrero.

La ministra Garita reconoció a EL PAÍS que el hacinamiento genera problemas de convivencia interna y de seguridad. “Este es el resultado de tres factores: hay dificultades financieras para atender el problema con los recursos adecuados, estamos viendo la consecuencia de políticas de seguridad ciudadana más eficaces y además tenemos que modernizar la legislación en lo referente al tipo de penas y la prisión preventiva”, declaró Garita. "Entre los planes está la ampliación  de las prisiones existentes, en la medida en que lo permitan las estrechas finanzas estatales, y proyectos de reforma legal para disminuir el alcance de las medidas de prisión cautelar".

Con la cárcel de San Sebastián, la situación es más crítica. Pensada inicialmente para indiciados, acabó acogiendo también población sentenciada. Esto se suma al incremento en el uso de la prisión preventiva, en muchos casos como respuesta a una creciente presión popular por el encarcelamiento de sospechosos. Sospechosos como Darío, aunque también sea un condenado.