Guatemala libera sus demonios

En la sala de vistas del piso 15 del Palacio de Justicia de Guatemala comparecía el pasado jueves Juan Carlos. Era un testigo protegido en un juicio contra miembros de la Mara 18, una de las más peligrosas de Latinoamérica. Bajo una sudadera azul, pasamontañas y gafas oscuras, pero a la vista de una veintena de pandilleros que lo observaban desde la jaula de los acusados, el tal Juan Carlos aclaró que él no había descuartizado el cadáver, señoría, que solo lo mató. Los que lo descuartizaron fueron sus jefes, a los que nombró como el Phantom, el Sniper, el Barranco y el Posion. Lo metieron en bolsas de basura y lo repartieron por contenedores de la zona 5 de la ciudad. Juan Carlos aclaró también que él no sabía nada sobre la menor desmembrada en casa del Torta. Desde la presidencia del Tribunal, la juez Yassmin Barrios dirigía el interrogatorio con parsimonia. Nadie parecía sobresaltarse, aunque una funcionaria confesaba que sintió frío al oír a una de las mareras detallar cómo decapitó a una mujer.

Estos son los crímenes de la Guatemala de 2013, el día a día del Tribunal 1º de Sentencia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Medio Ambiente, sección A de Mayor Riesgo. La Guatemala más brutal desfila por este pasillo. Pero entre abril y mayo, este tribunal se estremeció junto con todo el país al escuchar los horrores de la Guatemala de 1982, la de los 18 meses de dictadura del general José Efraín Ríos Montt. Casi un centenar de testigos relataron crímenes cometidos por el Ejército que harían vomitar al tal Juan Carlos y que en sí mismos ya son un enorme documento histórico. Las víctimas eran indígenas de la etnia ixil, habitantes de la zona donde operaba la guerrilla. La juez Barrios dictó el 10 de mayo una condena por genocidio contra el exdictador y absolvió al jefe de los servicios de inteligencia de entonces. Sin embargo, la condena, lejos de cerrar ninguna herida, las ha reabierto todas.

No es el proceso a Ríos Montt lo que ha dividido a Guatemala. Ni siquiera que muera en la cárcel o no. El anciano general apenas tiene quien lo defienda ni siquiera en la derecha más conservadora de Guatemala. Lo que verdaderamente ha crispado al país es la palabra genocidio. Es una definición de lo que ocurrió en los ochenta por la que no están dispuestos a pasar la mayoría de intelectuales del país. La palabra genocidio ha sido una patada al tablero de juego donde reposaban los delicados equilibrios de la transición que comenzó con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996.

En el despacho del abogado Gustavo Porras cuelga una enorme foto de la firma de aquellos acuerdos. En la foto está él, firmando como negociador del Gobierno de aquel momento, con un comandante guerrillero, el 29 de diciembre de 1996. Porras fue un líder del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) en la época de los hechos juzgados y hoy es uno de los intelectuales más respetados de Guatemala. Publicó un comunicado al comienzo del juicio negando que hubiera habido genocidio. Lo firmaban una docena de personas todos relacionados con la firma de la paz. “En Guatemala no hubo genocidio. Hubo masacres horribles”, explicaba Porras el pasado miércoles en su despacho. “Nosotros no decíamos una palabra en defensa de nadie. Decíamos que no fue por motivos étnicos”.

El anciano general apenas tiene quien lo defienda ni siquiera en la derecha más conservadora, lo que verdaderamente ha crispado al país es la palabra genocidio

“Lo que nosotros libramos fue una guerra política militar, no un conflicto étnico”, prosigue el exguerrillero. Mientras que apenas nadie discute los crímenes del Estado en Guatemala, “el genocidio dividió: Si decías que había genocidio eras de izquierdas y si no, eras de derechas”. Porras no defiende a Ríos Montt, lo que le preocupa es el futuro de las instituciones surgidas de la transición, que ve atacadas por la sentencia. Según él, hay una estrategia de EE UU para hacer parecer a Guatemala como un Estado fallido y “consolidar lo poco que le queda de su patio trasero” a través de organizaciones internacionales, como la Comisión de la ONU contra la Impunidad en Guatemala, que supervisa la aplicación de la ley en el país.

El abogado Héctor Rosada sí ve probado el genocidio. Rosada también participó en las negociaciones de paz y realizó un peritaje sobre el término genocidio para el tribunal, basado, entre otras cosas en las sentencias sobre Yugoslavia. Explica que “el genocidio no lo cometió Ríos Montt”, sino que “él era el jefe del Estado contrainsurgente” que lo cometió. “Se juzgaba una institución. El genocidio no lo puede cometer una persona sola”. En un momento de la conversación, afirma: “Yo le conozco, es buena persona”. No es raro oír esta opinión en Guatemala.

Ricardo Méndez Ruiz es presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo. Fue secuestrado dos meses por la guerrilla. Su padre era el ministro de Gobernación con Ríos Montt y él ha organizado una potente campaña mediática contra la sentencia por genocidio. Califica a la juez Barrios de “desequilibrada” y de la fiscal general dice que tiene “raigambre marxista”. Considera que “los comunistas” tomaron el poder judicial.

Cuánto es suficiente para las víctimas, es una clave para saber si Guatemala resistirá meter en la cárcel a Ríos Montt

Para él, la sentencia por genocidio es “un medio para un fin”. “Una de las causas del genocidio es el desplazamiento, eso les da argumentos para plantear una reforma agraria. Ellos pretenden una reforma agraria confiscatoria”, afirma.

Méndez Ruiz reconoce su preocupación porque la sentencia deja abierta la posibilidad de juzgar a más personas por aquellos crímenes, entre ellos a su padre. Pero también al actual presidente, Otto Pérez Molina, que era oficial del Ejército en los meses de las masacres en la zona del Quiché, una cuestión que sobrevuela todas las conversaciones sobre el juicio. “El día que deje la presidencia lo pueden meter en la cárcel”.

Cuánto es suficiente para las víctimas, entonces, podría ser una clave para saber si Guatemala resistirá meter en la cárcel a Ríos Montt. El director del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos de Guatemala, Juan Francisco Soto, afirma que “se busca juzgar la autoridad intelectual, porque la autoridad material es muy difícil en un conflicto tan grande”, y recuerda las cifras del conflicto armado: 200.000 muertos, 40.000 desaparecidos, 50.000 desplazados a México, un millón de desplazados internos…

En el juicio “el tema era el acceso a la justicia de las víctimas y la garantía de no repetición de los hechos. ¿Qué garantía tiene la gente de que no se repitan unos hechos si no se juzgan”. Soto tiene claro que el juicio “fortalece los Acuerdos de Paz”, que “cierto grupo de la sociedad quiso ver como olvido y cierre”. Después de lograr la condena a Ríos Montt, sugiere que no hay mucho más. “Veo difícil que las víctimas fueran a por otros responsables. El problema aquí es cuánto puede aguantar el sistema", dice. En concreto, sobre el presidente, cree que “es una estrategia de la defensa” advertirle de que después de Ríos Montt va él, supuestamente para que tome cartas en el asunto. La sentencia “deja la puerta abierta [a investigar más], sin nombres. Nadie ha pedido ir contra el presidente. Nadie ha pedido juzgar a nadie más”.