Los escándalos de corrupción ahogan la campaña electoral italiana

Hace dos décadas, en 1992, una ofensiva judicial contra la corrupción se llevó por delante a la clase política italiana. Los dos partidos predominantes hasta entonces —la Democracia Cristiana y el Partido Socialista Italiano de Bettino Craxi— desaparecieron. Aquella limpieza judicial se llamó Tangentopoli (la ciudad de los comisiones) y sentó en el banquillo a más de 4.000 empresarios y políticos. A una semana de las próximas elecciones generales, Italia vive una situación tan parecida —también entonces el país atravesaba una gran crisis económica— que son ya muchos, entre ellos el primer ministro Mario Monti, los que no dudan en calificarla tristemente como "el regreso de Tangentopoli".

No se trata, ni mucho menos, de las pequeñas e incesantes corruptelas políticas que salpican la vida italiana. Se trata de un gran salto cualitativo. El martes fue arrestado Giuseppe Orsi, el consejero delegado de Finmeccanica, el segundo grupo industrial italiano, acusado de pagar sobornos para obtener un contrato de 560 millones de euros por la venta de 12 helicópteros al Gobierno indio. El jueves le pusieron los grilletes a Gianluca Baldassarri, el gerente del Monte dei Paschi di Siena, el banco en funcionamiento más antiguo del mundo, por —entre otras irregularidades— la compra al Banco Santander de la entidad italiana Antonveneta por 9.000 millones de euros, 2.4000 millones más de lo que Emilio Botín había pagado por ella unas semanas antes.

Pero hay más. La fiscalía de Milán acusa a Roberto Formigoni, gobernador de Lombardía desde 1995, de asociación para delinquir. Son innumerables las sospechas de corrupción que recaen desde hace años sobre la utilización de la sanidad lombarda para su enriquecimiento personal. Trece de los 80 diputados de su parlamento están siendo investigados y cinco ya han sido detenidos. También fueron arrestados esta semana el presidente del club de fútbol Cagliari y el alcalde con el que tenía manejos ilegales, el empresario Angelo Rizzoli por una quiebra fraudulenta, y el financiero Alessandro Proto…

Italia figura en el puesto 69º, junto a Ghana, del índice de transparencia

La situación es tan grave que el presidente de la República, Giorgio Napolitano, ha mostrado su preocupación y Mario Monti, candidato a continuar otra legislatura al frente del Gobierno, ha declarado: "Por desgracia, estamos ante algo muy similar a Tangentopoli. Los síntomas se parecen mucho, pero la esperanza es menor. En 1992 pensábamos que el fenómeno de las comisiones ilegales estaba llegando al final. Y, sin embargo, está aquí otra vez". En términos parecidos se han manifestado la mayoría de los líderes políticos.

Solo uno ha defendido la pertinencia de que las empresas italianas tiren de mordida para lograr contratos en el extranjero. "Las comisiones existen en todo el mundo; basta con el moralismo de los jueces", ha clamado, cómo no, Silvio Berlusconi. Y ha añadido: "Es inútil ignorar la realidad. Pagar una comisión en el extranjero es un fenómeno de necesidad. Los jueces lesionan a nuestras empresas, practican el masoquismo puro…". Pier Luigi Bersani, candidato del centroizquierda y favorito en las encuestas, dice que las palabras de Berlusconi hablan por sí solas: "La derecha ha dejado al país sumido en una catástrofe ética y moral".

A pocos días de la cita electoral, los partidos hacen cábalas sobre a quién beneficiará y a quién perjudicará la ofensiva judiciaria. Lo único claro es que Italia acompaña a Ghana en el puesto 69 de la lista de Transparency International y su políticos no parecen dispuestos a arreglarlo.