El Kirchnerismo maniobra para quitar a Clarín su fábrica de papel de periódicos

El Gobierno de Argentina perdió una batalla contra el grupo Clarín cuando intentó que el pasado 7 de diciembre se desprendiera de parte de sus negocios audiovisuales. La empresa se acogió a una medida cautelar que le amparaba desde hacía tres años ante la Ley de Medios aprobada en 2009. Y los tribunales otorgaron la razón a Clarín. La presidenta Cristina Fernández perdió la batalla pero no la guerra. El siguiente paso consistió en emprender una reforma judicial que, entre otros puntos, limitara el tiempo de las cautelares y reformara el órgano de Gobierno de los jueces. Y el último ataque contra el Grupo se produjo el jueves cuando diez diputados kirchneristas, incluidos algunos de los más representativos de ese grupo parlamentario, presentaron un proyecto que tiene como objetivo quitarle el control a Clarín de su compañía Papel Prensa, la única fábrica de papel para periódicos de Argentina. Mediante la expropiación del 24% de acciones que contempla el proyecto de ley, el Estado se convertiría en el socio mayoritario y su participación pasaría del 28% al 52%.

“El daño económico que podría ocasionar en la empresa es grave, porque yo no he visto ninguna expropiación de los Kirchner que hayan pagado”, indicó ayer Martin Etchevers, gerente de comunicaciones del Grupo Clarín. “Pero es peor la situación de vulnerabilidad en que se quedan los medios argentinos, la espada de Damocles que entraña esta medida. Para cualquier medio mediano, saber que ahora le van a tener que pedir el acceso al papel al Estado, es grave”, señaló. “Están buscando distintas alternativas para quedarse con Papel Prensa. Pero si no fuera la expropiación, porque no llegasen a los votos, tienen el otro camino que es ir a la intervención directa vía la Comisión Nacional de Valores”, indicó.

Las compañías de medios más afectadas por esta medida, los diarios Clarín y La Nación y el bisemanario Perfil contemplan publicar el próximo domingo un pronunciamiento conjunto. No obstante, el director del diario La Nación, Héctor D’Amico, quiso recordar el contexto en el que se produce la nueva iniciativa del Gobierno. “Esto sucede después de que el Gobierno haya conseguido aprobar una de las mayores modificaciones al sistema judicial argentino. Sucede en un momento donde el Gobierno se ha tomado la atribución de manejar a qué diario se le puede poner publicidad y cuál no. En un contexto en el que atemorizan a las empresas para que publiquen publicidad en cualquier diario menos en Clarín, La Nación y Perfil. Primero nos intentan sacar la publicidad, después el papel y terminarán sacándonos la tinta y después los periodistas”.

“Controlar el papel es lo que hizo el peronismo en los cincuenta, cuando el diario La Nación salía con seis páginas y cuando se quedaron con el diario La Prensa en 1951”, indica un antiguo empleado del periódico. “Con este medida controlarán las importaciones de papel y lo distribuirán con el mismo criterio con el que distribuyen la publicidad oficial: las mejores condiciones, para los medios amigos”.

Papel Prensa pertenece en un 49% al Grupo Clarín, el principal conglomerado de medios de comunicación de Argentina que lleva cinco años de guerra sin cuartel con el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y en un 22% al periódico La Nación, también crítico del kirchnerismo. Una parte minoritaria de los periódicos argentinos es abastecida con importaciones de papel, pero están sometidas a cupos, al igual que muchas de las compras de productos extranjeros en Argentina, bajo el argumento de preservar la industria local y evitar la salida de divisas.

La batalla por el control de Papel Prensa, que ya lleva tres años, se inscribe dentro de la pelea entre el Gobierno argentino y Clarín. Para el Ejecutivo, está en juego la política contra los monopolios y la libertad de prensa. La oposición usa los mismos argumentos, pero para criticar la iniciativa.

