Los jueces desafían a Morsi y le instan a retirar su ‘decretazo’

Esta vez, el presidente Mohamed Morsi no lo tendrá fácil para salirse con la suya en el último órdago de su agitada presidencia. Su declaración presidencial del pasado jueves desató una fuerte ola de críticas no solo entre la oposición laica, sino también entre diversos estamentos de la sociedad egipcia, sobre todo el Poder Judicial.

En una reunión de urgencia, el Club de Jueces —la asociación de la magistratura egipcia— condenó el decreto como un “ataque sin precedentes” a la independencia judicial, y le ha instado a retirarlo. Además, los tribunales de Alejandría y otras dos provincias se han declarado en huelga indefinida, y un número creciente de fiscales han presentado su dimisión. Si la rebelión de los jueces va escalando durante las próximas horas, todo el sistema judicial del país puede quedar paralizado, situando al rais ante una difícil tesitura.

La reacción de la judicatura era de esperar, ya que sobre todo contra ella va dirigida la declaración constitucional de Morsi. De acuerdo con el decreto, la justicia no podrá fiscalizar ninguna de sus decisiones, ni tampoco disolver la controvertida Asamblea Constituyente. Ahora bien, el presidente, que también cuenta con el poder legislativo desde la disolución del Parlamento en junio, asegura que solo ostentará estos poderes excepcionales de forma interina, hasta que se apruebe la nueva Constitución.

El conflicto entre islamistas y jueces es de largo recorrido, pues se inició el pasado abril con la disolución de la Asamblea Constituyente que, como el Parlamento, estaba dominada por las corrientes islamistas. El legislativo volvió a escoger de forma inmediata un nuevo comité un poco más equilibrado, pero aún con una clara mayoría de los Hermanos Musulmanes y grupos salafistas. Ante la posibilidad de que la Asamblea, que está terminando su labor, sea disuelta de nuevo por el Tribunal Constitucional, Morsi establece en su decretazo su inmunidad.

Esta es quizás la provisión que más ha soliviantado a los activistas revolucionarios y a los partidos de la oposición laica, que solicitan la formación de una Asamblea Constituyente más plural. Tras reunir a miles de personas en Tahrir el viernes, varias organizaciones decidieron iniciar una sentada en la mítica plaza. Durante el día de ayer, hubo nuevos enfrentamientos entre los activistas y las fuerzas policiales, pero de menor intensidad que el día anterior. La oposición está dispuesta a mantener su pulso con Morsi, y ha organizado una nueva manifestación masiva para el próximo martes.

“El decretazo de Morsi pone en peligro el proceso de transición a la democracia, y muestra la tendencia autoritaria de los islamistas”, explica el analista político Jaled Dawud, de tendencia laica. Sin embargo, los líderes de la Hermandad niegan que Morsi quiera convertirse en un “nuevo faraón”, y aseguran que su acción es necesaria para acelerar las reformas y neutralizar la obstrucción de los elementos contrarrevolucionarios presentes en la judicatura.

En un discurso frente a miles de seguidores, el propio Morsi justificó sus acciones en su voluntad de cumplir con los objetivos de la revolución. Entre ellos, el juicio a los responsables de la muerte de más de 800 personas durante la revuelta. Hasta ahora, la mayoría han sido absueltos por falta de pruebas, algo que muchos atribuyen a que el poder judicial está plagado de fieles a Mubarak.

Ante la falta de encuestas fiables, es imposible saber si en su último pulso Morsi cuenta con el favor de la mayoría de la población. Lo único claro es que el país se encuentra altamente polarizado. De ahí, la importancia de las exhibiciones de fuerza en la calle y la convocatoria de los Hermanos Musulmanes a una jornada de movilizaciones de apoyo a Morsi, también el próximo martes.

Según algunos analistas, el rais podría haber sobrevalorado su fuerza. “Este podría ser un movimiento ganador si lo hiciera un líder abrumadoramente popular, pero va demasiado lejos para alguien elegido por solo un 51% del electorado”, sostiene el bloguero Issander Amrani. En parte, el fracaso de Morsi dependerá de la capacidad de unirse por parte de los diversos actores políticos y sociales hostiles al Gobierno de la Hermandad.

En esta partida, también Occidente dispone una mano de cartas. Probablemente, no es casualidad que los dos órdagos de mayor envergadura que ha lanzado Morsi hayan llegado menos de 24 horas después de haber recibido los parabienes de la secretaria de Estado, Hillary Clinton. En esta ocasión, por su actuación como mediador en la crisis de Gaza.

Ahora bien, el presidente podría haber cometido un error de cálculo. Mientras en sus anteriores desafíos, dirigidos contra la Junta Militar, guardaron un silencia cómplice, esta vez han hecho oír sus recelos. En un comunicado, el Departamento de Estado se mostró “preocupado” por la decisión de Morsi, y la UE le instó a “respetar los procesos democráticos”. Por su parte, el comisionado de Derechos Humanos de la ONU alertó de las “serias consecuencias” que puede tener el decretazo de Morsi para el Estado de derecho en Egipto.

Sin embargo, Morsi ha demostrado hasta ahora que es capaz también de ceder cuando descubre que sus más arriesgadas apuestas despiertan gran rechazo. Por ejemplo, esta fue su actitud después de fracasar en su intento de restituir el Parlamento tan solo una semana después de su investidura. El Tribunal Constitucional anuló su decisión, desafiando abiertamente sus órdenes. Contrariamente a las voces dentro de su partido que le animaban a escalar el conflicto, Morsi se echó atrás y aceptó la disolución del legislativo y la convocatoria de nuevas elecciones tras la aprobación de la nueva Constitución.

Como en las anteriores, esta última crisis política en la azarosa transición egipcia deriva de la incapacidad de los líderes políticos y los diversos centros de poder de pactar las líneas maestras de una hoja de ruta, unas reglas de juego aceptadas por todos los sectores sociales.

En muchos casos, como las discrepancias sobre la composición de la Asamblea Constituyente, los litigios políticos no resueltos han sido trasladados a los tribunales del país, provocando una politización de la justicia.