Naciones Unidas acusa al régimen y a los rebeldes sirios de crímenes de guerra

Mientras Estados Unidos y Rusia debaten sobre el futuro del arsenal químico del régimen sirio, y dejan con ello en el aire una intervención militar norteamericana, el conflicto sigue su curso, con más de 100.000 muertos en 30 meses y un alarmante incremento de las masacres y los crímenes de guerra. El último informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, publicado este miércoles, alerta de la comisión sistemática de masacres, ejecuciones sumarias, tortura y violaciones por parte del régimen, que ha llegado a bombardear hasta hospitales. En el otro bando, cuanto más tiempo discurre, más se radicalizan los extremos de la oposición armada. En meses recientes las milicias islamistas, libremente afiliadas a Al Qaeda, han emprendido asesinatos y tortura en su campaña de imposición de la ley islámica en los retazos que logran controlar de un país donde el conflicto es ya la única ley imperante.

La revuelta ha cumplido 30 meses sin que ninguna parte pueda anticipar una victoria segura. El régimen controla férreamente Damasco y las grandes ciudades, con la excepción de Alepo, y los rebeldes por su parte se han hecho con el control regiones en el norte y el este del país, con notables pérdidas en meses recientes, como la de Qusair, en la frontera con Líbano. Con el conflicto enquistado, el presidente Bachar el Asad, quien esta semana ha ofrecido concesiones diplomáticas como la entrega de su arsenal químico, sigue bombardeando zonas rebeldes con medios tradicionales, como artillería, misiles o fuego aéreo. “El conflicto se halla en punto muerto, con las dos partes en liza convencidas de que una victoria militar es posible”, asegura el informe.

Los investigadores dicen tener pruebas de que se ha detenido a numerosos menores de entre 15 y 18 años arbitrariamente en puestos de control.

Hoy admitió el estrepitoso fallo de la diplomacia en Siria el propio secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, quien dijo en Nueva York en tono sobrio que “el fracaso colectivo de evitar crímenes atroces en Siria en los pasados dos años y medio permanecerá como un pesado lastre en el prestigio de la ONU y sus estados miembros”. A día de hoy, la ONU sigue defendiendo que la solución al conflicto sirio debería ser política y negociada, oponiéndose a armar a los rebeldes o a una intervención militar al margen del Consejo de Seguridad. Aunque las gestiones diplomáticas en el seno de la ONU versan ahora sobre armas químicas, estas son responsables de no más de un 2% de las víctimas en el conflicto.

El último informe de la ONU lo ha elaborado la Comisión Independiente Internacional de Investigación sobre Siria, liderada por el diplomático brasileño Paulo Sergio Pinheiro. Formada en agosto de 2011, documenta las violaciones del derecho internacional en el transcurso del conflicto. Ha registrado al menos nueve masacres en el último periodo analizado, entre el 15 de mayo y el 15 de julio. Ocho se las atribuye a las fuerzas gubernamentales, entre ellas la ejecución de hasta 250 personas, en su gran mayoría civiles, en Baida el 2 de mayo.

Ambas partes perpetraron ejecuciones sumarias, según el informe de la ONU. En el bando gubernamental detecta un uso sistemático de los asesinatos de civiles. “La coordinación y toma de parte de organizaciones del gobierno en esos ataques indica que son institucionalizados”, añade. Los excesos de los opositores en ese apartado son más desiguales y aislados, pero no por ello menos cruentos. En junio, radicales islamistas mataron a un cura católico y también a un menor de 15 años, acusado de blasfemia. Grupos armados han creado tribunales que en los bastiones rebeldes imparten justicia de acuerdo con la sharia, o ley islámica, sin el adecuado juicio.

“La tortura es común”, dice, taxativo, el informe. “El dolor y sufrimiento severos, físico y mental, se infligen deliberadamente para obtener información o confesiones, como castigo”. De nuevo, los expertos de la ONU consideran que la tortura del régimen obedece a un patrón estratégico, efectuada incluso en hospitales, con la participación de los servicios de inteligencia. En violación del derecho humanitario, el gobierno sirio “ha forzado a profesionales médicos en hospitales militares al maltrato de los detenidos”. Los centros médicos, de hecho, se han convertido en objetivos legítimos para el régimen, que al atacarlos deja, además, a rebeldes combatientes y civiles sin tratamiento médico en muchos casos vital.

La tortura en el bando rebelde ha ido en aumento gracias a la impunidad con la que operan en sus bastiones las milicias rebeldes, en muchas instancias afiliadas libremente al Ejército Libre Sirio, el interlocutor que Occidente considera legítimo. En una prisión en la provincia de Alepo las llamadas brigadas de la Tormenta del Norte controlan una prisión con capacidad para 300 personas en la que han colocado a los detenidos en un hoyo de 1,5 metros de alto, para cubrirles con una plancha de metal durante dos días. En la misma zona, el llamado batallón Sadam Husein forzaba a los presos en su custodia a doblarse para entrar en un neumático, propinándoles luego golpes con palos.

Según los testimonios recabados por la ONU, la amenaza de violación es un arma de intimidación a la que recurren ampliamente las fuerzas gubernamentales “para aterrorizar y castigar a mujeres, hombres y niños a los que se considera afiliados a la oposición”. Aunque las agresiones sexuales no se suelen discutir de forma abierta por motivos culturales, los investigadores cuentan con testimonios de diversas mujeres que han sido violadas o que han presenciado la violación de compañeras de celda o prisión cuando se han hallado bajo arresto, en lo que, según el derecho penal internacional constituye un crimen de guerra.

No solo la ONU llama la atención sobre el hecho de que las armas químicas no son el único problema en el cruento conflicto sirio. Este miércoles, el Comité Internacional de la Cruz Roja pidió a EE UU y Rusia que, en sus negociaciones en el seno del Consejo de Seguridad sobre el posible desarme de El Asad, traten también sobre las grandes dificultades que su personal encuentra a la hora de ofrecer atención médica a los muchos civiles heridos por el conflicto. Según el presidente de esa organización internacional, Peter Maurer, “se necesita apoyo político y diplomático a la acción humanitaria independiente”.