El decretazo de Morsi incendia Tahrir

En las calles de El Cairo y otras ciudades egipcias el viernes volvió a retumbar con fuerza el grito que derrocó al dictador Hosni Mubarak: “¡El pueblo quiere la caída del régimen!”. Esta vez el destinatario es Mohamed Morsi, el presidente islamista elegido en las urnas el pasado mes de junio. El Egipto laico teme que Morsi se eternice en el poder, después de que el jueves firmara una declaración constitucional que le sitúa por encima de la ley.

El “decretazo” de Morsi ha vuelto a tensar la inflamable escena política egipcia, alargando la fosa que separa islamistas y laicos. Egipto es hoy un país partido en dos. En varias localidades de la geografía egipcia hubo enfrentamientos violentos entre seguidores y detractores de Morsi. En al menos tres ciudades, Alejandría, Port Said e Ismailiya, manifestantes airados incendiaron sedes de los Hermanos Musulmanes, el partido del presidente.

A primera hora de la tarde, el “rais” se dirigió a sus seguidores, y a toda la nación gracias a la cobertura de la televisión pública, desde una tarima en la que había una gran foto suya. La cofradía domina las herramientas del márketing político. “El antiguo régimen está pagando para que ataquen edificios gubernamentales y siembre el caos”, proclamó un desafiante Morsi, que aseguró aceptar la importancia del rol de la oposición “verdadera”.

"No me gusta ni quiero utilizar procedimientos excepcionales, pero si veo que mi país está en peligro lo haré, porque es mi deber", añadió Morsi, justificando su decreto con argumentos como la búsqueda de la estabilidad y la purga de los elementos contrarrevolucionarios en el poder judicial. Morsi dice ser el guardián de la revolución que destronó a Mubarak, que aspira a asegurar la viabilidad política de la maltrecha transición egipcia. La profunda división del país, sostiene, podría terminar por paralizar por completo el salto a la plena democracia. Por eso, aclara, ha necesitado recurrir a la batería de medidas excepcionales que han incendiado el país. El principal blanco del decretazo de Morsi ha sido el sistema judicial, el mismo que disolvió el Parlamento que dominan los islamistas y que acumula jueces de la era Mubarak, aún fieles a la herencia del dictador.

En la capital, los principales líderes de la oposición, como el premio Nobel de la Paz, Mohamed El Baradei, y Hamdin Sabahi, el aspirante que finalizó las presidenciales en tercer lugar, participaron en las manifestaciones. Al caer la noche, la plaza Tahrir volvió a vivir unas escenas de batallas callejeras ya habituales: estampidas continuas, e intercambio de piedras y gases lacrimógenos entre policía y jóvenes activistas.

“Los Hermanos Musulmanes pretenden apropiarse de todos los resortes del Estado, y convertirlo en un Egipto teocrático. No lo vamos a permitir. No hicimos la revolución para esto”, afirma un estudiante que se protege de los gases lacrimógenos con un pañuelo palestino. El Baradei, fundador del nuevo partido Constitución, calificó a Morsi de “nuevo faraón. “Ha usurpado todo el poder estatal: un golpe duro a la revolución que puede tener serias consecuencias”, escribió el ex diplomático en su cuenta de Twitter. Algunos profesores de derecho constitucional no han dudado a calificar el movimiento de “golpe de Estado”.

En cambio, las formaciones islamistas, tanto los salafistas como el brazo político de los Hermanos Musulmanes, han salido en defensa del presidente. Varios miles de islamistas se congregaron frente a las puertas del palacio presidencial para expresar su apoyo al presidente.

Hasta ayer, Morsi poseía el control del poder Ejecutivo, el Legislativo, y de la Asamblea Constituyente. Después de relevar a la cúpula del ejército en agosto, la única institución hostil era el poder judicial. Por eso, con la nueva declaración constitucional, somete el poder judicial a su autoridad, minando el pilar central del débil Estado de Derecho del Egipto posrevolucionario. De acuerdo con el texto, ninguna de las decisiones, decretos o leyes aprobados por Morsi desde su investidura podrán ser revocados por otra institución del Estado, incluido el poder judicial. Ni siquiera Mubarak consiguió tal posición de preeminencia desde el punto de vista legal.

Además, el líder islamista blinda la Asamblea Constituyente y la Cámara alta, ambas amenazadas de disolución por sendas demandas que está estudiando el Tribunal Constitucional. La Asamblea se encuentra ante una grave crisis, tras la reciente retirada de los partidos laicos como protesta por el rodillo que aplica la mayoría islamista. La declaración constitucional amplía en dos meses el plazo para redactar la nueva Carta Magna, y que debía terminar a principios de diciembre.

En un guiño que no parece haber apaciguado los ánimos de los revolucionarios, el decreto ordena reabrir todos aquellos juicios sobre los asesinatos y abusos cometidos durante los 18 días de la revolución egipcia que resultaron en las absoluciones de los acusados. La medida incluso afectaría a Hosni Mubarak y su ex ministro de Interior, Habib el-Adly, los únicos cabezas de turco condenados hasta ahora por la represión de los manifestantes durante la revolución.