México da un paso hacia la opacidad

La Suprema Corte de Justicia de México se ha pronunciado por respaldar el derecho de los funcionarios a no hacer públicas sus declaraciones patrimoniales a menos que ellos mismos den su consentimiento. Ocho de los once magistrados del Supremo se han mostrado contrarios a modificar el artículo 40 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que establece que “la publicitación de la información relativa a la situación patrimonial, se hará siempre y cuando se cuente con la autorización previa y especifica del servidor público de que se trate”.

Durante el pleno celebrado este martes, los ministros debatieron un proyecto del ministro José Ramón Cossío para declarar inconstitucional este artículo. La discusión tiene como origen un amparo promovido por el Centro de Análisis e Investigación Fundar, que en julio de 2011 solicitó el acceso a las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los 500 diputados federales de la LXI Legislatura.

“Por la información que proveen, las declaraciones son instrumentos para el combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas porque sirven para detectar y prevenir actos de corrupción, como el enriquecimiento ilícito, y los conflictos de interés”, indica el organismo en un comunicado.

“Tener acceso público a esta información implica la posibilidad de conocer variaciones anómalas en el patrimonio y contar con los elementos para evaluar las decisiones públicas y definir si existen conflictos de interés en la función pública.” Fundar señala que “aunque los servidores públicos también tienen derecho a la protección de sus datos personales, debido al carácter de su cargo, hay información que se debe considerar de interés público porque tiene implicaciones en el desempeño de sus funciones”.

El proyecto de Cossío propone establecer que debe ser pública la información que detalle ingresos por salario, ingresos por actividades empresariales, inversiones financieras o donaciones; deudas; inmuebles, vehículos u otros bienes muebles, con el valor de todos ellos y detalles sobre menaje, como joyas, obras de arte, entre otros. Seguirían siendo privados los datos sobre números de cuentas, ubicación de inmuebles, datos sobre familiares, o sobre terceros con los que se realicen operaciones financieras.

Tan solo el presidente del Supremo, Juan Silva Meza, y el ministro Sergio Valls han apoyado a Cossío, quien, por falta de tiempo, no ha podido dar la réplica y ha solicitado aplazar la votación hasta la próxima sesión.

La mayoría de los magistrados defendió la negativa a la publicación de su patrimonio aludiendo al derecho de protección de datos. Para Fernando Franco “no necesariamente el derecho al acceso a la información prevalece sobre el de protección de datos, inclusive el que atañe a servidores públicos”.

En el mismo sentido, Luis María Aguilar Morales indicó que no cree que los datos personales deban ser publicitados únicamente por la calidad de servidor público. “El hecho de ser servidores públicos no nos priva de los derechos fundamentales establecidos en la constitución”, señaló Margarita Beatriz Luna Ramos. Por su parte Olga María Sánchez Cordero también defendió su negativa al proyecto: “He votado por el principio de máxima publicidad, pero también a favor de la protección de datos personales. Estoy a favor de este balance. No es válido un marco para todas las informaciones, soy partidaria de analizar cada caso concreto”.

El presidente del Supremo, Juan Silva Meza, afirmó desde la minoría que a través del acceso a la información “la sociedad puede convertirse en un eficiente vigilante de las autoridades que están a su servicio, que se deben a la sociedad y que deben rendirle cuentas de su desempeño y del aprovechamiento de los recursos estatales".

Si a pesar de la negativa expresada por una clara mayoría en el Supremo el proyecto fuera aprobado, decenas de miles de funcionarios tendrían que revelar sus patrimonios, ya que hasta el momento sus declaraciones han sido consideradas confidenciales. El pasado mes de enero, Enrique Peña Nieto y los miembros de su equipo de Gobierno presentaron una declaración de sus bienes. El presidente hizo público su patrimonio de manera parcial, lo que provocó las críticas de la oposición y de analistas. Según el documento, el exgobernador del Estado de México ingresaba 193.478 pesos (unos 14.700 dólares) mensuales por desempeñar su cargo y poseía nueve bienes inmuebles, seis de los cuales eran “donaciones” recibidas entre 1988 y diciembre de 2011 (uno de ellos, un terreno de 52.600 metros cuadrados). Peña Nieto decidió, sin embargo, no especificar el origen de estas donaciones, su valor y su ubicación. La declaración recoge que no aceptó hacer públicos los ingresos netos “por actividad industrial, comercial, financiera y otros”, ni el valor de sus inversiones o el saldo de sus cuentas bancarias y adeudos.

Los casos de corrupción dentro de la política mexicana, entre los que destaca recientemente el ejemplo del exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, han llevado a distintos actores sociales a promover medidas de control para evitar el enriquecimiento ilícito de las autoridades.