Arabia Saudí pospone la crucifixión de un joven condenado por robo

Las autoridades de Arabia Saudí han suspendido en el último momento la ejecución de siete jóvenes prevista para las nueve de la mañana de hoy martes. La movilización de los activistas de derechos humanos saudíes y la presión internacional han pesado sin duda para que la familia real haya considerado la repetición del juicio que les condenó a la pena capital, y en uno de los casos a la crucifixión, por una serie de atracos a mano armada cuando la mayoría de ellos eran menores de edad. Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron irregularidades en el juicio.

El príncipe Miteb, hijo mayor del rey Abdalá y jefe de la Guardia Nacional, dio instrucciones para que se retrase la ejecución un mes mientras la Corte Real estudia la petición para repetir el juicio, según Mohammad al Rabhan, un amigo de algunos de los condenados citado por Reuters. Al Rabhan se encontraba entre los dos centenares de familiares y allegados de los jóvenes que desde el domingo se habían concentrado ante el Palacio Real para pedir clemencia.

Sarhan al Mashayekh, Saeed al Omari, Ali al Shehri, Naser al Qahtani, Ali al Qahtani, Saeed al Shahrani y AbdulAziz al Amri, fueron detenidos entre marzo de 2005 y enero de 2006 por una serie de atracos a joyerías en Abha, la capital de la provincia meridional de Asir, durante los meses previos. Un juez les declaró culpables y les condenó a muerte en 2009. En el caso de Sarhan, considerado el cabecilla del grupo, la pena estaba agravada con la crucifixión.

De acuerdo con los datos facilitados por los activistas que han apoyado su causa, los jóvenes tenían entre 15 y 19 años cuando ocurrieron los hechos. La Convención de los Derechos del Niño, a la que Arabia Saudí se adhirió en 1996, prohíbe ejecución de menores. Sólo otros tres países, Irán, Yemen y Sudán, recurren a la misma treta de esperar a que cumplan los 18 años para aplicarles la pena de muerte.

“El príncipe Miteb prometió a los que se reunieron con él que iba a ordenar una nueva investigación y un nuevo juicio, conmutar la pena de muerte o incluso perdonarles”, aseguró Al Rahban.

La intervención real, por más que haya sido agradecida por los familiares, sólo pone de relieve la queja de los activistas saudíes sobre la ausencia de un sistema judicial independiente. El rey Abdalá anunció en 2007 una serie de reformas para modernizar la judicatura, que incluía la especialización de los tribunales y cursillos de capacitación para los jueces, pero el clero que domina buena parte del Ministerio de Justicia ha frenado esos cambios hasta ahora.

“El rey puede adoptar una retórica de reforma y la pretensión de escuchar, pero no hay cabida para la ternura en el Ministerio del Interior”, ha escrito Madawi al Rasheed. Como otros intelectuales críticos, esta antropóloga social considera que el Ministerio del Interior es un Estado dentro del Estado, que “hace las leyes y las viola sin tener que dar explicaciones a nadie”.

“El juicio duró tres horas”, dijo la víspera a esta corresponsal Ali al Ahmed, un opositor que dirige el Institute for Gulf Affairs. Tanto Amnistía Internacional (AI) como Human Rights Watch han señalado en sendos comunicados que los siete jóvenes no tuvieron un juicio justo.

“Les intimidaron, les torturaron, fueron privados de sueño y de comida, e incluso les amenazaron con llevar a sus madres para que confesaran”, explicó por su parte Mohammad al Qahtani de la Asociación por los Derechos Civiles y Políticos en Arabia Saudí (ACPRA).

Las confesiones son el eje central del sistema judicial saudí, que no garantiza ni la asistencia letrada a los detenidos ni antes ni durante el juicio. “Los fiscales no hacen su trabajo y, ante la ausencia de pruebas, la única forma de garantizar las condenas es que los agentes de la DIG [Dirección de Investigación General, servicios secretos dependientes del Ministerio del Interior] obtengan confesiones”, según Al Qahtani.

El sistema judicial saudí, basado en una estricta interpretación de la sharía (ley islámica) es objeto de frecuentes críticas internacionales por su falta de codificación, la ausencia de garantías procesales, su arbitrariedad y el recurso a los castigos físicos, como la flagelación y las amputaciones. Además, en muchos casos la ejecución de las penas de muerte depende de la decisión de los perjudicados por el reo. Aunque el rey Abdalá ha promovido que éstos perdonen a cambio de una compensación monetaria, en los últimos años se han llevado a cabo una media de ochenta y en lo que va de 2013, AI ha computado 17 casos.