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Sudáfrica olvida la matanza de Marikana

Un año después del asesinato de 34 mineros por disparos de la policía sus familias exigen justicia

La policía rodea los cuerpos de los mineros abatidos durante las protestas, en agosto de 2012.
La policía rodea los cuerpos de los mineros abatidos durante las protestas, en agosto de 2012. AP

Marikana lloró ayer de nuevo a sus 34 mineros muertos hace justamente un año por disparos de la policía. Un emotivo acto congregó a líderes de diferentes religiones, a familiares de los fallecidos y a muchos compañeros que perdieron el jornal por no bajar a la galería. Sorprendió la ausencia de miembros del Gobierno y del Congreso Nacional Africano (ANC), lo que refleja la desatención y olvido institucional en que se encuentran los afectados por la mayor masacre en Sudáfrica tras el apartheid. El presidente Jacob Zuma estaba de viaje a Malawi y el sindicato del partido, el NUM, también hizo boicot a la conmemoración, subrayando que la pugna sindical con la asociación de mineros ACMU continúa igual de abierta que hace un año, cuando la rivalidad acabó por pudrir las reivindicaciones de la plantilla.

Un año después de que la policía irrumpiera a tiros en las afueras de la mina de platino Lonmin para dispersar a los trabajadores en huelga, la pequeña población de Marikana aún no ha superado la tragedia. “Nadie ha venido aquí a pedir perdón, a decir que se ha equivocado. Nelson Mandela lo habría hecho”, exclama el pastor Salkumzi Qiqimana.

No ha habido disculpas, como tampoco los mineros han visto como se les aceptaban las reivindicaciones de mejora en las condiciones de vida. Termina el turno de la mañana y el mozambiqueño Inacio Ricoisio sale de Lonmin para dirigirse andando hasta Wonderkop, un asentamiento de barracas de hojalata que cobija a la mayoría de trabajadores de esta mina de platino, a un centenar de kilómetros de Johannesburgo. La mayoría de chabolas carecen de agua corriente y de electricidad, las calles están sin pavimentar y los niños juegan descalzos ante la falta de otros sitios para el ocio.

Se lamenta Ricoisio de que las muertes de los compañeros “fueron en vano”, y que a pesar de que se consiguió un aumento salarial de entre el 11 y el 22%, los precios de los productos y servicios se han disparado y una vez enviado parte del sueldo a la familia, “poco queda para uno mismo”. No hay esperanza de mejora ni de encontrar trabajo en esta región empobrecida y con una tasa de paro de más del 50%, pese a que es la mayor reserva mundial de platino. Bangi Mpotye participaba en la manifestación y recibió varios tiros. A las afueras del poblado enseña las cicatrices en la espalda y el pie y reconoce que no cree que haya justicia. Tiene 26 años, no habla inglés y no tiene estudios. Sudáfrica no le ofrece muchas alternativas a la mina, donde no ha vuelto. Este joven es uno de los testigos que declaró ante la comisión judicial que investiga qué pasó aquella tarde en que los policías dispararon indiscriminadamente al grupo de trabajadores.

En este año, ninguno de los agentes que participaron en la operación fue detenido. Tampoco hay ningún acusado por los 10 asesinatos producidos la semana anterior a la masacre, ni la veintena de muertes violentas que hubo en Marikana tras el fatídico día. La mina “camina al filo de la navaja”, alerta John Capelm, director de la fundación Bench-Marks, ligada al arzobispo Desmond Tutu, que había advertido del riesgo de conflicto en Lonmin. La dirección de la mina no ha cumplido con las promesas de mejoras ni cumple con su responsabilidad social, sostiene.

En abril de 2014 Sudáfrica celebrará elecciones y Samuel Mukeri, un año y medio en Marikana, apunta que “entonces sí que vendrá el ANC a poner carteles y a dar mítines”. Por ahora, el partido y el Gobierno han mirado para otro lado y muchos mineros los acusan de "servir a los intereses de las élites mineras", como afirma James Mokoena. Oficializada el 1 de octubre, la comisión judicial está paralizada desde hace casi un mes porque los abogados de los mineros están buscando financiación para pagarse el sueldo, mientras que el Ejecutivo de Zuma corre con las minutas del equipo que defiende a los agentes. “No le importamos a nadie que manda”, se queja Itumeleng Moloi, mujer de un minero.

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