Francia cambia de doctrina y no pagará rescates a cambio de rehenes

El ministro de Exteriores francés, Laurent Fabius, ha dicho este lunes que París “no tiene pruebas” de la muerte de Philippe Verdon, un supuesto funcionario de inteligencia secuestrado en Malí en noviembre de 2011, y al que los yihadistas de AQMI (Al Qaeda del Magreb Islámico) aseguran haber asesinado el pasado 10 de marzo en represalia por la intervención militar francesa en el Sahel. La guerra de Malí ha colocado a las familias de los 15 franceses capturados en África en “una situación insoportable”, ha dicho Jean-Pierre Verdon, padre del rehén dado por muerto.

Tras semanas de ataques contra los terroristas de AQMI refugiados en el macizo de las Ifogas, todavía no hay noticias sobre la suerte de los rehenes, mientras París admite oficialmente que ha cambiado su doctrina sobre los secuestros. Ya no pagará más rescates, y se opondrá a que lo hagan las empresas, las familias y las aseguradoras.

El pasado 13 de enero, el presidente François Hollande anunció en el Elíseo a las familias de los siete secuestrados franceses en la zona del Sahel que el Estado ya no pagará más recompensas a cambio de la libertad de compatriotas cautivos, y admitió así que, en los últimos 25 años, desde que los primeros franceses fueron capturados en Líbano, la Administración gala ha realizado, o al menos permitido bajo cuerda, intercambios de dinero por rehenes.

El domingo, la ministra de la Francofonía, Yamina Benguigui, confirmó de forma oficial en una entrevista que el “cambio de doctrina” es “auténtico” y está en marcha. La ministra explicó que los radicales islamistas que luchan contra Francia en Malí han evolucionado, y que “hoy resulta muy complicado tratar con grupos de narco-terroristas que tienen mucha movilidad, funcionan de un modo autónomo y a menudo no tienen jefes visibles”.

La nueva política sobre los secuestros, que pone el acento en el músculo militar y acerca a Francia a los usos de estadounidenses y británicos —salvo en el hecho de que estos intentan mantener en secreto los secuestros de sus conciudadanos—, empezó a ponerse en práctica el 11 de enero, cuando el Elíseo lanzó la operación militar de Malí y casi a la vez ordenó una operación de rescate de un espía francés retenido por un grupo terrorista en Somalia.

Tras el fallido asalto del comando militar, que culminó con la muerte del funcionario de la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE) y de un soldado francés, Hollande decidió el despliegue de tropas en Malí para frenar el avance de los islamistas sobre el sur del país. El temor del Elíseo era que los secuestros de ciudadanos franceses fueran masivos si los terroristas llegaban a Bamako.

El domingo, Al Qaeda del Magreb Islámico amenazó con matar a los cinco rehenes que todavía mantiene en su poder, y pidió a las familias que presionen al Gobierno francés para que retire a sus soldados del país. Françoise Larribe, exrehén y esposa de Daniel Larribe, un ingeniero del gigante nuclear Areva capturado con otros seis franceses en septiembre de 2010 en las minas de uranio de Arlit (norte de Níger), se ha declarado “disgustada” por la decisión del presidente.

“Hollande nos dijo que era impensable pagar dinero a grupos a los que estamos haciendo la guerra. Pero los rescates son una gota de agua en los recursos de unos terroristas que trafican con droga. Creo que Hollande se equivoca”, dijo Larribe a Le Monde.

Los familiares de otros cautivos han mostrado su respeto por la nueva política de Estado, y René Robert, abuelo del rehén Pierre Legrand, ha dicho que comprende “el silencio” del Gobierno, pero ha pedido “que los resultados lleguen pronto y no haya sorpresas”.

Tratando de enviar un mensaje de firmeza, Hollande ha reiterado que no cabe más opción que la de luchar contra los terroristas. “Estamos en una situación de víctimas. Nuestros conciudadanos están en manos de una facción que no tiene ni fe ni ley y que solo conoce el dinero y la fuerza”.

La oposición conservadora se muestra dividida sobre el cambio de política, que en realidad ya fue avanzado, con poco éxito y varias incursiones fracasadas, durante el mandato de Nicolas Sarkozy; el ex primer ministro François Fillon ha afirmado que, aunque comparte el principio de no pagar a los terroristas, Francia “no se debe prohibir ninguna posibilidad de liberar a los secuestrados”, y se ha referido “en particular” a los cuatro menores de la familia Moulin-Fournier, raptada en el norte de Camerún hace un mes y medio por un grupo islamista nigeriano.

La nueva forma de gestionar el chantaje afecta también a las ONG y a las empresas con intereses en África. Un portavoz de Areva, que además de Larribe tiene a otros tres trabajadores de su subcontratada Vinci en manos de los terroristas, explica que “lo más importante es mantener la discreción y la confidencialidad”. “Seguimos de cerca la evolución y apoyamos a las familias, pero no podemos hacer comentarios”.