La posible libertad de Mubarak desvela un proceso judicial caótico

“Hosni Mubarak será puesto en libertad en las próximas 48 horas”, rezaba una noticia que ha corrido como la pólvora entre las redes sociales egipcias el mediodía del lunes. Sin embargo, pocas horas después, fuentes judiciales desmintieron a la agencia France Presse el bombazo informativo. La liberación del exdictador, depuesto en la revolución egipcia del invierno de 2011, habría sido una poderosa munición para los Hermanos Musulmanes en su guerra contra el nuevo régimen, al que califican de “contrarrevolucionario”. Por esta razón, opinan la mayoría de analistas, el Gobierno hará todo lo posible por evitar la salida de Mubarak de la cárcel.

La noticia se originó a partir de unas declaraciones de Farid al-Dib, el abogado de Mubarak, a la agencia Reuters. “Lo único que falta es un simple procedimiento administrativo que no debería tardar más de 48 horas”, dijo el letrado. Y, en efecto, el octogenario expresidente ha sido puesto en libertad provisional por un caso de corrupción, al superar el plazo máximo de dos años de prisión preventiva que establece la legislación egipcia.

No obstante, desde que se sobrepasó ese plazo la pasada primavera, las autoridades judiciales han ido renovando su detención por periodos de dos semanas para poder interrogarle por otro caso de corrupción. Precisamente, el abogado de Mubarak se refería al archivo inminente de esta demanda para anunciar la próxima puesta en libertad de su cliente.

Según France Press, que cita fuentes judiciales anónimas, la apertura de un cuarto proceso contra Mubarak por corrupción permitiría a las autoridades continuar prolongando por periodos de dos semanas la detención del ex rais.

El alambicado historial judicial de Mubarak pone de manifiesto el fracaso de la revolución egipcia a la hora de diseñar y desarollar un proceso de justicia transicional con garantías procesales. En estos momentos, el ex presidente se encuentra en pleno proceso judicial por la muerte de 800 manifestantes durante la revolución junto a sus dos hijos, Alá y Gamal, su ex ministro del Interior, Habib al-Adly, y seis altos cargos policiales. En este mismo proceso, existen cargos de corrupción contra el que fuera gobernante de Egipto durante más de tres décadas. En concreto, está acusado de malversación de fondos públicos por el acuerdo de venta de gas natural a Israel.

Este proceso, bautizado en los medios de comunicación egipcios como el juicio del siglo, finalizó el 2 de junio del año pasado con la condena de Mubarak y de Habib al-Adly a cadena perpetua, mientras sus hijos resultaban absueltos. Inmediatamente después de conocerse la sentencia, al-Dib ya anunció que presentaría un recurso.

Ya en aquel momento, numerosos expertos legales apuntaron que la sentencia presentaba una argumentación legal muy débil. En el texto, el juez reconocía que no disponía de pruebas concluyentes contra los acusados, pero les atribuía la responsabilidad última de los asesinatos de los manifestantes por ocupar cargos de máxima responsabilidad.

El juicio estuvo acompañado de un gran interés mediático y también de la polémica, pues los abogados de las víctimas denunciaron que el ministerio del Interior ocultó pruebas que inculpaban directamente a los acusados. En enero del presente año, la máxima instancia jucidial del tribunales de casación declaró nulo el juicio por la existencia de errores procesales. El nuevo juicio debería haber comenzado en abril, pero se tuvo que retrasar hasta varias semanas al haber pedido el nuevo juez la recusación.

El pasado sábado tuvo lugar la última vista del nuevo juicio, que se aplazó hasta el 25 de agosto. Mubarak, que se encuentra en la prisión de Tora después de haber pasado varios meses en un hospital militar a causa de su estado de salud, no asistió a la sesión.