Un informe exagera sobre la actividad de los cárteles mexicanos en Estados Unidos

El año pasado, en una intervención ante el Comité de Fuerzas Armadas en la que habló sobre los problemas de seguridad en el hemisferio occidental, el senador John McCain citó una seria advertencia sobre la difusión de los cárteles mexicanos de la droga en Estados Unidos.

“Los cárteles”, dijo el senador republicano por Arizona, “están presentes ya en más de mil ciudades”.

McCain basaba sus palabras en un informe elaborado por una división ya desaparecida del Departamento de Justicia, el Centro Nacional de Inteligencia sobre drogas (NDIC en sus siglas en inglés), que en 2011 había llegado a la conclusión de que las organizaciones criminales mexicanas, entre ellas siete grandes cárteles de narcotraficantes, operaban ya en más de mil ciudades estadounidenses.

Pero esa cifra, muy utilizada por medios de comunicación en todo el país, es confusa en el mejor de los casos, según varios miembros de las fuerzas de seguridad y analistas de políticas sobre la droga que ha entrevistado The Washington Post. Dichas fuentes aseguran que los números están inflados, porque se fiaron demasiado de las informaciones dadas por los propios organismos policiales, en lugar de recurrir a casos penales documentados en los que estaban involucrados los narcotraficantes mexicanos.

El Post ha entrevistado a agentes de la policía local de más de una docena de ciudades estadounidenses, que se mostraron sorprendidos al enterarse de que el gobierno federal hablaba de la existencia de actividad de los cárteles en sus comunidades.

“Primera noticia”, dijo Randy Sobel, jefe de policía de Middleton, New Hampshire.

“No hay nada de eso, que yo sepa”, declaró David Lancaster, jefe de policía de Corinth, Mississippi.

El año pasado se cerró la sede del NDIC en Pennsylvania y su personal pasó a formar parte del organismo encargado de hacer cumplir las leyes sobre drogas, la Drug Enforcement Administration. Las fuentes de la DEA consultadas no han querido hacer pública una lista de ciudades afectadas, alegando “razones policiales”.

En privado, varios funcionarios de la DEA y el Departamento de Justicia dicen que no se fían de que la lista sea exacta.

“No es una cifra proporcionada por la DEA”, dice un funcionario de este organismo, dispuesto a hablar con franqueza sobre el informe a condición de preservar su anonimato. “No queremos que se nos relacione con este dato”.

El Post ha podido identificar más de un tercio de las ciudades enumeradas mediante el uso de técnicas de cartografía informática y documentos del gobierno. El análisis revela que, según el gobierno, existe actividad de narcotraficantes mexicanos en lugares insólitos: 20 ciudades en Montana, 25 en Oregón, 25 en Idaho y 30 en Arkansas.

Es indudable que los cárteles mexicanos operan en Estados Unidos. Los analistas de las políticas contra la droga calculan que alrededor del 90% de la cocaína, la heroína, la marihuana y la metanfetamina que llega a las calles estadounidenses procede de los cárteles y sus redes de distribución en méxico y la frontera del suroeste de Estados Unidos. Fuentes de la DEA dicen que tienen documentados numerosos casos de actividad de cárteles en Houston, Los Angeles, Chicago y Atlanta.

Sin embargo, los analistas que estudia el narcotráfico rechazan la idea de los narcos mexicanos, tanto los más violentos como otras organizaciones, están presentes en más de mil ciudades de Estados Unidos.

“Dicen que hay mexicanos que actúan aquí y que deben de formar parte de una organización de narcotraficantes mexicanos”, explica Peter Reuter, que codirigió un estudio sobre drogas para el think-tank sin ánimo de lucro Rand y que hoy es profesor en la Universidad de Maryland. “Estas cifras son una leyenda, y se asientan cada vez más por el eco que reciben”.

“No me sorprende que la DEA no esté de acuerdo con esas cifras”, asegura Michael F. Walther, que dirigió la agencia entre 2005 y 2012. “A ellos les gusta dar una imagen más positiva del mundo. Yo respaldo la labor de nuestros analistas en el NDIC”.

Los analistas de las políticas contra la droga dicen que la enorme difusión de esos datos forma parte de una estrategia, dentro de la larga “guerra contra las drogas”, consistente en airear estadísticas dudosas para intentar cuantificar el problema de la droga en Estados Unidos y justificar presupuestos.

“En Washington les encantan las cifras fantasiosas”, dice John Carnevale, antiguo funcionario de los organismos encargados de la lucha contra la droga y de presupuestos, que trabajó con tres presidentes y cuatro “zares de la droga” en la Oficina Nacional de Política para el control de las drogas, en la Casa Blanca. “Una vez que la cifra se conoce, si procede de una fuente que se considera creíble, es muy difícil refutarla, casi imposible, aunque esté equivocada”.

El NDIC cerró en junio de 2012 después de 19 años de trabajo y de haber gastado más de 690 millones de dólares de dinero de los contribuyentes. Pero los datos proporcionados por el Centro siguen presentes, citados en informes del Congreso sobre seguridad en la frontera con México y en los testimonios de altos miembros de las fuerzas armadas e importantes parlamentarios en Capitol Hill.

