Cubanos de EE UU piden a Obama que la isla salga de la lista de países terroristas

Más de medio centenar de cubanoamericanos han mostrado al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, su disconformidad con la decisión de su Administración de mantener a Cuba en la lista de países terroristas en una carta remitida a la Casa Blanca. Los firmantes, 60 estadounidenses entre los que se encuentran empresarios, académicos, profesores universitarios, escritores, artistas o líderes religiosos, sostienen que no hay razones jurídicas para que la isla continúe en esa lista y que la mayoría de los cubanos que residen en este país sostienen su misma posición.

"Somos un grupo heterogéneo de cubanos que incluye tanto a partidarios como opositores del gobierno de La Habana pero a los que nos une el deseo de que Cuba, como nación, sea tratada con justicia y de acuerdo a la ley internacional", indica en un correo electrónico Arturo López Levy, uno de los firmantes de la carta, profesor de Política Latinoamericana en la Universidad de Denver y miembro de Cuban American for Engagement. "Como ciudadanos norteamericanos nos preocupa que incluso después de las tragedias de Boston y Bengasi, que evidenciaron la importancia de tratar la cooperación internacional con la máxima seriedad, el Departamento de Estado no haya hecho un análisis objetivo sobre Cuba y continúe desacreditando la lista como instrumento útil de la seguridad nacional estadounidense con ejercicios manipulados para apaciguar el extremismo de los cabilderos proembargo", sostiene López Levy.

Como ciudadanos norteamericanos nos preocupa que incluso después de las tragedias de Boston y Bengasi, que evidenciaron la importancia de tratar la cooperación internacional con la máxima seriedad, el Departamento de Estado no haya hecho un análisis objetivo sobre Cuba" Arturo López Levy

“Esta carta es una reacción a otra misiva que en abril de este año enviaron al presidente tres congresistas de origen cubano en el que pedían que se mantuviera a Cuba en esa lista”, explica en conversación telefónica Antonio Zamora, abogado y presidente de la Fundación para la Normalización de las Relaciones entre EE UU y Cuba, con sede en Miami. Zamora hace referencia a un documento que firmaron el 29 de abril los republicanos Ilena Ros-Lehtinen y Mari Díaz-Balart y el demócrata Albio Sires, en el que solicitaban a Obama que no eliminaran a la isla de la relación de Estados que amparan prácticas terroristas que cada año elabora el Departamento de Estado y en la que también se encuentran Siria, Irán y Somalia.

“Denunciamos de manera firme que las afirmaciones de estos tres miembros del Congreso, que se han atribuido falsamente la representación del resto de los cubanoamericanos”, se indica en la misiva. En la carta se incluyen varias encuestas elaboradas en los últimos meses por varias organizaciones y medios de comunicación que coinciden en que la mayoría de los estadounidenses y los cubanos están a favor de que EE UU retome las relaciones con la isla.

Cuando el pasado 30 de mayo el Informe sobre Terrorismo del Departamento de Estado confirmó que Cuba se mantenía en la lista de países terroristas, muchos de los grupos de cubanos exiliados vieron en esta medida una concesión hacia la línea dura del Congreso. “Esta decisión daña a EE UU mucho más que a Cuba, porque toda la comunidad internacional entiende que seguir incluyéndola en el listado es algo absurdo, que se trata más de una decisión política que de seguridad nacional”, señala Zamora.

Esta decisión daña a EE UU mucho más que a Cuba, porque toda la comunidad internacional entiende que seguir incluyéndola en el listado es algo absurdo, que se trata más de una decisión política que de seguridad nacional” Antonio Zamora

La actual situación política que se vive en EE UU, en la que la Administración necesita de todos los apoyos posibles para sacar adelante algunas iniciativas anheladas por la Casa Blanca, no hace ser a Zamora especialmente optimista sobre la posibilidad de que Obama decida, como hizo George W. Bush con Corea del Norte en 2008, dictar una orden ejecutiva para eliminar a la isla del listado, sin necesidad de aguardar un año más al nuevo informe del Departamento de Estado. “Esperamos iniciar una conversación con la Casa Blanca para ver si, más adelante, las cosas están más propicias y el momento político es mejor para adoptar esa decisión”, indica Zamora.

