El Gobierno portugués supera su quinta moción de censura de la legislatura

Hace unos días un diputado aseguró que desde hace dos semanas el caos está institucionalizado en Portugal. Es una frase muy repetida desde entonces. El Gobierno se encuentra, en una suerte de estado en funciones, con una renovación pendiente solicitada por el primer ministro, Pedro Passos Coelho, y todavía no refrendada por el presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva. Éste, a su vez, exigió, para refrendarla, hace una semana, a los tres partidos con posibilidades de gobernar (los conservadores y los democristianos que forman la coalición del Gobierno y los socialistas, en la oposición) que lleguen a un acuerdo de “salvación nacional” encaminado a garantizar una estabilidad necesaria a medio plazo para superar la crisis económica. Para ilustrar la esquizofrenia política que vive el país, hoy se ha desarrollado una moción de censura —la quinta de la legislatura— impulsada por los Verdes en la que el Partido Socialista votó afirmativamente. Es decir: por un lado, los diputados socialistas y conservadores se acusan mutuamente de incompetencia a la hora de conducir la crisis en el parlamento mientras, por otro, tratan de llegar a un acuerdo de alcance que evite el marasmo institucional.

Desde que el presidente de la República pusiera al país en estado de choque al paralizar la renovación del Gobierno, los representantes de las formaciones comprometidas en ese acuerdo se han reunido en cinco ocasiones sin alcanzar todavía ninguna solución. No son reuniones de palabras vanas, según lo poco que ha transcendido de las discusiones. Cavaco Silva exige que los tres partidos se juramenten en que harán lo posible para que termine de forma adecuada la tutela de la troika en junio de 2014, que para entonces se convoquen elecciones y que ciertas cuestiones claves de Estado que no sean puestas en duda una vez pasados los comicios (determinados compromisos con el déficit y la deuda, entre otros...). El conservador PSD del primer ministro Passos Coelho no está de acuerdo con adelantar las elecciones y quiere terminar la legislatura. El Partido Socialista se niega a aceptar que la reforma del Estado —prometida por el Gobierno hace meses y ya pactada con la troika— pase por una nueva oleada de recortes equivalentes a 4.700 millones de euros, centrados, sobre todo, en el despido de funcionarios y en el ahorro en ministerios como el de Educación o Sanidad.

En el debate de hoy, Passos Coelho ha tentado en varias ocasiones a los socialistas para que se sumen al acuerdo. Pero el principal partido de la oposición y formación por delante en todos los sondeos, sabe que esta invitación es un regalo envenenado y que el mismo acuerdo acarrea unos riesgos inmensos. Varios históricos líderes socialistas ya se lo han advertido. El exprimer ministro y expresidente de la República, Mário Soares, referencia de toda la izquierda portuguesa, ha asegurado que confía en que el secretario general del PS, António José Seguro, no firme ningún acuerdo con el centro derecha. “Esto podría dar lugar a una escisión del Partido Socialista”, ha advertido. Desde el otro lado de la tenaza, grupos de empresarios urgen a los tres partidos a que lleguen cuanto antes a una solución a fin de acabar con una crisis política que está durando mucho y que cuartea más a la economía.

Los intereses de los bonos portugueses a 10 años del mercado secundario se dispararon el pasado miércoles 3 de julio, un día después de la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores y líder de los democristianos del CDS (la segunda pata del Gobierno), detonante de la crisis. La dimisión, por cierto, nunca aceptada por Passos Coelho. Esta semana, en una subasta del tesoro portugués, la deuda nacional también alcanzó niveles más altos que en las pujas anteriores, celebradas hace meses. Es decir: la crisis política y el impasse en el que está sumido el país está saliendo caro a los portugueses.