“Goni pidió un arma para suicidarse”
El expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada pensó en quitarse la vida tras ser derrocado por la revuelta de 2003 que catapultó al indigenismo al poder
El levantamiento boliviano de 2003 “sorprendió a todos, al Gobierno de Sánchez de Lozada pero también a la principal fuerza de oposición, el Movimiento al Socialismo de Evo Morales”, explica el periodista Boris Miranda, que prepara un libro en el que intenta explicar aquel octubre negro de la historia reciente del país andino. “La rebelión culminó tres años de enfrentamientos cada vez más violentos entre los trabajadores y las Fuerzas Armadas conducidas por tres diferentes Gobiernos neoliberales”.
“En septiembre, Goni [como se conoce a Sánchez de Lozada] trató de escarmentar a los campesinos del pueblo de Warisata ordenando usar la fuerza para desbloquear una carretera cortada por una marcha de protesta (...) Y en el funeral de los seis muertos en aquel enfrentamiento las 20 federaciones de campesinos de La Paz juraron que no dejarían de movilizarse hasta derribar al presidente”. La guerra del gas, bautizada así por la oposición popular a la privatización del sector y la exportación de hidrocarburos desde puertos chilenos a EE UU, llegaba a su punto álgido.
La represión, según Miranda, selló el destino del presidente que había soñado con convertir a Bolivia en una economía de mercado, pero que no encontró la manera de transformar el flujo de inversiones extranjeras en una mayor prosperidad para la población. “Un mes después, en octubre, desesperado porque creía que, al escapar, su mujer había sido atrapada por la muchedumbre, Goni pidió la pistola de su edecán para suicidarse como Allende, una idea con la que había jugado más de una vez durante los días previos. Al final, tanto la esposa como el propio Sánchez de Lozada llegaron a los cuarteles donde los esperaban helicópteros para sacarlos de La Paz”, relata el periodista. Era el 17 de octubre y la ciudad sede del Gobierno estaba cercada por los bloqueos de la gente de El Alto, la urbe que rodea La Paz, que impedían el suministro de combustibles, alimentos y hasta medicinas.
Cinco días antes, el Gobierno había tratado de introducir 20 camiones cisterna custodiados por tanquetas, causando una treintena de muertos en el intento. La organización de este convoy de la muerte fue el principal cargo por el que se condenó a los comandantes de las fuerzas militares (15 años de prisión) y a los tres únicos ministros que permanecieron en el país (tres años). El resto del gabinete, incluyendo al hombre fuerte, el ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, está en el exilio. Con 83 años, Sánchez de Lozada vive en Washington, lejos del alcance de su gran enemigo Morales, que insiste en pedir su extradición. Goni goza de un estatus especial que EE UU se niega a explicar. Miranda, como muchos otros analistas, cree que Sánchez de Lozada es ya ciudadano norteamericano.
Un día después de aquel convoy de la muerte, el vicepresidente Carlos Mesa se apartó del Gobierno y posibilitó la sucesión constitucional. Ese mismo día Morales llegó de Libia, adonde había viajado para recibir un premio que le había concedido Gadafi. Solo faltaban cuatro días para la caída del Gobierno, periodo en el que, según Miranda, los militares pidieron al entonces líder de la oposición que tomara el poder. Evo les habría respondido que “él no era ningún golpista”. Gracias a esto la democracia boliviana sobrevivió a la crisis. Dos años después, Morales se convertiría en presidente por las urnas.
Recientemente, un grupo de fiscales bolivianos viajaron a Washington para preparar una nueva solicitud de extradición contra Sánchez de Lozada. La misión ha reavivado la esperanza de decenas de familias que desde hace diez años exigen justicia y resarcimiento para las víctimas de la guerra del gas. El objetivo es presentar pruebas suficientes que permitan a la justicia de EE UU presumir la autoría de los delitos que el Gobierno de Bolivia imputa a Sánchez de Lozada y a Sánchez Berzaín, por la muerte de 58 personas durante la represión militar de octubre de 2003.
Desde EE UU, el yerno de Goni, Maurició Balcázar, dice que “lo que ocurrió en octubre fue un golpe de Estado. En enero de 2003 Evo Morales anunció, en una conferencia de prensa, la creación del Estado Mayor del pueblo y, explícitamente, llamó al derrocamiento de Sánchez de Lozada. El último libro de Felipe Quispe contiene confesiones de cómo se organizó el plan, nombres, detalles de la emboscada al Ejército, dice cómo necesitaban muertos para crear banderas, porque, según señala, los aimaras son sensibles a los muertos”.
Respecto a la represión militar contra civiles en las zonas rurales y en El Alto, Balcázar responde: “El Ejército no salió primero, solo después de que se registraron muertos y una emboscada a las fuerzas del orden. Ante un plan violento y organizado, el Ejército reaccionó aplicando los procedimientos que toda institución armada tiene para responder en situaciones así (…). Los fallecidos en los enfrentamientos son las verdaderas víctimas, fueron instrumentos políticos del actual gobierno, que no ha tenido mucha sensibilidad en su trato posterior”.
El diario que Quispe redactó durante aquella revuelta se acaba de publicar bajo el título La caída de Goni. En el texto, el líder aimara admite que la idea de la revuelta india fue “tumbarlo y tomar el poder a cualquier precio”. Hay quienes creen hoy en La Paz que ante esta confesión de parte la Fiscalía debería intervenir de oficio y procesar a Quispe. “Sí, hay muchos que dicen que soy yo quien tiene que ir a la cárcel. Yo voy, no tengo miedo, no soy ningún cobarde ni soy colono, como ellos. No me voy a escapar porque esta patria es mía, aquí han nacido mis padres y aquí han matado a mis abuelos. Tal vez me den 30 años y deje mis huesos en la cárcel, pero la cárcel me encanta. Gracias a la cárcel he conocido la universidad, soy licenciado en Historia y profesor universitario”, dice el ex dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la organización que encabezó la revuelta.
Quispe excluye del levantamiento al entonces diputado y líder cocalero Evo Morales. “Evo estaba asustado en esa época, se sintió mal y se fue a Trípoli y a Ginebra, y regresó vía Caracas. Vio por televisión los sangrientos enfrentamientos de los aimaras. Volvió pocos días antes del desenlace”. El líder indigenista dice que Morales no estaba de acuerdo con la protesta aimara y, tras la salida de Goni, participó en el Gobierno de Mesa con dos ministerios. “Con nuestra protesta acabamos con el Gobierno y con los partidos tradicionales, pero la izquierda y las ONG hicieron aparecer a Evo como el único caudillo de la rebelión de los aimaras”.
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