Vivian Mannerud, propietaria de la agencia de viajes Airline Broker y que también firma la carta, advierte al presidente de que haría bien en recordar que en los últimos comicios de noviembre el Partido Demócrata recibió el apoyo de una nueva mayoría de cubanos de Florida cuya percepción sobre la política hacia la isla no es la conservadora tradicional. “La derecha cubana ya no decide las elecciones. Aquí hay muchos otros cubanos que quizás no gritamos tan alto, no estamos en los medios, pero que somos los que decidimos las elecciones en este Estado”, señala en conversación telefónica.

En los meses anteriores a la publicación del informe, varios congresistas del ala más progresista del Partido Demócrata y varios grupos en el exilio cubano confiaban en un cambio de actitud en el Departamento de Estado hacia Cuba dados los antecedentes de su nuevo dirigente, John Kerry, que en varias ocasiones se manifestó a favor de cambiar la política de EE UU hacia la isla. "Teníamos la esperanza de que el Departamento de Estado fuera responsable con los intereses nacionales norteamericanos y asumiera una evaluación objetiva del tema. Desafortunadamente, nos decepcionaron, aun cuando habría que reconocer que el informe de 2012 incluye más razones para quitar a Cuba de la lista que los de años anteriores", indica López Levy.

Los firmantes de la carta también señalan las ventajas que para la aceleración del proceso de reformas en la isla puede tener la eliminación de Cuba de la lista de países terroristas

Cuba fue incorporada en la lista de países terroristas en 1982 por su apoyo a grupos comunistas de África y América Latina en los 60 y 70. Las razones que aduce el informe del Departamento de Estado para mantener a la isla dentro del listado son la presencia de miembros de ETA -el régimen siempre ha alegado que los miembros de la banda están allí en virtud de los acuerdos apara acoger etarras expatriados firmados con España en los ochenta- y de las FARC, aunque asegura que “no hay indicios de que el Gobierno cubano les provea de armas y entrenamiento”; que dé cobijo a fugitivos buscados por la justicia estadounidense y que sea considerada por la Financial Action Task Force como un Estado estratégico para el lavado de dinero empleado para financiar el terrorismo. Estas razones, junto con el encarcelamiento del estadounidense Alan Gross o la colaboración con Estados que también se encuentran en esa lista, como Siria e Irán, son las que alegaron los tres congresistas en su carta.

“Se trata de motivos falsos”, señala Zamora. “La detención de Gross no tiene nada que ver con el terrorismo, lo mismo que la presencia de fugitivos estadounidenses. Si entre Cuba y EE UU hubiera un tratado de extradición, EE UU podría reclamarlos legalmente”, concluye Zamora, quien advierte que La Habana está albergando en la actualidad el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC y que ni Colombia, ni Francia o España “no han protestado” por la presencia de miembros de la guerrilla o de ETA en la isla.

En la carta enviada al presidente Obama, los firmantes sostienen que “las razones que en un primer momento llevaron a incluir a Cuba a la lista ya no existen” y aducen los criterios que la ex secretaria de Estado, Condoleezza Rice, esgrimió en su libro de memorias para justificar la eliminación de Corea del Norte de esa relación por Bush en 2008: “Que no ha haya apoyado el terrorismo en los últimos 20 años”.

Los firmantes de la carta también señalan las ventajas que para la aceleración del proceso de reformas en la isla puede tener la eliminación de Cuba de la lista de países terroristas. “Sacarla del listado permitiría a EE UU participar en los cambios y las oportunidades que ofrece Cuba. La isla es un país en transición, no una amenaza para la seguridad nacional”, dice el documento.