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Una diputada lesbiana lidera la causa por el matrimonio gay en Costa Rica

Existen cinco proyectos que pretenden hacer que el Estado otorgue las parejas del mismo sexo los mismos derechos

Se llama Carmen Muñoz y no hace alarde de su preferencia sexual. No la niega, pero es la primera línea del currículum. Ni siquiera había sido activista de los derechos gays, pero la coyuntura política no le dejó otra opción. Es la portavoz parlamentaria del principal partido opositor de Costa Rica en un año electoral que se prevé determinante para los proyectos de reconocimiento legal de las parejas homosexuales.

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Muñoz asumió la jefatura del Partido Acción Ciudadana (PAC, centro) después de tres años de ejercicio legislativo en los que asumió como propia la causa de los derechos de las parejas del mismo sexo, pero hace dos meses habló abiertamente de su “no heterosexualidad” en una entrevista en el diario La Nación. Ahora se reconoce “una mujer más libre” para enfrentar “sin remilgos” las fuerzas conservadoras que pretenden mantener a Costa Rica dentro de la norma en Centroamérica: una pareja del mismo sexo tiene el mismo reconocimiento legal que tendría un par de amigos que comparten piso.

La figura del matrimonio homosexual es solo la forma más extrema, pero los activistas mantienen cinco proyectos legislativos que, con grados y formas distintas, pretenden hacer que el Estado otorgue las parejas del mismo sexo los mismos derechos que poseen los heterosexuales. No es tarea fácil en un país confesional católico por Constitución Política y donde también crecen corrientes cristianas evangélicas cuyos líderes se oponen a las uniones legales homosexuales con mucha más dureza.

Uno de estos representantes se llama Justo Orozco y es quizá el diputado más conocido del país, sobre todo por oponerse a rajatabla y sin pudores a cualquier reforma que abra la ventana a la validez legal de las parejas homosexuales. Es uno de los dos congresistas (de 57) representante de partidos religiosos. El símbolo de su agrupación es el pez cristiano, suele llevar la Biblia al plenario legislativo y exigió a Carmen Muñoz inhibirse de votar en una comisión el proyecto sobre parejas del mismo sexo, por considerar que estaría legislando en beneficio propio.

“Fue notorio en medios de comunicación y hasta en Wikipedia que ella se declara lesbiana, por lo que me opongo a que sea parte de la votación”, dijo hace tres semanas, lo que volvió a indignar a grupos activistas y otros legisladores, aunque Carmen Muñoz dice tener claro que el diputado cristiano responde a un sector de la población conservador y que detrás de él hay otros grupos de más peso político contentos de que Orozco sea quien dé la cara sin tapujos. Dos ejemplos: la Iglesia Católica y buena parte del oficialista Partido Liberación Nacional (PLN).

El Gobierno de Laura Chinchilla ha tenido que hacer malabares retóricos para no quedar como enemigo del reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo, aunque ministros puntuales han dado el apoyo, incluido el de Educación, Leonardo Garnier. La mandataria empezó su gestión diciendo que el tema no era prioridad suya y la última referencia pública la hizo hace un mes y medio, cuando visitó el país el presidente Barack Obama, quien apoya la validez legal de las parejas homosexuales. “Cada nación tiene su propio tiempo”, manifestó Chinchilla, queriendo decir que Costa Rica aún no está lista para sumarse a los 19 países (seis en América) que reconocen total o parcialmente los matrimonios homosexuales o las uniones libres.

Muñoz no está tan segura de que el cuatrienio de Chinchilla acabe sin reconocer las uniones de parejas homosexuales. Hay expedientes legislativos en espera de una oportunidad política un resquicio en la dinámica del Congreso en este 2013 marcado por la lucha electoral de cara a las elecciones de febrero de 2014. “No descarto nada. Todas las bancadas están divididas entre apoyar o rechazar esto, pero cada vez hay más apoyo popular y eso cuenta en las elecciones”, opinó Muñoz, a pesar de que en 2012 los grupos activistas se opusieron a un referendo nacional por considerar que los derechos humanos de minorías no se deben someter a las urnas, donde habría altas posibilidades de salir derrotados.

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