John Brennan defenderá en el Senado su nombramiento como jefe de la CIA

El uso masivo de drones (aviones sin tripulación) y las ejecuciones selectivas de miembros de Al Qaeda empiezan a convertirse en una crisis que le estalla en las manos a Barack Obama, con el riesgo de poner en duda, en primer lugar su credibilidad, pero también el grueso de su política antiterrorista y toda su agenda política. El asunto, que es ya un tema de atención prioritaria, podría cobrar mayor intensidad hoy con motivo de la comparecencia ante el Senado para su confirmación del próximo director de la CIA, John Brennan.

El diario The New York Times publicaba este miércoles en portada una información en la que destacaba que los ataques con drones son, por primera vez, motivo de “escrutinio público”. En ese mismo artículo se incluía la noticia de que Estados Unidos dispone de una base para ese tipo de aparatos en Arabia Saudí.

La razón más sencilla para el uso de los drones es de carácter práctico. EE UU ha encontrado un método eficaz, discreto y seguro de hacerle daño a Al Qaeda

La revelación por la cadena NBC de los argumentos legales en los que se sostiene el uso de los drones para matar a sospechosos, de pertenecer a Al Qaeda, incluidos ciudadanos norteamericanos, ha puesto sobre la mesa la legitimidad, moral y constitucional, de esa práctica. Un editorial del citado diario afirmaba este miércoles que Obama debería de someter las decisiones sobre las ejecuciones selectivas al juicio del Congreso y de los tribunales.

La Casa Blanca tuvo el martes que responder, por primera vez, a preguntas sobre el uso de los drones, un asunto del que nunca había hablado el portavoz de la presidencia y que estaba protegido como secreto de estado hasta que el propio Brennan lo desveló hace pocos meses.

Brennan, que ha sido hasta ahora, como responsable de la política antiterrorista del presidente, el encargado de elaborar las listas de ejecuciones selectivas –conocidas como “listas de la muerte”- que Obama, posteriormente aprobaba, se verá obligado a dar más detalles sobre esa práctica en su intervención ante el Senado.

El uso de los drones para diezmar a Al Qaeda en Afganistán, Pakistán y Yemen ha sido la base fundamental de la estrategia antiterrorista de Obama desde que llegó a la Casa Blanca. Durante todo este tiempo, aunque se han producido críticas aisladas de parte de grupos de derechos humanos y juristas, no ha existido una verdadera presión sobre el presidente para dar explicaciones al respecto.

El portavoz de la Casa Blanca ha sostenido que “el presidente tiene mucho cuidado de que todas sus medidas antiterroristas sean conformes con la Constitución y las leyes”

Esa aceptación pasiva de una política que desafía a la lógica del estado de derecho ha empezado a desaparecer. Obama se enfrenta por primera vez públicamente a la contradicción de que un presidente que prohibió la tortura, las detenciones forzosas y las cárceles secretas y que criticó el uso de esos métodos durante la anterior Administración, defienda ahora las muertes de personas, incluidos norteamericanos, sin acusación ni juicio previo.

El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, ha sostenido, sin mayor argumentación, que “el presidente tiene mucho cuidado de que todas sus medidas antiterroristas sean conformes con la Constitución y las leyes”. Pero esa es una explicación insuficiente a estas alturas del debate.

La razón más sencilla para el uso de los drones es de carácter práctico. EE UU ha encontrado un método eficaz, discreto y seguro de hacerle daño a Al Qaeda. Después de haber librado dos guerras que exigieron la movilización de cientos de miles de soldados y el gasto de cientos de miles de millones de dólares y que costaron un descrédito enorme de la imagen de este país, Obama recurrió a los drones como la mejor alternativa. Su uso creció exponencialmente a partir de 2009 y, aunque ha bajado en el último año, es, en este momento, la principal herramienta de intervención exterior de EE UU. Al ser utilizados por la CIA –aunque también por el Pentágono-, su despliegue queda, además, protegido por el manto oficial que cubre las actividades secretas.

Es difícil que esta situación pueda continuar sin cambio y es improbable que Obama no se vea obligado a dar explicaciones públicas pronto. En las pasadas semanas, anticipándose a lo que está ocurriendo, la Casa Blanca ordenó una guía de actuación para los drones y este miércoles dio orden al Departamento de Justicia para que se las entregue a los miembros de las Comisiones de Inteligencia del Congreso. Aún no se conoce cuáles son los límites establecidos y las garantías que se tendrán en cuenta.