Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El 53% de la población mundial cree que la corrupción se ha agravado en su país

Solo en 14 países de 107 los ciudadanos creen que este fenómeno ha caído

El 27% de los encuestados reconoce haberse visto involucrado en un soborno

Más de la mitad de la población mundial (un 53%) considera que la corrupción se ha agravado en su país en los últimos doce meses, según el Barómetro de la Corrupción Global. El estudio, que mide la percepción de los ciudadanos tomando como base sus experiencias personales, ha batido récords de participación entrevistado a 114.270 personas de 107 países diferentes en su octava edición.

Transparencia Internacional, la organización sin ánimo de lucro responsable del mismo, ha lanzado este martes otra advertencia durante la presentación de sus resultados: el 27% de los encuestados reconoce haber pagado para acceder a determinados servicios o instituciones públicas. En algunos como España, solo un 2% de la población reconoce haber vivido ese fenómeno, pero en otros 14, al menos la mitad de la población se ha visto obligada a realizar un pago constante y sistemático. En algunos como Sierra Leona y Liberia, la cifra sube al 75%. Las instituciones que más sobornos piden a nivel global son la policía (31%) y la justicia (21%).

Otro de los aspectos que analiza este estudio es el grado de corrupción política que los ciudadanos consideran que hay en su país. En este caso los datos también son pesimistas, pues solo 13 de los 107 consultados creen que se ha mantenido igual y 14 —entre ellos Sudán, Taiwan, Camboya, Fiji y Bélgica como única representación europea— creen que ha disminuido.

Los partidos políticos, en casi todos los casos, son los que sacan peor nota. En una escala de uno a cinco, en la que cinco significa “muy corrupto”, la media global es de 3,8, pero hay países como El Salvador, Jamaica y México (en Latinoamérica), Grecia e Italia (en Europa), Nepal o Nigeria que obtienen una nota especialmente mala, por encima del 4,5. "El problema está en la clase política, hay algo enfermo en ese escenario que tenemos que sajar", ha advertido el abogado y miembro del Comité de Dirección de Transparencia Internacional en España, Jesús Sánchez Lambás.

Además, en 54 países se considera que los partidos políticos gobiernan en función de intereses particulares. Los mejor valorados son las organizaciones no gubernamentales y los organismos religiosos.

La corrupción en el sector público se puede presentar de muchas formas. Una de ellas es recurrir a las amistades y contactos personales para acelerar asuntos en las administraciones. Este fenómeno es muy rechazado en países como Dinamarca o Alemania, donde el 97% y 92% lo rechazan y siguen los procedimientos habituales. El 64% de todos los encuestados, sin embargo, consideran muy importante tener amistades en estos ámbitos. Entre ellos están los españoles con un 73% a favor, y ucranianos, italianos, libaneses, marroquíes o paraguayos con una aceptación superior al 80%.

Uno de los datos más demoledores indica que el 88% de los entrevistados considera que la lucha de su clase política contra la corrupción es ineficaz. De los 16 países incluidos en el estudio que forman el G20, solo Turquía cree que sus líderes van por buen camino. Además, el pesimismo parece haberse instalado a nivel global, ya que hace dos años el 72% de los ciudadanos creían que podían hacer algo por ellos mismos para luchar contra la corrupción y en 2013 esta cifra ha bajado al 67%. Los más pesimistas son Armenia, Estonia, Kirguistán, Lituania, Serbia, Ucrania y Túnez.

El 60% de los encuestados, además, denunciaría un caso de corrupción si tuviera conocimiento del mismo, y los que optarían por callar se justifican en que no sabrían dónde acudir, en que temen posibles represalias y en que no serviría para nada. “No se respeta el anonimato ni hay ninguna capacidad para proteger a quien denuncia un caso de corrupción”; ha denunciado Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional en España. “Habría que regular quiénes pueden investigar más allá de los fiscales; no puede hacerse en las universidades o los ayuntamientos porque hay una gran presión”, ha denunciado.