Amado Google

Evita pagar impuestos. Da libre acceso a artículos, fotos, vídeos y libros enteros, siempre que no existan barreras de pago. Se lleva buena parte de la publicidad que antes servía para financiar la prensa, sobre todo local, gracias al enorme alcance del buscador y a los precios rompedores que hay que pagar por publicitarse. Y ahora, para coronar la proeza, nos enteramos de que todos los miles de millones de datos acumulados van a parar a los ordenadores de la NSA (Agencia Nacional de Inteligencia), donde son procesados y analizados al servicio del Gobierno de Estados Unidos.
Todos estos inconvenientes compensan largamente el servicio individual que da a cada uno de sus usuarios. Nos busca palabras, documentos e imágenes, nos orienta en los mapas, nos da noticias, correo y agenda al día, nos permite bloguear, chatear, hablar a distancia, compartir todo tipo de documentos, leer libros, traducir en todos los idiomas y cada día se inventa nuevas cosas que pueda darnos, gratis total. O quitarnos, porque todo va a parar luego a la NSA.
Google vive de la tecnología y del libre mercado, tan bien fusionados que no se entienden la una sin el otro. La tecnología rompe las fronteras y el mercado desregulado se acomoda como un guante al negocio tecnológico. Pero no basta.
Sin un poderoso servicio jurídico este tipo de empresas no tendrían forma de romper todas las barreras. Y ahí está la clave de muchas de las cosas que suceden en el mundo con las empresas tecnológicas. Son sociedades que se deben a las leyes de su país, al que rinden buenos servicios cada vez que el Gobierno se lo pide, como es el caso del suministro de datos para que los espías digitales los analicen. Sin orden judicial, nadie va a vulnerar el derecho a la intimidad de un ciudadano estadounidense. Y que se apañen los ciudadanos del resto del mundo para buscar quien les proteja de las intromisiones.
No le demos la culpa a nuestro amado Google. Si alguien entrega los datos de los europeos a la NSA, incluyendo mensajes totalmente cubiertos por la privacidad, se debe a que nadie en Europa, ni los gobiernos ni las instituciones de la Unión Europea, cumple con las obligaciones inscritas en las constituciones nacionales y también en los tratados europeos de proteger la intimidad y la vida privada de todos nosotros.
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