Presiones para que el detenido de sea juzgado como combatiente enemigo

Los responsables de la acusación contra el único detenido por el atentado de Boston, Dzhokhar Tsarnaev, buscaban una acusación formal por terrorismo que permitiría que fuese juzgado ante un tribunal federal y, potencialmente, condenado a muerte, según fuentes de la investigación citadas por varios medios de comunicación norteamericanos. De esa manera, la fiscalía intenta también vencer cuanto antes las presiones para que el sospechoso sea tratado como un “combatiente enemigo” y sometido a la justicia militar, incluso enviado a Guantánamo.

La solicitud de una condena de pena de muerte exigiría, entre otras muchas demandas de carácter jurídico, trasladar el caso fuera de la circunscripción actual, puesto que en el estado de Massachusetts no es legal ese castigo. Al ocurrir las muertes de las cuatro personas cuyo asesinato se pretende imputar a Tsarnaev en Boston y sus alrededores, la acusación por esos crímenes en particular quedaría sujeta a la jurisdicción del estado, pero la fiscalía pretende presentar también cargos por terrorismo para que el caso sea de competencia federal.

La acusación de terrorismo exige tener que probar la existencia de un complot, de planes premeditados de crear un daño indiscriminado y una serie de dificultades técnicas que pueden alargar y hacer más compleja la solución judicial de este atentado.

Esa y otras limitaciones de la justicia civil han llevado a algunos destacados miembros del Congreso a solicitar a Barack Obama que el juicio sea trasladado al ámbito castrense y que Tsarnaev sea procesados por una comisión militar similar a las que han juzgado en el pasado a los presos de Guantánamo.

Los senadores republicanos John McCain y Lindsay Graham han reclamado que no se conceda al detenido los derechos que le corresponde a cualquier acusado en EE UU y que sea tratado como los capturados tras los ataques del 11 de Septiembre. “Bajo la ley de la guerra, podemos retener a este sospechoso como un potencial combatiente enemigo, sin que haya que leerle sus derechos o nombrarle a un abogado. Nuestro objetivo en esta coyuntura crítica debería de ser el de recabar información para proteger a nuestra nación de futuros ataques”, han manifestado los dos congresistas en un comunicado.

El fiscal general, Eric Holder, no se ha pronunciado aún sobre esta polémica, pero sus movimientos indican que la voluntad del Gobierno es la de conducir el caso a través de la justicia ordinaria. Se espera en cualquier momento la comparecencia del detenido ante el juez para presentar formalmente los cargos en su contra, lo que ocurrirá, seguramente, en el hospital debido al estado en que se encuentra. Eso deberá de ir acompañado del nombramiento de un abogado y del establecimiento de los plazos para que, primero, se decida sobre la libertad provisional del sospechoso, que, por supuesto, está descartada, y de la creación del gran jurado –la primera instancia de un proceso criminal- que decida sobre su situación en, aproximadamente, 30 días.

Hasta ahora, sin embargo, el caso de Tsarnaev ha sido tratado con la excepcionalidad que la Administración otorga a las circunstancias específicas de terrorismo. No se le leyeron en el momento de su arresto lo que en este país se conoce como “derechos Miranda” –tiene derecho a guardar silencio y cualquier cosa que diga puede ser utilizada en su contra- ni se le ha facilitado en las primeras horas la asistencia de un letrado.

Algunas organizaciones de derechos humanos han protestado por ese tratamiento, que el Gobierno justifica en una normativa especial que fue dictada en 2009 tras la detención en Detroit del sospechoso de llevar una bomba en su ropa interior en un avión. En aquella ocasión, al detenido se le interrogó sin que estuviera presente un abogado.

En esta oportunidad, el interrogatorio, al parecer, no ha sido posible porque Tsarnaev continúa en estado grave, después de su detención en la noche del viernes, y, según algunos medios de comunicación, afectado por algunas heridas que le impiden hablar. El alcalde de Boston, Tom Menino, advirtió ayer que quizá no pueda hablar nunca. Según la policía, el preso sufrió heridas en la garganta en el momento de su arresto.

El riesgo de que Tsarnaev no llegue nunca a prestar declaración es la justificación expuestas por los senadores McCain y Graham para que no se le conceda la protección de la ley. Expertos jurídicos han advertido, sin embargo, que sería muy difícil para el Gobierno justificar el traslado a la justicia militar de un joven con nacionalidad norteamericana y que ha sido detenido en territorio de EE UU.

Si Tsarnaev no se declara culpable, no va a ser tan fácil para la fiscalía montar un caso lo suficientemente consistente como para reclamar la pena de muerte, que requiere, no solo pruebas circunstanciales, sino testimonios directos y testigos. Lo abogados pueden argumentar, además, sobre la juventud del acusado y con su posible papel secundario en el atentado, que podría haber sido exclusivamente obra de su hermano mayor, Tamerlán. Un primer paso tendrá que ser el de llevar el juicio fuera de Massachussetts, lo que es posible al tratarse claramente de un delito federal.

Todos estos aspectos son muy importantes para establecer un nuevo enfoque por parte de esta Administración en el tratamiento legal del terrorismo. Pero pueden ser también una traba a la hora de establecer todas las conexiones del caso, si las hubiera. Por ejemplo, si, como ahora se especula, fue Tamerlán quien viajó a Rusia e hizo los contactos para sus planes terroristas, Dzhokhar podría declarar que desconocía todo al respecto y que únicamente siguió las instrucciones de su hermano.