“Hay que separar la política de drogas y la política de seguridad”

“Llegó el momento de separar la política de drogas y la política de seguridad”, ha asegurado este lunes Antonio Mazzitelli, representante de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito en México. Mazziteli ha hablado en contra de criminalizar el consumo y a favor de perseguir a los cárteles en el foro sobre políticas públicas en materia de drogas para la Ciudad de México, que la Asamblea Legislativa del DF organiza hasta el miércoles.

El simposio, promovido por la izquierda gobernante en la capital, reúne a expertos, representantes de la Organización de los Estados Americanos y de la Organización Mundial de la Salud en un momento en el que el progresista DF se plantea seguir los pasos de casi una veintena de Estados de EE UU. El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea del DF Vidal Llerenas prepara para este mes un borrador de regulación la marihuana en la ciudad inspirado en estos foros y en el modelo de Colorado, que también tolera el uso recreativo del cannabis.

“Los convenios internacionales en materia de droga dejan a los Estados miembros la facultad de perseguir desde el punto de vista criminal el consumo”, recuerda Antonio Mazziteli en una entrevista posterior. México, por ejemplo, no persigue a quienes portan pequeñas cantidades para consumo propio (hasta cinco gramos en el caso de la marihuana). “Las convenciones no piden a los estados criminalizar al consumidor, al contrario: piden que brinden servicios como rehabilitación y reinserción social a los consumidores”, y en particular a los que tienen problemas o que cometen crímenes bajo la influencia de estas sustancias. Una herramienta es la justicia alternativa, es decir, los tribunales de adicciones que juzguen y castiguen los delitos cometidos bajo influencia de sustancias (también legales, como el alcohol).

Desde 1988, las convenciones internacionales pasaron de centrarse en la fiscalización de sustancias a perseguir la destrucción de redes que sacan provecho de ellas. “Hay que perseguir” a las organizaciones dedicadas a la producción, la distribución y la venta, subraya Mazzitelli. Especialmente a las trasnacionales que crean rutas que pueden utilizar para transportar todo tipo de “bienes” de tráfico.

¿Pero dónde está el límite entre legislación nacional y convenios internacionales? Recientemente, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) advirtió a Uruguay de que la aprobación en la Cámara de Diputados de una ley que despenaliza la producción y distribución de cannabis era una "completa contravención" de los tratados trasnacionales. Estos acuerdos “dicen muy claramente que el cultivo, la producción y la distribución de sustancias controladas está permitido solo por fines científicos y farmacéuticos”. El empleo con fines recreativos está fuera de discusión.

Los países miembros, señala el representante de la Oficina de Enlace de la ONU contra las drogas, tendrán un segmento de alto nivel de la comisión de estupefacientes del organismo la primavera próxima. Esta reunión servirá para preparar la asamblea general de 2016, que a su vez evaluará el funcionamiento del sistema. “Pero hasta ahora, ningún miembro de las convenciones internacionales ha presentado una petición para modificar los fundamentos de las convenciones”, apunta Mazzitelli. “Las políticas globales han ido en la dirección justa, pero desafortunadamente, sobre todo hablando de marihuana, se ha vivido una banalización del consumo (...) que ha llevado a situaciones en las que se presenta como menos dañina que el tabaco. Eso no es cierto. Y además hay intereses económicos para que esto pase”.