México reducirá los plazos que permiten comenzar a buscar a un desaparecido

Darcy, una joven de 20 años del Distrito Federal, fue vista por última vez cuando salía de la heladería en la que trabajaba el domingo 24 de marzo a las nueve de la noche. “Nos preocupamos hacia la una de la mañana, ella nunca llegaba tarde”, relata su padre, José Luis Losada, en conversación telefónica. Con su esposa acudió a la Procuraduría de Justicia, pero no pudieron presentar la denuncia porque no habían pasado las horas necesarias. Su madre declaró a la prensa haber recibido una llamada desde el teléfono de Darcy en la que oyó gritar a la joven suplicando que cesaran los golpes. El número se había marcado sin querer. La muchacha fue hallada finalmente muerta el lunes por la noche y hasta el martes no pudo ser identificada, horas antes de que el asesino confesara la autoría del crimen a la familia vía Facebook.

Hasta la fecha, en México las autoridades tienen por costumbre esperar 72 horas desde la ausencia de una persona hasta el inicio de la investigación, una práctica que parece tener los días contados. Con la aprobación del nuevo protocolo de búsqueda de personas desaparecidas las primeras horas serán cruciales para intentar ubicar a la víctima y tratar de saber qué pasó con ella. La Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (PROVÍCTIMA) ha confirmado al diario EL PAÍS que el documento está finalizado. El texto, en el que el organismo lleva trabajando casi un año, ha alcanzado el consenso de las 32 procuradurías estatales y será sometido a votación en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, para la cual todavía “no hay fecha prevista pero no será más tarde de junio”, afirma la subprocuradora Patricia Bugarín. El Protocolo constituye un documento que adoptarán de forma homologada las diferentes instancias del país: “Lo fundamental es que no estamos proponiendo un protocolo de integración, en el que se dice ‘haz esto’. Es un protocolo de investigación que propone cómo hacerlo”.

Para el padre de Darcy Losada, la noticia es positiva: “Tal vez, si se hubiese buscado en la zona durante las primeras horas, se habría evitado”. En este sentido Bugarín reconoce que en este caso debió de prestarse atención a indicios previos –ella ya había sido amenazada- y concluye que las primeras 24 horas son “fundamentales”. “Una investigación de búsqueda es el primer contacto con la información, cuanto más tardemos más lejos estamos de resolverla”.

La reforma se basa en cuatro pilares: la recopilación de la información que pueden proporcionar las víctimas indirectas, elegir los datos estratégicos para la búsqueda, definir hacia dónde llevar la pesquisa y analizar los datos. La cifra de desaparecidos en México es muy alta. Según reconoció el Gobierno en febrero, entre 2006 y 2012 hubo 26.121 denuncias de desaparecidos.

Cuando la hija de Marisela Escobedo desapareció en 2008 en Ciudad Juárez, las autoridades tardaron más de un mes en iniciar las pesquisas. En aquel caso, con sus propios recursos, la madre logró localizar al presunto asesino de su hija, quien reconoció la autoría de los hechos en el juicio y hasta el lugar de sepultura de sus restos. Los jueces lo declararon inocente por falta de pruebas y el caso de Marisela saltó a los medios nacionales e internacionales. Ella se convirtió en activista y en 2010 la mataron de un tiro en la cabeza frente al Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua. La Justicia, en todo aquel proceso, funcionó al revés. “En la experiencia de Juárez estamos convencidos de que si los protocolos se hubiesen activado antes, habríamos evitado miles de asesinatos. Las primeras horas son clave para la solución en la investigación de un desaparecido”, afirma Imelada Marrufo, presidenta de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, localidad que ha sufrido la muerte violenta de 1.441 mujeres desde 1993 y la desaparición de otras 171 desde 1995. “Desde la sociedad civil llevamos años pujando por que se lleve a cabo una búsqueda inmediata, así que este protocolo es una buena noticia”, concluye.

La publicación del listado con 26.121 ausentes entre 2006 y 2012 fue la respuesta del Ejecutivo de Peña Nieto a un informe de Human Right Watch que documentaba la participación de las fuerzas de seguridad en 149 desapariciones durante el sexenio de Felipe Calderón. Entre las principales deficiencias del sistema de búsqueda HRW denunciaba la demora en los plazos para iniciar las pesquisas. La Procuraduría General de la República ha expresado en varias ocasiones su compromiso con este asunto, asegurando que la localización de personas ausentes es una prioridad del Gobierno Federal.