Pueblo cerrado por violencia

Las familias de la comunidad de El Platanar de los Ontiveros, en el Estado norteño de Sinaloa, preparaban la cena de Nochebuena de 2012 cuando un grupo de hombres armados irrumpió en sus calles. Con rifles de asalto y ropa de camuflaje, los asaltantes fueron llamando puerta por puerta: “¡Los hombres de la casa!” Nueve hombres fueron ejecutados y las 50 familias de la comunidad velaron a sus muertos en los caminos de tierra hasta que al día siguiente llegaron las autoridades. Después de enterrar a los suyos, huyeron.

En el municipio de Concordia, al que pertenece El Platanar, ya son siete las comunidades de la sierra abandonadas desde mediados de 2010. Se trata de una zona que colinda con el Estado de Durango, uno de los más violentos del país, y que sirve de paso hacia Mazatlán, objetivo de los carteles de la droga. Tierra del buscado líder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, que se disputan otros grupos criminales, entre ellos el sanguinario cartel de Los Zetas, al que todos atribuyen la masacre de El Platanar. Las últimas diez familias que se resistían a dejar la zona desistieron a principios de este mes de julio. Un drama que se repitió la semana pasada en el Estado de Guerrero, con la huida de sus casas de cientos de personas.

“Es gente que se dedicaba a cuidar su ganado y a sembrar. Vivían en paz pero de pronto se vieron amenazados, no son expertos en el uso de armas y prefirieron abandonar el patrimonio de toda su vida”, dice al teléfono el presidente municipal de Concordia, Jose Eligio Medina, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En casi tres años ha visto llegar al municipio a unas 300 familias serranas. El Ayuntamiento les está cediendo pequeños terrenos, grava y cemento para que levanten sus casas y trata de emplear a los que puede en obras públicas. A cinco horas de caminos de tierra quedaron los esqueletos de sus vidas, las escuelas desiertas, el ganado abandonado y las casas “con piso [suelo], refrigerador, agua entubada y electricidad”

Eduardo Enrique Colio es el comisario de la comunidad de La Cienaguilla. Las 25 familias que habitaban el lugar huyeron hace un año y medio. El 25 de febrero de 2012 hombres armados llegaron y mataron a una señora que tenía una “tiendita en la que vendía refrescos”. “Tuvimos miedo, dejamos todo lo que teníamos. Jamás volví”, dice por teléfono desde Concordia, donde ha vuelto a empezar de cero. A Colio se le hace muy difícil pensar que algún día pueda regresar a su casa por el camino de terracería que ya las lluvias se han encargado de desdibujar. “Ni carretera hay ya para ir”, lamenta.

El presidente municipal reconoce que él no puede hacer nada contra la violencia despiadada de los carteles. “Nuestra policías en preventiva, solo tengo 60 agentes. Ni siquiera están preparados para reaccionar ante un enfrentamiento”. Medina dice que en los últimos meses las cosas han estado algo más tranquilas, quizás porque ya no quedan comunidades a las que atacar. Acompañados por el Ejército, algunos desplazados han comenzado a volver a darle “una vuelta al ganado” o a sembrar la tierra. “Pero van y vuelven”, dice el alcalde.

El exilio por la violencia no se da solo al norte, aunque es difícil saber con exactitud cuántos mexicanos han tenido que abandonar sus casas por la violencia que ha azotado a gran parte del país desde que el expresidente Felipe Calderón lanzó su guerra contra el narcotráfico en 2006. Un informe del Centro de Monitoreo de Desplazamientos internos publicado el pasado mes de abril cifra en 140.000 las personas desplazadas por la violencia de los carteles de la droga desde 2007. Los Estados más castigados, según la ONG, son Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán y Veracruz.

La semana pasada el drama se desplazó al Estado de Guerrero, en el suroeste del país, uno de los más pobres de México y que sufre graves problemas de inseguridad. A principio de este mes siete jóvenes, cuatro de ellos menores, murieron asesinados y pocos días antes fueron secuestrados ocho líderes campesinos, tres de los cuales aparecieron muertos cuatro días más tarde.

Cientos de habitantes de cuatro comunidades de Tierra Caliente, una comarca que abarca parte del Estado de Michoacán y Guerrero y que soporta desde hace meses el acoso del crimen organizado, decidieron abandonar sus casas por el miedo el pasado fin de semana. Una de las comunidades, conocida como El Cubo, es un lugar codiciado por los carteles porque alberga un camino que conecta la sierra con la costa de Guerrero. El Gobierno del Estado achacó el éxodo a un “rumor” que se propagó por la zona, pero ha mandado a 100 efectivos para resguardar la zona y sostiene que la mayoría de los desplazados ya ha regresado.

Israel Flores, corresponsal del diario El Sur en Tierra Caliente, dice que la mayoría siguen exiliados, en casa de familiares o amigos en otros pueblos. Según su versión, la semana pasada unos 150 hombres armados llegaron a El Cubo y comenzaron a amedrentar a la gente. El viernes pasado volvieron y, tras un enfrentamiento con el Ejército, se llevaron a dos mujeres y dos hombres de una misma familia, de los que no ha vuelto a saber nada. Los matones quemaron el techado de una tienda y dejaron el mensaje de que matarían a la gente si no entregaban a los chivatos que los habían denunciado ante las autoridades. El miedo y el mensaje corrieron rápido por las tres comunidades vecinas. Huyeron con lo puesto. Rumores, dice el Gobierno.