“Los cárteles tienen ya presencia en más de mil ciudades de Estados Unidos”, decía un informe de 2012 elaborado por el subcomité de violencia y terrorismo en la fronera del Suroeste dentro del comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

“En nuestra frontera meridional se está desarrollando una rebelión terrorista”, afirmó el entonces presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Connie Mack (republicano de Florida) durante una sesión de 2011 sobre la lucha contra las organizaciones criminales internacionales. Habló de “las actividades en todo México y en Centroamérica, además de más de mil ciudades estadounidenses”.

Los analistas de las políticas contra la droga dicen que las definiciones que da el NDIC de lo que constituye una organización mexicana de narcotráfico son rebuscadas y no demasiado útiles, y que dan pie a confusiones y malas interpretaciones. En su informe de 2010 , el centro empleaba la expresión “organizaciones mexicanas de tráfico de drogas” y decía que tenían su base en México o Estados Unidos y que sus líderes eran ciudadanos mexicanos. La definición de “presencia” en una ciudad estadounidense consistía en que hubiera al menos un miembro de la organización involucrado en “algún tipo de actividad relacionada con el tráfico”.

En su informe de 2011, el centro empleaba la expresión “organizaciones criminales transnacionales”, que englobaba a siete grupos con sede en México, entre ellos los famosos cárteles de Sinaloa y los Zetas. En una nota, el informe ampliaba la definición para incluir a los traficantes que compraban droga a los cárteles.

De acuerdo con estas definiciones, dicen los analistas, cualquier mexicano al que se encuentre vendiendo una pequeña cantidad de marihuana en una ciudad estadounidense podría considerarse una prueba de la presencia de una organización o un cártel mexicano de la droga.

“Estas definiciones son intercambiables e indistinguible”, dice Peter Andreas, analista de políticas contra la droga en la Universidad de brown, que ha escrito un libro sobre las políticas de la droga titulado Border Games: Policing the U.S.-Mexico Divide (Juegos fronterizos: La vigilancia de la frontera EEUU-México). “Este es un ejemplo especialmente escandaloso de una costumbre que, por desgracia, ha pasado bastante inadvertida”.

Walther, antiguo jefe del NDIC, dice que es difícil determinar qué constituye presencia de un cártel mexicano porque existen distintos tipos de relación entre los camellos, las redes de distribución y las operaciones al sur de la frontera. Pero también dice que el centro lo hizo lo mejor que pudo y que era frecuente que criticaran al NDIC porque su tarea era dar malas noticias.

“En la Administración, lo normal es que a los distintos organismos no les guste que les digan que no han logrado sus objetivos”, dice Walther que hoy trabaja de abogado penalista en Pennsylvania y hace poco elaboró un estudio para la Universidad del Ejército titulado “Insanity: Four Decades of U.S. Counterdrug Strategy” (Una locura: Cuatro décadas de estrategia antidroga en Estados Unidos).

“No existe ningún glosario aceptado por todos”, dice. “Algunas distinciones son demasiado sutiles para que las aprecien personas que no se dedican profesionalmente al mundo de la lucha contra las drogas”.

Los antecedentes de las cifras del NDIC se remontan a los tiempos del primer zar de la droga, durante el gobierno de George H.W. Bush, en 1989. En aquel entonces había 19 organismos federales encargados de elaborar informes sobre el tema, por lo que las autoridades decidieron crear un órgano que permitiera centralizar y coordinar las distintas informaciones.

En teoría, el Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas parecía una buena solución. En su creación participó el entonces representante John P. Murtha (demócrata de Pennsylvania). Murtha presidía el subcomité de defensa del comité de Presupuestos de la Cámara, y en 1992 obtuvo una asignación de 40 millones de dólares del Departamento de Defensa. El centro se estableció en unos grandes almacenes abandonados de su ciudad natal, Johnstown, Pennsylvania, a a 290 kilómetros de Washington.

En la ceremonia de inauguración, en 1993, la entonces ministra de Justicia, Janet Reno, dijo que el NDIC constituía “un hito crucial” en los esfuerzos del gobierno de Clinton para luchar contra la droga.

Sin embargo, en la Casa Blanca, algunos, como Carnevale, pensaron que el NDIC era un despilfarro de Washington.

“Les dieron mucho dinero”, explica. “Contrataron a mucha gente. Pero estaban demasiado lejos, y muchos de nosotros no leíamos sus informes”.

En una entrevista reciente, el antiguo jefe de gabinete de Murtha defendió el NDIC.

“Hicieron una labor espléndida. No fue un un caso de favoritismo”, dijo John Hugya, que trabajó para Murtha durante 23 años. “Allí trabajaban muchos profesionales. Yo les tenía un gran respeto a todos”.

El 8 de febrero de 2010, murió Murtha, a los 77 años, y el NDIC perdió a su protector.

