Sin política exterior

La política exterior de España se encuentra en un estado crítico. Como consecuencia de la crisis, sí, pero también como resultado de las decisiones tomadas en los últimos años. Para justificar esta aseveración no hace falta más que mirar con algo de detenimiento a los tres pilares que conforman la acción exterior de cualquier país: la diplomacia, la defensa y el desarrollo. En cuanto a la diplomacia, son varios los elementos, estructurales y coyunturales que se conjugan para crear esta situación. El más evidente tiene que ver con la crisis, que ha tenido un profundísimo impacto sobre la capacidad de actuación de España en el plano internacional. España, que siempre luchó por hacerse un hueco entre los grandes de la UE, tiene hoy extremadamente difícil no ya ser influyente sino ni siquiera hacerse oír en Europa, mucho menos fuera de ella.

 La crisis, además, ha relegado a un segundo plano al Ministerio de Exteriores, en detrimento de Economía y Hacienda, cuyas decisiones son las que cuentan hoy y son relevantes internacionalmente. Esto, que es una tendencia general en toda Europa, significa que excepto que tengan una enorme capacidad de liderazgo o un peso político propio, los Ministros de Exteriores no suelen estar en el núcleo decisorio. En el caso de España, cuyo sistema político es sumamente presidencialista, como Mariano Rajoy tampoco ha querido jugar un papel exterior activo, situándose más en la línea de Zapatero que en la de González y Aznar, la acción exterior adolece de falta de impulso político. Internamente, además, los recortes en el presupuesto han dejado a un Ministerio de Exteriores que ya contaba con pocos recursos materiales y humanos muy capitidisminuido y con poca capacidad de atender otra cosa que no sea lo urgente. A esto hay que añadir tres decisiones estratégicas muy cuestionables: una, las energías dedicadas a la promoción de la marca España en un contexto tan adverso, que requiere de unos recursos de los que carecemos en estos momentos; dos, la centralidad casi exclusiva dada a la promoción de los intereses de las empresas españolas en el exterior, que refleja una visión muy estrecha y mercantilista de la política exterior; y tres, el intento de hacer una reforma del Servicio Exterior precisamente en el momento de mayor debilidad del Ministerio de Exteriores dentro de la Administración, lo que en lugar de reforzar la acción diplomática puede acabar debilitándola.

La crisis ha relegado a un segundo plano al Ministerio de Exteriores en detrimento de Economía y Hacienda, cuyas decisiones son las que cuentan

Del segundo pilar de la acción exterior, la defensa, no se pueden decir cosas mucho mejores. Las Fuerzas Armadas son víctimas de una burbuja armamentística que pone seriamente en entredicho su capacidad operativa. Fruto de las decisiones de compra tomadas durante la última década, el Ministerio de Defensa tiene que hacer frente a una factura de 3.500 millones de euros anuales hasta al año 2025, lo que le obliga a reducir al mínimo sus gastos en personal, operaciones y misiones. Lo grave es que los costosísimos programas de armamento que mantienen paralizadas a las Fuerzas Armadas son de dudosa utilidad ya que las decisiones de adquirir estos sistemas se tomaron más atendiendo a criterios de política industrial que de seguridad nacional. La paradoja resultante es insuperable pues el Ministerio de Defensa en lugar de ver reducido su presupuesto, está en la práctica gastando más y, a la vez, reduciendo significativamente su capacidad operativa. Concluyo con la pariente pobre de la acción exterior de este gobierno: la cooperación al desarrollo. Entre el gobierno anterior, que la quiso demasiado y este, que la quiere demasiado poco, está a punto de pasar a la historia. Los gobiernos socialistas quisieron atajar en el camino hacia el 0,7, lo que provocó, aquí también, una burbuja financiera. Entonces, ni el aumento del gasto respondió a prioridades claras ni se buscó convertir la cooperación en una política de estado consensuada con el Partido Popular.

Ahora, la reducción del gasto tampoco responde a una verdadera priorización ni a una visión de cómo recuperar la ayuda en el futuro y hacerla sostenible. La caída al 0,15% del PIB, que supone una reducción del 50% en un solo año, significa que el gobierno ni cree que la cooperación al desarrollo sea un instrumento potente de política exterior ni comparte la visión de que los países desarrollados (todavía lo somos) tengan obligaciones internacionales que vayan más allá de la mera defensa de sus intereses. Quizá todo esto sea ya un hecho consabido y por eso nadie hable mucho de ello. O puede que entre tantos problemas tan graves haya pasado desapercibido. Es posible incluso que hayamos llegado a un punto en el que el tema simplemente nos haya dejado de preocupar. Pero el hecho evidente es que si seguimos amputando los instrumentos de la acción exterior nos quedaremos sin política exterior, si no lo hemos hecho ya.

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