Otro accidente viario con 7 muertos revela las fallas del transporte en México

Más de un mes después del accidente viario que dejó 27 muertos en el Estado de México al estallar una pipa de gas de doble remolque en la carretera México-Pachuca, a pocos kilómetros de la capital, no ha habido cambio alguno en la normativa y las víctimas siguen creciendo. Este jueves, otro siniestro se cobró la vida de siete personas en Michoacán y catorce más resultaron heridas. En esta ocasión, el suceso se produjo en la autopista siglo XXI, una vía de solo dos carriles –uno por sentido- operada desde 2013 por una entidad privada, según aseguró la oficina de prensa de Caminos y Puentes Federales. En torno a las diez de la mañana un camión de doble remolque que transportaba 80.000 litros chapapote perdió el control y se estampó contra las instalaciones de la caseta de cobro de San Ángel Zurumucapio, a 350 kilómetros de Morelia, arrollando a un grupo de maestros que realizaba una protesta contra la Reforma Educativa.

En conversación telefónica, el portavoz de la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán, Alejandro Arellano Torres, informó a este diario de la existencia de cinco heridos graves, entre ellos, el chofer de la pipa, quien fue detenido inmediatamente. Según las autoridades, el camión circulaba con exceso de velocidad y se produjo un fallo en el sistema de frenos.

Desde la tragedia del 7 de mayo, no ha sido este el único siniestro que involucra a transportes de carga. Tan solo tres días después del primer suceso, otras dos personas perdieron la vida y hubo 17 heridos en el kilómetro 159 de la misma autopista (México- Querétaro). En el accidente, un tráiler que circulaba muy rápido, causó daños a otros 18 vehículos.

Aquellos días, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, anunció que el Gobierno de Peña Nieto trabajaba con un grupo de ocho expertos para actualizar la norma 012, que regula en México el peso y medida máximos para circular por carreteras. “La idea fundamental es que estos accidentes no se presenten. Trataremos de llegar a la mejor conclusión”, dijo entonces. El pasado 31 de mayo venció la normativa. Su revisión quedó aplazada y fue prorrogada en los mismos términos. Actualmente, el país autoriza 75.5 toneladas de carga y un máximo de 30 metros de largo. En 2012, debido a la presión política y social tras la muerte de 44 personas en el choque entre un autobús y un tráiler cargado con 30 toneladas de sorgo en Veracruz, el Gobierno propuso la suspensión de un artículo transitorio que permitía cargar más peso a una parte de estos vehículos. Aun así, el propio Ejecutivo admite que México es el país del mundo más laxo a la hora de aceptar carga y dimensiones.

Sin embargo, para algunas instituciones, como el Instituto Mexicano del Transporte, el principal problema es que la ley no se cumple: faltan básculas en los controles, generalmente los camiones cargan más de lo permitido y circulan muy rápido. En el mes de mayo, el investigador titular en Seguridad Vial del IMT, Jesús Chavarría, aseguraba a EL PAÍS que lo urgente era hacer cumplir la norma. “No es fácil cambiar la legislación porque hay muchos intereses encontrados en lo que se refiere a la cantidad transportada”, reconocía.

La iniciativa para prohibir la circulación en autopistas de camiones con doble remolque y de aquellos que sobrepasen las 32 toneladas de peso había sido presentada ya en el Senado en el mes de octubre pasado por Arturo Zamora Jiménez, del PRI. La legislatura acabó, el senador ya no está y según el departamento de comunicación de la Cámara, la propuesta todavía no ha sido dictaminada, porque implica cambios sustanciales en la ley. Las Comisiones de Comunicaciones y Transportes y la Legislativa se encargan de su estudio y podrían evaluarla durante el período de descanso de sesiones.

Los accidentes de tráfico causan al año más de 24.000 muertos en México, según datos de la Comisión Nacional para la Prevención de Accidentes, organismo encargado de velar por la seguridad vial y que este jueves no quiso valorar la posibilidad de un cambio en la normativa.