Dos meses después de su fallecimiento, el NDIC hizo público un “Informe de situación” titulado “Cities Where Mexican Drug Trafficking Organizations Operate Within the United States” (Ciudades en las que actúan las organizaciones mexicanas de narcotráfico dentro de Estados Unidos). El informe decía, con “gran confianza”, que operaban “al menos en 1.286 ciudades”.

Para obtener esa cifra, el centro empleó una metodología que varios responsables de la policía federal ponen hoy en tela de juicio. Los agentes del NDIC sobre el terreno sondearon 1.200 departamentos de policía en todo el país y les preguntaron si tenían organizaciones mexicanas de narcotráfico en sus comunidades. Según el informe, de esos departamentos, 1.039 dijeron que sí. Después, el centro añadió ese total a otra cantidad basada en informaciones de casos recopiladas por los equipos de lucha contra la droga y el crimen organizado del Departamento de Justicia, que informaron de que había organizaciones mexicanas de narcotráfico en 247 ciudades estadounidenses.

“La metodología era defectuosa desde el principio”, dice un funcionario del Departamento de Justicia que conoce el informe y que también ha hablado a condición de mantener el anonimato. “Me dijeron que llamaban por las buenas a personas en distintas ciudades, todas las que les fue posible, y preguntaban: ‘¿Tienen a algún mexicano relacionado con las drogas?’ Y les contestaban: ‘Sí, claro’”.

Los analistas de las políticas contra la droga dicen que los sondeos basados en informaciones propias tienden a la exageración, en especial cuando los órganos policiales locales y estatales están a la caza de dineros federales para incrementar sus presupuestos.

“Cuando los presupuestos del departamento están sufriendo recortes, todos quieren demostrar que están protegiendo a la población de un peligro”, explica Eric E. Sterling, presidete de la Criminal Justice Policy Foundation, un grupo que pretende reformar la política policial y antidroga. “Si dicen que hay esbirros mexicanos en mil ciudades, no van a reducirles el presupuesto”.

Más de un año después de que falleciera Murtha, en agosto de 2011, el NDIC publicó su segundo informe, titulado “Valoración de la amenaza nacional de las drogas”. En él, el centro modificó la cifra de 1.286 y dijo que varias “organizaciones criminales transnacionales” mexicanas estaban “actuando en más de mil ciudades estadounidenses entre 2009 y 2010”.

Los analistas de políticas contra la droga aseguran que los datos del NDIC y otras afirmaciones dudosas tienen consecuencias importantes.

“No tenemos ni idea de cuántos miembros de cárteles mexicanos están en activo ni dónde, y las afirmaciones de ese tipo son un verdadero problema para las políticas públicas”, dice David A. Shirk, un profesor de ciencias políticas en la Universidad de San Diego que estudia los problemas de la frontera. “Los ciudadanos tienen derecho a saber si los organismos federales están haciendo bien su trabajo, y, cuando no hay información verificable, gran parte de ese trabajo se pone en duda”.

Aunque la DEA se ha negado a hacer pública la lista de ciudades, el Post ha podido localizar cientos de ellas mediante el análisis de un mapa que acompañaba a un informe anterior del NDIC.

The Washington Post se ha puesto en contacto con responsables policiales de 24 ciudades. Si bien algunos dijeron que habían encontrado posibles relaciones con los cárteles, los agentes de 18 de las ciudades investigadas dicen que no son conscientes de que haya actividad relacionada con el narcotráfico en sus comunidades.

El NDIC informó de una presencia vinculada al Cártel de Juárez en el antiguo pueblo minero de Ladd, Illinois, en el norte de la parte central del estado. El jefe de policía de Ladd, William Gaefcke, dice que no se le ocurre más que un motivo por el que si pueblo, de 1.300 habitantes, figuraba en el informe. Hace unos años, su departamento, junto con dos agentes federales, investigó una denuncia de que el cártel estaba introduciendo de contrabando armas de asalto en la región.

La investigación no produjo resultados.

“El caso se desechó, porque no tenía fundamento”, dice Gaefcke.

El NDIC informó de que el Cártel de Juárez estaba relacionado con la actividad de narcotráfico en Garden City, Kansas, célebre por ser el lugar en el que se produjo el juicio por asesinato descrito en el libro de Truman Capote A sangre fría.

“Tenemos drogas en nuestra comunidad”, dice el capitán Michael Utz, del Departamento de Policía de Garden City. “Ahora bien, si me pregunta si el Cártel de Juárez actúa en esta ciudad, no tengo ninguna información al respecto”.

El NDIC hablaba también de actividad del Cártel de Tijuana en South Lake Tahoe, California.

“No he visto ningún vínculo con el Cártel de Tijuana”, dice el jefe de policía, Brian T. Uhler. “Me resulta soorprendente. Hay aquí bandas que tienen conexiones en todo el estado, y quizá existan nexos con los cárteles. Supongo que la afiliación puede querer decir muchas cosas diferentes para los servicios policiales”.

© WASHINGTON POST 2013

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia