La sociedad civil estadounidense acorrala a la NSA por el caso del espionaje

De momento han sido cerca de una veintena de organizaciones civiles y de defensa de los derechos humanos –desde Human Rights Watch a Greenpeace, pasando por partidarios de la legalización de la marihuana–, pero los grupos que están demandando a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, siglas en inglés) por los programas de espionaje y recolección de datos revelados por el exagente de inteligencia Edward Snowden irán en aumento, según una fuente cercana al Departamento de Justicia, que prefiere guardar el anonimato y que conoce de primera mano la conocida como Ley Patriota.

Esa avalancha de demandas que denuncian que el espionaje llevado a cabo sobre los norteamericanos es inconstitucional está poniendo, además, en peligro una de las relaciones más importantes y básicas de la NSA: la que esta agencia mantiene con las empresas de telecomunicaciones y las compañías de internet y que son básicas para su supervivencia. “Si esas empresas decidieran no participar, por temor a las demandas o temor a perder a sus clientes más jóvenes”, dice la misma fuente, “la capacidad de maniobra de la NSA se vería seriamente afectada y la Administración tendría que replantearse su programa”, explica.

El pasado martes, 19 grupos –de defensa del medioambiente; organizaciones musulmanas; la Iglesia Unitaria de Los Ángeles; defensores de la posesión de las armas- presentaron en un tribunal federal de California una “prohibición preliminar y permanente” contra los programas de vigilancia de la NSA por violar la Constitución de EEUU, ya que vulnera, según ellos, su privacidad y su libertad de expresión. Según la fuente cercana a Justicia, esa demanda sigue a una planteada el pasado mes en una corte de Nueva York por la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles, siglas en inglés) y prueba la secuencia que está por llegar de organizaciones querellándose contra la NSA y su facultad de recopilar y almacenar registros de llamadas autorizada por un tribunal secreto también conocido como FISA, cuyos poderes se han ido ampliando progresivamente ante la pasividad del público y la complacencia del Congreso desde la aprobación de la llamada Ley Patriota de 2001 tras los ataques terroristas del 11 de septiembre.

“El programa [de la NSA] recopila información de todas las llamadas dentro de Estados Unidos, incluidas llamadas locales o llamadas entre EEUU y el extranjero, independientemente de las conexiones con el terrorismo internacional o la existencia de una razonable sospecha”, se lee en la demanda. La querella se centra en su crítica a la sección 215 de la Ley patriota que permite a FISA autorizar medidas de vigilancia de comunicaciones telefónicas siempre que se estime que la información puede ser de interés para una investigación en curso.

Según el grupo Public Knowledge –defensor de la libertad en la red y parte en la querella de California-, los programa de la NSA no solo invaden la privacidad sino también violan el derecho de la gente a la libre asociación garantizado en la Primera Enmienda.

“Cuando el Gobierno recaba información sobre quién llama a quién, cada cuánto tiempo y cómo, sin duda se hace con una fotografía muy exacta de los contactos y asociaciones de esa gente. Todos sabemos que en el pasado las autoridades han intentado confeccionar listas de miembros de grupos para disuadir a cierta gente de formar ciertos grupos”, explican desde Public Knowledge.

En lo que se ha considerado una victoria en una larga batalla todavía en marcha, a principios de semana FISA le daba la razón a Yahoo y ordenaba a la Administración de Barack Obama decir qué documentos podrían ser desclasificados en lo que concierne al grupo de internet. Tras las revelaciones de Snowden, Yahoo, al igual que otros grupos de Internet, solicitó el 14 de junio que se hicieran públicas las decisiones de ese tribunal. Pero Justicia no tomó "ninguna posición" sobre esta solicitud, de acuerdo con un documento publicado el lunes por FISA. Reggie Walton ha dicho ahora al Departamento de Justicia que debe tratar con “prioridad” el caso.

En 2008, FISA había ordenado a varios grupos de Internet -incluyendo Yahoo- permitir el acceso del Gobierno a sus datos a través de un programa de control conocido como PRISM y revelado por Snowden. Otros grupos de Internet, como Google y Microsoft, también exigen la desclasificación de las decisiones del FISA. Se espera que la Administración revele el 26 de agosto qué partes puede hacer públicas, lo que permitirá una mirada fugaz a cómo el Gobierno ha justificado de forma legal bajo la FISA la recolección de información.

Ayer, altos cargos de la Administración de Obama defendían en el Congreso los controvertidos programas de vigilancia frente a legisladores de ambos partidos, que mostraron su preocupación sobre el hecho de que esa recolección de información esté siendo demasiado amplia e intrusiva. “No me siento bien sabiendo que conocemos datos de millones de norteamericanos”, dijo el representante demócrata John Conyers, que declaró que la sección 215 de la Ley Patriota puede suponer “una violación de la Cuarta Enmienda de la Constitución”.

Por su parte, James Sensenbrenner, congresista republicano y uno de los patrocinadores de la Ley Patriota, advirtió de que en estos momentos no se cuentan con suficientes votos en la Cámara de Representantes para renovar esa ley cuando llegue su momento, a finales de 2015, y que el Congreso acabará con la norma si continua el espionaje. “Creo que este programa ha descarrilado y necesita volver a las vías de la legalidad”, puntualizó Zoe Lofgren, representante demócrata.