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Bolivia pide a Rousseff la entrega del senador huido a Brasil

Morales quiere que Pinto Molina afronte la veintena de juicios que tiene pendientes en su país

El presidente de Bolivia, Evo Morales.
El presidente de Bolivia, Evo Morales. EFE

El Gobierno boliviano espera una explicación oficial del Gobierno de Dilma Rousseff sobre la salida subrepticia el pasado viernes del senador opositor Roger Pinto Molina a Brasil, tras permanecer asilado 455 días en su embajada en La Paz. Así lo ha afirmado este miércoles el presidente Evo Morales, que se ha referido por primera vez a un asunto que ha costado la dimisión del ministro de Exteriores brasileño, Antonio Patriota. Devolver al senador a Bolivia sería, según Morales, “la mejor forma de contribuir a la lucha contra la corrupción”.

“Estamos esperando una respuesta oficial a la nota diplomática enviada por la cancillería”, ha declarado Morales durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno. Pinto, de la opositora Convergencia Nacional, viajó en un vehículo con placas diplomáticas durante 22 horas por tierra acompañado del encargado de negocios de la embajada de Brasil en La Paz, utilizando la carretera troncal que une el altiplano con los llanos orientales hasta la frontera en Puerto Suarez para embarcarse luego en avión desde Corumbá.

El gobernante boliviano sugiere que el senador sea devuelto a su país para que afronte una veintena de procesos judiciales que tiene pendientes dentro de la política de lucha contra la corrupción.

Morales expresó su preocupación ante una posible acción de grupos conservadores del país vecino que “quieren enfrentar” a los gobiernos de las dos naciones, cuyas relaciones –con un fuerte contenido económico- se han tensado en los últimos tiempos. “Quieren crear desconfianza”, ha dicho el presidente, y ha matizado que “el sentimiento del Gobierno brasileño” es distinto a los grupos que quieren proteger la corrupción.

Pinto buscó asilo en la embajada de Brasil el 28 de mayo de 2012, donde permaneció prácticamente aislado hasta el pasado viernes, pese a las reiteradas peticiones que la cancillería brasileña presentó en La Paz para que el gobierno le otorgara un salvoconducto. Este documento le fue negado en todas las ocasiones, inclusive bajo la advertencia del Fiscal General, entonces el abogado Mario Uribe, de sancionar a aquella autoridad que se atreviera a conceder permiso de salida al senador.

El senador insistió antes de asilarse en entregar personalmente al presidente Morales un expediente con una serie de denuncias sobre hechos presuntamente irregulares en su gobierno “con el ánimo de que ordene una investigación”, según declaró en una entrevista exclusiva de la Cadena A de La Paz.

En la entrevista con la Cadena A, Pinto señaló que la información entregada al presidente procedía de fuentes de “inteligencia del propio gobierno”, que habían detectado irregularidades en el caso de una operación policial en un hotel de la ciudad boliviana Santa Cruz, donde se abatió a tres europeos acusados de terrorismo, y sobre sospechas de presuntos vínculos entre colaboradores gubernamentales y el tráfico de estupefacientes. “A partir de entonces comenzó la persecución”, afirmó y aseguró que las amenazas de represalias le llevaron a refugiarse en la embajada brasileña. El gobierno de Rousseff le otorgó el asilo, pero con su salida ilegal debe tramitar la concesión de refugiado político.

Las demandas contra él son ya 22, de las que ocho corresponden a cargos de aprovechamiento indebido de recursos forestales y tala no autorizada en unas 1.000 hectáreas, propiedad del senador en el departamento de Pando. Otros siete procesos, por delito de desacato, fueron anulados tras un fallo del Tribunal Constitucional-, otra del Ministerio de Transparencia por daños económicos al Estado, calculados en 18 millones de Bolivianos (menos de dos millones de euros). El senador declaró que otros ocho juicios están relacionados con las denuncias sobre presuntos nexos con el narcotráfico.

El presidente Morales ha lamentado la salida ilegal del país de una persona con una sentencia de cárcel –que se falló este año- y cuatro arraigos que le impedían abandonar el territorio boliviano y ha advertido que los procesos van a continuar. Las autoridades bolivianas han hecho énfasis en que Pinto no es un perseguido político sino más bien un prófugo de la justicia.

El canciller boliviano, David Choquehuanca, lamentó que la salida de Pinto. “Puede ser un mal precedente no sólo para Bolivia sino para la comunidad internacional si es que al amparo de la inmunidad diplomática permitimos actos ilegales”, además de quebrantar acuerdos, convenciones y mecanismos de cooperación entre estados.

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