"Resulta hartamente evidente que Papel Prensa se dedica a una empresa monopólica como es la producción de un insumo para la fabricación del papel de diario”, escribió en el proyecto de ley el diputado Carlos Kunkel, uno de los que expresa la línea más dura del kirchnerismo. “De allí es que es el propio Estado el que debe asegurar que no existan actividades monopólicas, o regular las mismas, ello para que la distribución de papel sea equitativa para toda la prensa gráfica del país. Este principio de control de los monopolios debe reforzarse aún más dentro de un contexto delicado como es el de la prensa", añadió Kunkel, con el apoyo de otros nueve diputados, entre ellos algunos emblemáticos del grupo kirchnerista como Diana Conti o la esposa de un peronista tradicional que gobierna el municipio bonaerense de Ezeiza, Dulce Granados. Aún Fernández no se ha manifestado sobre la iniciativa.

Buena parte de la oposición ya la ha criticado. El jefe del grupo de diputados radicales, Ricardo Gil Lavedra, la calificó de “acto de persecución, que se enmarca en la contienda que el Gobierno mantiene con Clarín”. Su par del peronismo antikirchnerista Francisco de Narváez opinó que la presidenta argentina “toma decisiones propias de una dictadura”. El diputado Federico Pinedo, de la conservadora Propuesta Republicana (PRO), declaró que “es otra muestra de que el kirchnerismo quiere seguir el modelo venezolano y acallar a cualquier medio que no repita lo que ellos dicen”. Su colega Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, opinó que el proyecto “tiene por objeto la eliminación de los medios de comunicación que no repitan la única voz de la presidenta”.

En 2009, el Congreso, con el voto kirchnerista y de fuerzas opositoras de izquierda, aprobó la ley que obliga a Clarín y a otros grupos a desinvertir en medios audiovisuales. Esa norma está frenada por la justicia. Al año siguiente, el Gobierno de Fernández presentó una denuncia penal contra directivos de Clarín y La Nación por la supuesta venta coercitiva de Papel Prensa a esos dos grupos durante la última dictadura militar (1976-1983). Ambos habían respaldado al régimen, pero aún no ha prosperado la investigación judicial sobre los presuntos delitos de terrorismo de Estado. El Gobierno también denunció en aquel momento que Papel Prensa favorecía en cantidades y precios la distribución a Clarín y La Nación, en detrimento de otros periódicos. Por eso en 2011 el Congreso aprobó, solo con el voto kirchnerista, una ley que establecía el control estatal de la producción, la distribución, la importación y la exportación de papel de periódicos.

En el medio de la discusión, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, llegó a asistir a las reuniones del consejo de administración y la asamblea de accionistas de Papel Prensa con guantes de boxeo o a los gritos. Fue Moreno también quien en febrero pasado ordenó a las cadenas de supermercados y de venta de electrodomésticos que dejaran de anunciar en las ediciones de papel de los periódicos con el argumento de que así bajarían sus costes en medio de una congelación de precios que lleva tres meses. Los anunciantes como la francesa Carrefour y la norteamericana Wal-Mart, que aportaban buena parte de la publicidad de Clarín y La Nación, acataron lo que el secretario les pidió.

El proyecto de expropiación de Papel Prensa dice que esa medida sería “en resguardo a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección". En una entrevista con el periódico Tiempo Argentino, cercano al Gobierno de Fernández, un periodista le planteó a una de las firmantes de la iniciativa, Adriana Puiggrós, que “alguien podría decir que si el Estado controla la compañía también podría premiar y castigar a los diarios según las posturas políticas que tengan”, a lo que la diputada contestó: “Eso es en realidad lo que sucede ahora: hay un grupo que utiliza la producción de papel como forma de coacción y de organizar la construcción de la información. El proyecto no habla de un gobierno sino del Estado. Es el actor que vela por el interés general. Es la expresión política de toda la sociedad”. Los opositores no piensan lo mismo, pero son solo una minoría en el Congreso argentino. Una vez que se termine de aprobar el último de los seis proyectos de la reforma judicial que impulsa Fernández y la nueva iniciativa de amnistía fiscal, puede que llegue el turno de la expropiación de Papel Prensa.