Una expulsión, un voto

La nueva ley contra los sin papeles en el Reino Unido tiene muy poco que ver con el hecho de que sean muchos o pocos, o que vayan al alza o a la baja. Solo tiene que ver con el fenómeno político de que la inmigración es percibida como un problema por los votantes y será uno de los temas capitales en las generales de 2015. Y, por razones muy distintas, ninguno de los grandes partidos quiere mancharse las manos defendiendo a los inmigrantes.

La irrupción del partido UKIP, que perjudica sobre todo a los tories, ha llevado a David Cameron a olvidar el “conservadurismo compasivo” que le dio las riendas del partido y cada vez más se escora a la derecha y a la línea dura. Más que acompañarle, en ese viaje le arrastra Theresa May, que desde la atalaya del Ministerio del Interior intenta convertirse en una nueva Margaret Thatcher.

Los liberales, que mientras eran un partido protesta defendían la regularización de los sin papeles, dieron precipitadamente marcha atrás en la campaña electoral de 2010, cuando de repente se empezaron a ver formando parte del Gobierno, y se desdijeron de cualquier coqueteo con la inmigración.

Los laboristas han pasado años defendiendo las ventajas económicas de la inmigración y su aportación a la riqueza nacional. Esa genuina y sincera creencia en los beneficios de los foráneos les llevó a cometer un error del que nunca se han recuperado: renunciaron en 2004 a la posibilidad que tenían de imponer un periodo transitorio o abrir de forma escalonada las puertas del mercado laboral británico a los países de la Europa del Este cuando ingresaron en la UE.

La realidad, sea cual sea, no importa. Lo único que cuenta es la percepción popular de que hay demasiados inmigrantes

Los cálculos del Gobierno laborista se quedaron más que cortos y, desde entonces, lo único que cuenta políticamente en Reino Unido no es si hay muchos o pocos inmigrantes, si el saldo neto de extranjeros sube o baja, si las tensiones que puede haber en la vivienda o la sanidad se deben realmente a los extranjeros o a la falta de previsión del Gobierno o a los recortes del gasto público. La realidad, sea cual sea, no importa. Lo único que cuenta es la percepción popular de que hay demasiados inmigrantes. Y los laboristas han decidido que más vale hacer caso de la impresión de los votantes que de los análisis de sus economistas.

En dicho escenario, los políticos opinan que lo mejor es dar la imagen de que comprenden esa preocupación. Por eso, los laboristas y la coalición de conservadores y liberales-demócratas han dificultado el acceso de inmigrantes de fuera de la UE. Con tanto celo, que se han empezado a quejar las universidades porque está cayendo el lucrativo número de estudiantes extranjeros.

Los tories siguen buscando medidas para frenar la llegada de trabajadores de dentro de la UE, sobre todo porque el año que viene acaba el periodo transitorio que limita el acceso de búlgaros y rumanos. Pero ahí no hay mucho margen legal ni político, dado el europeísmo de los socios liberales de la coalición. En ese escenario, el pato lo pagarán los sin papeles.