Europa busca blindar la democracia

La Unión Europea encierra un sinfín de realidades. Las costumbres, el idioma y la situación económica de un chipriota poco tienen que ver con las de un finlandés, aunque los dos compartan moneda y puedan cruzar sin pasaporte las fronteras. La adhesión de nuevos países ha incrementado la diversidad, de forma que casi lo único que hermana hoy a los europeos es la democracia y los derechos fundamentales. Son conquistas que durante años se han dado por sentadas y que ahora afrontan amenazas. Europa observa con estupor la involución democrática de Hungría, cuya deriva autoritaria revela la falta de instrumentos en la UE para frenar esos comportamientos.

Hasta hace 10 años, la distancia entre europeos se medía principalmente en términos económicos. Con algunas excepciones, la brecha en niveles de corrupción y derechos humanos era inferior a la actual. La ampliación comunitaria de 2004 —la mayor de la historia europea, con 100 millones de nuevos ciudadanos— abrió la próspera UE a nuevas realidades y minimizó los retos de integración asociados. La entrada, tres años después, de Rumanía y Bulgaria, fue la máxima expresión de esas disparidades. Pese a no cumplir las condiciones exigidas, los dos países accedieron al club comunitario a cambio de someterse a un proceso especial de vigilancia, que aún dura.

Pocos en las instituciones comunitarias lamentan esas decisiones. “La ampliación al Este fue una buena idea que daba cumplimiento a la promesa que nos hicimos en 1989 [con la caída del Muro de Berlín]: no abandonarnos los unos a los otros”, reflexiona Rui Tavares, eurodiputado de Los Verdes. Pese a mostrarse muy crítico con la situación en Hungría —Tavares es portavoz de ese asunto en la Comisión de Libertades—, el europarlamentario solo objeta la falta de cautela política: “Nuestros Gobiernos fueron un poco ingenuos al pensar que la entrada en la UE era un atestado de buen comportamiento perpetuo”.

Con matices, todas las fuentes consultadas comparten este diagnóstico: la ampliación europea está en la esencia del proyecto comunitario porque supone la mayor garantía de paz y estabilidad en la región. Otra cosa es que los procedimientos hayan sido óptimos. El caso de Chipre, que accedió a la UE en la oleada de 2004 y al euro en 2008, evidencia que la voluntad política enmascaró problemas ineludibles: la isla era considerada un paraíso fiscal por muchos países, entre ellos España.

La Comisión Europea es consciente de los puntos débiles de estos procesos. “La experiencia de ampliaciones recientes subraya la importancia de situar el Estado de derecho todavía más en el centro de la política de ampliación”, admite esta institución en un reciente informe sobre las adhesiones venideras. Para garantizar el apoyo de los ciudadanos, “es esencial fomentar la comprensión y un debate de ideas sobre el impacto de la política de ampliación, principalmente cuando la UE afronta grandes retos”. Con la crisis, los países se vuelven más reacios a acoger a otros.

“No es un problema de la ampliación. Hay otros países europeos con problemas y con baja puntuación, por ejemplo, en corrupción. Si se detectan casos como el de Hungría, la Comisión Europea puede aplicar el procedimiento de infracción, aunque es cierto que podría ser más rápido”, subraya Zsolt Darvas, analista de Bruegel, un influyente laboratorio de ideas bruselense.

Esa es la clave del debate. Porque aunque buena parte de los problemas se localicen en los nuevos miembros, también se observan elementos inquietantes en los antiguos socios. Así ocurre en Grecia, donde el partido nazi Aurora Dorada promueve la xenofobia. Y si se habla de corrupción, Italia y España acumulan varios borrones en el expediente. Además, la pertenencia a la UE impulsa las reformas. “Para Bulgaria, el beneficio más obvio es económico, pero lo más importante es que supone una garantía adicional para la democracia y el Estado de derecho”, explica Daniel Smilov, analista del Centro de Estrategias Liberales de Sofía.

“Las instituciones europeas son muy duras con las condiciones durante el proceso de adhesión. El problema es que, una vez han entrado, no hay nada. Solo el procedimiento de infracción”, arguye Renate Weber, eurodiputada liberal rumana. Para cubrir esta laguna, Weber propone algún mecanismo comunitario que supervise los comportamientos democráticos de los países miembros. Coincide el diputado Tavares, que aboga por una comisión técnica que actúe cuando la democracia esté en peligro.

Esa idea de nuevos instrumentos empieza a calar. La semana pasada, Alemania, Holanda, Dinamarca y Finlandia pidieron a la comisaria de Justicia, Viviane Reding, un mecanismo eficaz para salvaguardar los derechos fundamentales en los Estados, aunque Reding se ha limitado a recordarles las herramientas en vigor.

El problema es que esas herramientas son lo que fuentes comunitarias denominan la bomba nuclear, pensada para no ser utilizada. Se trata del artículo 7 del Tratado de Lisboa que prevé retirar los derechos de voto a un país si no cumple las normas. Al ser una medida tan drástica, no se aplica, pero tampoco se ponen en marcha castigos más graduales que reparen los incumplimientos.

Cuando apenas faltan dos meses para que la UE incorpore a su socio número 28, Croacia, el analista de Bruegel admite una cierta “fatiga de ampliación”. Pero precisamente Croacia y la zona que representa, los Balcanes, encarnan el aspecto más ilusionante del proyecto europeo: la consolidación de la paz. Porque solo las perspectivas de integración ya propician la concordia, como acaba de ocurrir con el histórico acuerdo de Serbia y Kosovo. “Si no fuera por la aspiración a entrar en la UE, ¿cómo estarían esos países?”, reflexionan fuentes de la Comisión.