España decidirá si revoca ventas de armas a Egipto por casi 100 millones

La próxima semana se decidirá si la medida se aplica a todas las licencias para exportar material militar o solo a las de equipos utilizados en la represión Desde la deposición de Morsi no se ha concedido ninguna nueva licencia de exportación

La Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU), el organismo oficial que controla las ventas de armas españolas, se reunirá con carácter extraordinario el próximo día 28 para decidir si revoca licencias por casi 100 millones de euros para exportar material militar a Egipto. Fuentes del departamento de Comercio explicaron que, desde el pasado día 3, cuando fue derrocado el presidente Morsi, no se ha concedido ninguna nueva licencia de exportación y han quedado aparcadas dos que estaban pendientes, relativas a piezas y repuestos de vehículos Pegaso y de radios. Sin embargo, no se ha suspendido la entrega del material ya autorizado, lo que requeriría suspender o revocar las licencias vigentes.

Los representantes de Comercio, Asuntos Exteriores, Defensa e Interior deberán decidir el próximo miércoles si revocan la totalidad de las licencias concedidas o solo las de aquellos equipos que “puedan ser utilizados en la represión interna”, tal como acordaron los 28 ministros de Asuntos Exteriores de la UE, reunidos en Bruselas. Y, lo que resulta aún más delicado: si un avión de transporte, al facilitar la movilidad de las tropas de un extremo al otro del país, coadyuva o no a la represión interna.

En 2012, España exportó material militar a Egipto por valor de 50,3 millones de euros; correspondientes a dos aviones de transporte, diversos lotes de mantenimiento y reparación de motores de aeronaves, recambios para vehículos de transporte de tropas y vehículos oruga (de montaña), un equipo de paracaídas y camiones. Sin embargo, las licencias concedidas, y muchas pendientes de ejecutar, sumaron prácticamente el doble: 92,7 millones de euros; de los que el 97% corresponde a aeronaves, el 3% vehículos terrestres y 50.000 euros en armas de menos de 20 milímetros. Además, el Gobierno autorizó cinco licencias para exportar armas de caza y tiro deportivo por 206.380 euros, aunque solo se materializaron ventas por 6.380.

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