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El juicio del ‘mensalão’ en Brasil puede alargarse hasta 2016

12 de los 25 imputados en el mayor escándalo de corrupción política aspiran a un nuevo proceso donde se podría rebajar sus penas

Tras un empate de cinco a cinco en el Tribunal Supremo, la decisión final depende del voto de un solo magistrado

Dilma Rousseff, Lula y José Dirceu, en 2005.
Dilma Rousseff, Lula y José Dirceu, en 2005. EFE

El caso mensalão, el proceso judicial sobre el soborno de diputados y partidos durante el primer Gobierno del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, considerado como el “mayor escándalo de corrupción política” de Brasil, parece no tener fin y a cada curva aparecen nuevas sorpresas.

Tras haber sido condenados a la cárcel 25 de los imputados, ahora 12 de ellos —los que a pesar de haber sido condenados por mayoría, tuvieron al menos cuatro votos a su favor— aspiran, amparados en un antiguo reglamento del Supremo, a tener un nuevo proceso que podría rebajar sus penas. En algunos casos, como en el de José Dirceu, considerado como la mente organizadora del caso y condenado a 10 años y 10 meses, este nuevo juicio podría evitarle el régimen de cárcel cerrada por el de abierto; o incluso favorecer la prescripción de algunos de los delitos por los que fue condenado.

La votación está cinco a favor y cinco en contra para conceder o negar ese nuevo proceso. La decisión final pende de un solo voto, el del decano de la Corte, Celso de Mello, que aún no se ha pronunciado. Sobre dicho voto están en vilo no solo los condenados, sino toda la clase política, el gobierno y la opinión pública. El temor es que la gente de a pie pueda ver en todo ello una maniobra para salvar a los políticos condenados. La decisión será tomada el próximo miércoles 18 de septiembre.

Si el voto de Mello fuera a favor del nuevo proceso, todo comenzará de nuevo no sólo para esos 12 condenados sino, quizás, también para los demás ya que, según apuntan algunos juristas, sus abogados podrían volver a solicitar una revisión de sus penas. En ese caso, el juicio podría prolongarse tres años más.

Si el voto del decano de la Suprema Corte fuera en contra de la revisión del juicio, los 25 empezarían a ingresar ya en la cárcel pues no cabrían más recursos. De ahí, las tensiones, expectativas y hasta curiosidades en curso.

Iniciado en 2005, con 44.000 páginas de actos y miles de entrevistas e interrogatorios a testigos, en este proceso figuran personajes de primera plana del Partido de los Trabajadores (PT) durante el primer Gobierno de Lula: toda la cúpula del partido y el presidente del Congreso además del entonces ministro de la Casa Civil, José Dirceu, considerado el brazo derecho de Lula en el Gobierno.

El caso mensalão fue interpretado por el PT como una estrategia para demonizar al primer Gobierno popular y progresista del país. Lo que los fiscales, primero, y la mayoría de los magistrados, después, decidieron fue que el PT, para asegurar al primer Gobierno de izquierdas una mayoría en el Congreso que no tenía, acabó sobornando con dinero público y privado a diputados y hasta partidos.

Para Lula y el PT, se trató sin embargo no de “sobornar” sino sólo de “convencer” a los partidos, tanto de izquierdas como de derecha y de centro para que se adhiriesen a la nueva aventura política que acabaría ofreciendo indiscutibles logros sociales y económicos. Para ello les habrían ofrecido participar directamente en la jefatura del Gobierno.

La mayoría de los magistrados que emitieron las sentencias del mensalão condenando a la cárcel a los políticos amigos de Lula, habían sido designados por él o por su sucesora Dilma Rousseff, lo que fue considerado para unos como un gesto de autonomía e independencia judicial, y para otros como una traición.

Acabado el proceso y emitidas las sentencias, fueron sustituidos dos de los magistrados para tomar el relevo de dos de ellos que acaban de jubilarse. Los dos nuevos: Teori Zavaski y Roberto Barroso, no pudieron participar a la dosimetría de las penas por no haber participado al proceso, pero enseguida dejaron entender que, a su juicio, algunos políticos habían sido condenados con excesivo rigor y que ellos les hubiesen impartido penas menores.

Y han sido estos dos nuevos jueces los que han defendido con mayor énfasis que se les conceda a esos condenados una revisión del proceso. Se basan en un artículo del viejo reglamento del Supremo que permite los llamados embargos infringentes, una revisión del juicio cuando los condenados cuentan con cuatro de los votos a favor. A los dos magistrados se unieron otros tres. Los otros cinco estuvieron en contra, alegando que aquel reglamento fue sustituido por la nueva Constitución de 1988 que regula toda la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal.

En la nueva ley sobre el Supremo no figuran, en efecto, los embargos infringentes, pero tampoco se dice de forma explícita que hayan sido derogados. De ahí la discusión y las posturas encontradas que ha dividido salomónicamente a la Corte.

Los que abogan por el nuevo proceso alegan que ante la duda hay que dar al condenado la posibilidad de una nueva oportunidad. Los que están en contra, piensan que se trata más bien de una maniobra para rebajar o, al menos, seguir aplazando los años de cárcel a los políticos. Según ellos, la opinión pública entenderá una vez más que los políticos siguen gozando de una impunidad que no goza el resto de los condenados mortales. La gente de la calle dice, por ejemplo, que a la cárcel van sólo los de las “tres p”: pobres, prostitutas y pretos (negros).

Al mismo tiempo, tanto el Gobierno como el mundo político, prefiere, como destaca la prensa, que la página del mensalão con todas sus polémicas y rasgaduras acabe de una vez. Algunos de los magistrados han llegado a decir literalmente que “ya están hartos” de él. Fuera de los condenados, pocos, en efecto, hoy desean que el año que viene, en plenas elecciones presidenciales, el Mundial de Fútbol y las quizás posibles nuevas protestas sociales, siga vivo el fuego de un proceso que tantos quebraderos de cabeza ha dado a tirios y troyanos.

La decisión, sin embargo, está únicamente en el voto de conciencia de los 11 magistrados de la Alta Corte de Brasil. O mejor, de uno solo de ellos, que hoy por hoy, si en estos días no cambia de opinión, parece inclinarse por los que piden una revisión del proceso. Esta revisión podría alargase hasta 2016, cuando la composición de la Corte, gracias a las jubilaciones obligatorias a los 75 años, podría ser otra.