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Perú flexibiliza los plazos para que los mineros irregulares se legalicen

El país incrementó en 2012 las sanciones para este delito

Los trámites de formalización permiten que la actividad siga hasta 2014

Operación de minería ilegal cerca del Puente Inambari, Madre de Dios. rn
Operación de minería ilegal cerca del Puente Inambari, Madre de Dios.

Unos 30.000 mineros ilegales están en proceso de formalización y en septiembre y octubre vencían plazos para que, la mitad de ellos, entregue documentos como parte del trámite, en un cronograma hasta abril de 2014. Sin embargo, las organizaciones que los representan, y que también representan a los que prefieren seguir al margen de la ley, bloquearon carreteras para presionar al Gobierno a prorrogar las fechas. Tras las negociaciones en Lima, el sábado, una resolución suprema dispuso “facilidades en los plazos”, aunque mantuvo abril como tope. La norma además establece el 2016 como objetivo para el “saneamiento” de la minería en pequeña escala, lo cual ha sido percibido por algunos medios y las ONG como condescendencia con quienes deforestan, evaden impuestos, y se alían a la delincuencia.

La extracción ilegal de minerales se incrementó en los últimos años por una conjunción de motivos: el alza del precio internacional de los metales, la construcción de carreteras y la coexistencia con la gran minería formal, señalan funcionarios públicos y expertos. Hay unos 100.000 mineros ilegales en 21 de 25 departamentos del Perú, y en algunas de las zonas impiden el ingreso o tránsito de la autoridad. La actividad atrae además a los sicarios y la prostitución infantil.

En marzo del año pasado el Gobierno de Ollanta Humala endureció las penas para los mineros ilegales, que operan en desacato a las normas administrativas y ambientales o en lugares no permitidos, y puso plazos para que inicien trámites que permitan a los organismos públicos fiscalizar sus actividades. Los procedimientos incluyen la presentación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) -que reconoce la existencia del daño- y de una declaración de compromiso de formalización, un documento que solo pide el nombre, firma y huella digital. El plazo para presentar el IGAC venció en febrero, y el de la declaración de compromiso en diciembre pasado, pero los mineros ilegales que presentaron la declaración pueden seguir operando hasta el 19 de abril de 2014, fecha límite de la formalización nacional. ¿Hasta esa fecha pueden seguir contaminando, deforestando y vendiendo mineral?, preguntó EL PAÍS a un funcionario del Ministerio del Ambiente. “En cierto modo, sí”, respondió.

“Sigue la minería ilegal en Madre de Dios (selva sur) y Puno (sierra sur), y se ha incrementado en Ica, Piura y Trujillo. En el cerro El Toro, en La Libertad (sierra norte), existen 4.500 mineros ilegales, de los cuales 132 han presentado sus declaraciones de compromiso”, informa a EL PAÍS Alicia Abanto, adjunta del Defensor del Pueblo en Medio Ambiente y Servicios Públicos. Hace dos años había 700 mineros en ese lugar.

“Que solo ese número haya manifestado su voluntad de formalizarse indica, en ese caso, que en una de las zonas más delicadas de La Libertad la mayoría ha preferido mantenerse en la ilegalidad pura”, añade Abanto.

Un informe del Gobierno regional de La Libertad refiere que en el Cerro El Toro las actividades se desarrollan “sin control de la autoridad, pues la zona se encuentra cercada y vigilada, no siendo posible el ingreso sin el consentimiento de los mineros informales, más de 500 familias de la comunidad de Shiracmaca en el sector del Cerro El Toro están expuestas a la supuesta contaminación por cianuro”.

Un testigo de la producción de minería ilegal en Cerro de Pasco (sierra central) reveló a EL PAÍS que en junio se pagaba 80 soles (28 dólares) por un gramo de oro. “Lo venden como si fueran galletas. En la parte alta de los cerros al pie de una carretera hay unas cuevas que nadie mira. Tres veces por semana sacan mineral en camiones, lo llevan como si fuera piedras o tierra, nadie se da cuenta”, detalló.

Este lunes el ministro de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal aseguró que el Gobierno no había postergado los plazos a favor de esta actividad ilegal, a diferencia de lo que los principales medios informaron el sábado. “Hay aspectos de la descentralización que quizá deban corregirse. Si los Gobiernos regionales no pueden encargarse de la fiscalización, podrán firmar un convenio para devolverle la atribución al Gobierno central”, añadió Pulgar Vidal en una conferencia de prensa.

“La minería ilegal y la gran minería formal no coexistían antes. Actuaban en territorios separados, ahora esa coexistencia es variada. Por ejemplo, el departamento de Apurímac (sierra sur) concentra los mayores montos de inversión minera formal, más que Cajamarca, y allí está creciendo mucho la minería ilegal, con una Federación de Mineros que tiene un discurso de derechos. Cuestionan la concentración y acaparamiento de grandes concesiones como el proyecto Las Bambas, que abarca dos provincias de Apurímac”, explica José De Echave, cuya ONG documenta el avance de la minería ilegal en un observatorio de conflictos mineros.

El mayor daño causado por la minería ilegal ha ocurrido en el departamento de Madre de Dios, en la selva sur. La deforestación y contaminación con mercurio afecta en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tampopata-Candamo. Uno de los primeros estudios sobre la contaminación en esa región, presentado en febrero, reveló que el 78% de los adultos en Puerto Maldonado -capital de Madre de Dios- tiene niveles de mercurio en el cabello superiores a los límites de referencia internacional para la salud humana. El Carnegy Amazon Mercury Ecosystem Project descubrió además que el 60% de los peces consumidos en esa misma ciudad, contienen también niveles superiores a los límites para la salud.

La minería ilegal también se sirve de la fuerza contra pequeñas comunidades. Marcos Pastor, experto del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) comentó a EL PAÍS que, por lo común, los mineros informales hacen acuerdos con los apus (jefes) de comunidades nativas en la selva, les ofrecen construir pequeñas obras de infraestructura, a cambio de que les dejen operar en sus territorios, pero “luego se instalan con gran cantidad de maquinaria, personal, armas, y cuando no cumplen, la población ya no puede echarse atrás”.

Otro funcionario público reconoció a EL PAÍS que la construcción de la carretera Interoceánica, que conecta la costa sur de Perú con Brasil, atravesando Madre de Dios, facilitó la entrada de mineros ilegales a los ríos. Hasta abril de 2014, ¿cuánto más territorio y personas serán víctimas de la minería ilegal?