México libera a los últimos inocentes de la matanza de Acteal

México ha cerrado este miércoles uno de los capítulos más oscuros de su historia judicial. La Corte Suprema ordenó la liberación inmediata de los últimos 15 condenados por el asesinato en 1997 de 45 indígenas en Acteal, una aldea de Chiapas, en el sur. El máximo tribunal del país reconoce que la Procuraduría –fiscalía- inventó pruebas, algunas de forma grotesca, para mandar a la cárcel a un puñado de inocentes. ¿Un ejemplo? Uno de los jueces encargados del caso llegó a copiar de Wikipedia una resolución de balística.

El asesinato a sangre fría de medio centenar de indígenas que se encontraban rezando, entre ellos 18 niños y cuatro mujeres embarazadas, puso en entredicho al Gobierno de Ernesto Zedillo, el presidente mexicano de la época, al que la sombra de aquellas muertes persigue desde entonces. Su secretario de gobernación y el gobernador de ese estado, del mismo partido, dimitieron pero el caso se cerró en falso. En vez de buscar a los verdaderos culpables, las autoridades orquestaron una farsa para achacar la matanza a un conflicto entre comunidades indígenas.

La Corte Suprema ha puesto de relieve con esta y otras resoluciones anteriores lo que venían denunciando desde hace años organizaciones por los derechos humanos y abogados penalistas: todo era una gran mentira para proteger a los verdaderos culpables. La creencia general es que quienes mataron a aquella gente, cercana a un movimiento zapatista en pleno apogeo, fueron grupos paramilitares financiados por el propio Gobierno.

El caso ha estado plagado de irregularidades. El testigo que facilitó la primera lista de culpables con todo lujo de detalles en realidad no sabía ni leer ni hablar en español. La policía elaboró un álbum de fotos para que los testigos lo tuvieran fácil a la hora de reconocer a quien tenían que incriminar. Uno de los jueces agregó delitos que el fiscal no había incluido en su investigación. Otro, Martín Rangel, copió su resolución de la enciclopedia libre de Internet. Este juez obtuvo después un ascenso y hoy día es magistrado de un tribunal colegiado.

El asunto llegó al máximo tribunal en 2009, cuando se aceptó una solicitud de demanda de amparo por 57 presos. No solo se habían vulnerado sus garantías procesales sino que también se habían fabricado pruebas en su contra. “Lo trágico es que hemos tenido que sortear todos los filtros de la justicia mexicana, un tribunal detrás de otro, para poder obtener la libertad de unos hombres contra los que no había ni una sola prueba verdadera en su contra”, explica a EL PAÍS el abogado Javier Cruz Angulo, que lleva el caso desde 2007.

Cruz Angulo no fue el que impulsó el reconocimiento de inocencia de estos 15 últimos acusados que desde hoy son hombres libres pero el abogado de oficio que redactó la resolución utilizó sus argumentos para liberarlos. “Ojalá este caso se estudie en las escuelas de derecho para que jamás vuelva a ocurrir algo semejante”, pide el letrado.

La de Acteal, como se ha venido diciendo en los últimos años, es una doble tragedia. La de los asesinados cobardemente con machetes y armas de poderoso calibre y la de los desgraciados que han pasado años entre rejas por un crimen que no cometieron. Los magistrados de la Corte Suprema solo tienen capacidad de revisar unos 800 casos al año, una mínima parte de los cientos de miles de expedientes que acumula la población reclusa del país. “Es duro pensar que hay miles de personas que pasan 30, 40 ó 50 años en las cárceles de este país sin haber tenido un juicio justo”, lamenta Cruz Angulo. Es la parte en sombra de la mal llamada justicia mexicana.